La productora Andalucía Digital Multimedia (ADM), una empresa semipública, copropiedad del Gobierno de Juanma Moreno y asociada a la RTVA, maniobró para sortear la Ley de Igualdad un mes antes de que su CEO, Gustavo Fuentes, fuera denunciado por agresión sexual y acoso a una reportera.
Fuentes está imputado por delitos sexuales por un juez de Violencia de Género desde el 25 de marzo y fue cesado de todos sus cargos cuando elDiario.es lo hizo público, el pasado 9 de junio. Pero la Junta de Andalucía no ha aclarado aún desde cuándo lo sabía y por qué, como accionista mayoritaria de la principal productora de Canal Sur, no pidió su destitución antes.
El consejero de Presidencia, Antonio Sanz, ha pasado de presentarse junto a Gustavo Fuentes en todos los eventos públicos de la productora -y de asistir a sus fiestas privadas- a eludir cualquier tipo de explicación. Y el consejero de Industria, Jorge Paradela, responsable de la empresa pública Sandetel (accionista mayoritario de ADM), ha puesto el acento en que la denuncia penal de la reportera “no estuvo anticipada por ningún procedimiento previo, a través de los canales de comunicación interna de ADM”.
Lo cierto es que la empresa no tenía actualizados ni aprobados esos procedimientos internos contra el acoso sexual un mes antes de que la reportera acudiese a denunciar a su jefe en los tribunales, según consta en el II Plan de Igualdad de la productora, al que ha tenido acceso este periódico.
