En primer debate, el Concejo Municipal de Guayaquil trató la ordenanza que modifica las tarifas del transporte urbano de Guayaquil, dependiendo del cumplimiento de condiciones técnicas por parte del gremio.En un amplio debate, concejales expusieron sus posiciones respecto a la normativa que motiva implementaciones técnicas para un eventual ajuste del valor del pasaje. Hubo aprobación por mayoría, con dos votos en contra de Nelly Pullas y Cinthia García y una abstención de Ana Chóez.PublicidadLa propuesta plantea que el pasaje pase de $ 0,30 a $ 0,40 y finalmente a $ 0,50, dependiendo de requisitos técnicos y modernización del sistema de transporte.Terry Álvarez, concejal, mocionó este punto para tratarse en primer debate.El concejal dijo que resulta indispensable impulsar una modernización del servicio. Esta ordenanza, apuntó, presenta un paso importante y que un incremento debe ir a la par de mejoras concretas para quienes usan el transporte.PublicidadPublicidadEn el proyecto, aclaró que se plantea que la tarifa de $ 0,30 se mantiene para los usuarios y no habrá alza de tarifa sin mejora del servicio actual.Además se crea un mecanismo de compensación por 180 días para garantizar la sostenibilidad del servicio a los ciudadanos y se abre un camino para proteger a los usuarios vulnerables, enfatizó.Además, se tendrán tarifas preferenciales, control de flota, así como fortalecer mecanismos de control e incorporar tecnología.Condiciones técnicas para el incremento del pasajeEn este punto, Blanca López, edil, respaldó la moción. Indicó que en años recientes se han liberado subsidios de combustibles que han derivado en problemas para las operaciones de los transportistas.Aclaró que esta ordenanza no establece un incremento inmediato de tarifas, siendo la base $ 0,30.“Buscamos incorporar mecanismos que nos permitan modernizar el sistema de servicio urbano de Guayaquil”, dijo e indicó que se darán condiciones técnicas para cualquier eventual ajuste de la tarifa.PublicidadLa gente no va a pagar más por el mismo servicio, enfatizó.Expresó que entre las condiciones técnicas para un eventual ajuste se tendrán que realizar mejoras en la carrocería, sistema de monitoreo por GPS, integración progresiva con el sistema Metrovía, accesibilidad para grupos prioritarios, cumplimiento de frecuencias y recorridos.Actualmente, según ella, menos del 40 % no ha hecho su revisión técnica en el cantón. Este proyecto, dijo, exigiría que las unidades cumplan el trámite en la localidad donde circulan.Esta ordenanza va a fortalecer los mecanismos de control de la ATM, manifestó. Además, apuntó que en anteriores administraciones “no había interés” de buscar mejoras en el servicio.Al igual que otros concejales, ella dijo que se mantendrá vigilante del cumplimiento de las normativas y condiciones dispuestas para el transporte público. “El objetivo es modernizar el transporte en Guayaquil, sí es posible que el transporte sea más digno”, expuso.Juana Montero, edil, expresó que, a base de los informes técnicos, el incremento progresivo es una medida justa y equilibrada.Cinthia García, edil, dijo que esta medida impacta en la vida de los ciudadanos, por lo que expresó su negativa a la propuesta.Recordó que ha habido incrementos de valores operativos, sin embargo, también los ciudadanos tienen problemas de falta de empleo y poder adquisitivo.Dijo que los problemas del Gobierno central no se deben trasladar a los usuarios. “¿Quién debe asumir el costo de esta crisis?”, cuestionó ella.García recordó que los valores dados por ATM significan algo que dejará de hacer esa entidad para cubrir las compensaciones. Mencionó que cuidado se hará una “oleada de multas” para cubrir ese rubro.Por su parte, Shirley Aldaz, concejal, mostró su apoyo a los transportistas por tener la responsabilidad de llevar al usuario a su destino y que su esfuerzo es un motor que mueve a la ciudad.Dijo que no se mete la mano al bolsillo al local sino que se busca una alternativa para ambas partes.Ana Chóez, concejal, expuso algunas observaciones referentes a la ordenanza, como lo que sucederá después de los 180 días de compensación para el sector transportista y el origen de los recursos para dar $ 1.134 por cada unidad.Para ella, el proyecto es incompleto y no guarda congruencia con la realidad entre choferes y usuarios. Por ello, se abstuvo en su votación.“¿Desaparece la compensación, la asume el usuario con una tarifa mayor? ¿La absorbe el Municipio poniendo fondos? Eso no está, no se explica”, dijo y agregó que establecer una ordenanza incompleta genera inseguridad jurídica para conocer las consecuencias futuras.Dijo que aprobar un gasto sin conocer de dónde proviene el recurso, según ella, no se puede avalar y además que no hay garantías reales de que las unidades estarán mejor y que esto se vaya a cumplir, que según ella, ocurrió con unidades de Metrovía para subir a $ 0,45 y una tarifa social para mantener el valor $ 0,30.Nelly Pullas, concejal, dijo que esta ordenanza tiene aspectos positivos como el establecimiento del sistema de recaudo y la caja común para generar información y datos precisos ante un eventual subsidio, además de evitar la evasión y promover una formalización de la operación, además de participación ciudadana para emitir denuncias con la debida regulación.A nivel general, expuso que los choferes gastan $ 90 en combustible, con base en los análisis técnicos. Ese valor supera el 60 % de los costos operativos y de mantenimiento.A nivel general, dijo que se debe atender el problema de fondo con ese rubro. Consideró que el problema de fondo no está en la solución a nivel local sino que se deben resolver a nivel gubernamental, con subsidios focalizados. A ello le sumó problemas delictivos que no dan garantías para que la ciudadanía se transporte y también en los recorridos de usuarios.Por otra parte, Soledad Diab, concejal, se dirigió a las concejalas García, Chóez y Pullas y les dijo que la tarifa se mantiene congelada hasta que se cumplan las mejoras.Dijo que oponerse a esta ordenanza con discursos alarmistas “no es defender al pueblo sino mentirle”. Hubo cruces de pronunciamientos con García.Alfredo Bautista, concejal, ratificó que la compensación buscará que se mejoren las unidades y el servicio para los usuarios. Expuso que los ciudadanos están de acuerdo en pagar un poco más conforme se den implementaciones en las unidades.Por ello, dijo que se desembolsará aproximadamente $ 13,5 millones para el periodo de compensación durante seis meses por parte de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), para que se den los respectivos controles. “Los fondos sí existen”, afirmó.En ese lapso, los choferes deberán cumplir requisitos técnicos para un eventual ajuste de la tarifa con la debida revisión de la ATM, dijo.Arturo Escala, edil, también defendió que la tarifa se mantiene en $ 0,30. Enfatizó que la culpa no es del pueblo ni del Municipio sino de los ajustes dictados por el Gobierno.“Vamos a darle compensación hasta que pasen las elecciones para que el Gobierno sea feliz”, dijo Escala.Emily Vera, edil, expuso que esta ordenanza busca implementar un nuevo modelo de gestión para mejorar el servicio.Recordó que la focalización del subsidio a los combustibles es una política del Gobierno nacional y que los concejales opositores —para ella— deberían haber reclamado cuando se eliminaron.Apuntó que en caso de incumplimiento de los ítems, como el sistema único de recaudo, se quitará el permiso de operación. “Seremos vigilantes de este proceso, no dejaremos en indefensión a los guayaquileños”, dijo.Aclaraciones y cierre del debateManuel Romero, edil, dijo que la compensación se dará una vez que los transportistas den los respaldos del caso, como facturas de combustible. Fabián Espín, concejal, dijo que este problema no fue tomado en cuenta por administraciones anteriores y ahora esta administración ha tomado “el toro por los cuernos” para transformar esta situación en la posibilidad de mejoras del transporte público.Por ello, dijo que esa decisión busca ir en pro de las grandes mayorías y no de un grupo en particular. Entre varios concejales coincidieron que la ordenanza da el poder a los ciudadanos para emitir denuncias para el control de las unidades y el cumplimiento técnico que deben realizarse en las mismas.La alcaldesa subrogante Tatiana Coronel dijo que el sistema de transporte tiene problemas acumulados, con flota deteriorada y un crecimiento de parque automotor que no se ha visto compensado con oferta igual del servicio de transporte público.Dijo que se han dado fallas de administraciones anteriores para dar buenas condiciones de servicio público y que corresponde al Municipio tomar decisiones que no son fáciles .Hace diez años no se tomaban las decisiones que podrían ser impopulares. “Ya es hora de que se dignifique el transporte público en Guayaquil”, dijo.Apuntó que ninguna operadora podrá acceder a nuevas tarifas sin demostrar de manera concreta de una mejora de calidad.Apuntó que los costos no se trasladan a los usuarios mientras los choferes realizan labores para cumplir las condiciones técnicas en sus unidades.“Es el momento de tomar decisiones, estamos dando el primer paso, las mejoras van a ser progresivas”, detallo.ATM defiende compensaciónEl gerente de ATM, Édgar Lupera, respondió algunas dudas y dio detalles de la ordenanza. Dijo que la ATM va a asumir los costos de operación a través de la compensación estipulada en el artículo 16 del proyecto. Después de los seis meses de compensación, dijo que no subirá el pasaje para personas con ingresos de hasta $ 690, como ocurrió en la Metrovía.“Tenemos encuestas que más de 70 % está de acuerdo que se actualice la tarifa porque requieren un mejor servicio... no hay incremento de pasaje, lo que hay es una mejora de servicio”, dijo.Advirtió que en caso de incumplimiento de los choferes se levantará el permiso de operación. (I)