En un momento en el que el debate sobre una posible prohibición del partido de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD) no avanza, entre otras cosas, por el temor a fracasar ante los tribunales, la ONG Sociedad para los Derechos de Libertad (GFF, por sus siglas en alemán) analizó durante más de un año casi tres millones de publicaciones en redes sociales, 77.000 documentos parlamentarios y 55.000 comunicados de prensa y llegó a la conclusión de que el partido viola el principio de democracia y la dignidad humana, al mismo tiempo que destacó el carácter racista del programa político de esa formación. “Con un equipo de ocho expertos, y en base a más de 2.500 pruebas, se llegó a la conclusión inequívoca de que AfD es inconstitucional”, ha declarado el director jurídico de GFF y responsable del informe pericial, Bijan Moini, durante la presentación del informe este jueves en Berlín, a cuya conclusión llegaron de manera unánime. “AfD es inconstitucional en el sentido del artículo 21, apartado 2, de la Ley Fundamental. Esto significa que, en nuestra opinión, una solicitud de prohibición admisible probablemente tendría éxito”.Como ha señalado el experto, para determinar la inconstitucionalidad, es decisivo ver si un partido se opone a uno de los tres rasgos esenciales del orden liberal democrático. Estos son la dignidad humana, el principio democrático y el principio del Estado de derecho. “El Tribunal Constitucional de Alemania ha dejado claro que, si un partido se opone a uno de estos principios, se opone al orden liberal democrático en su conjunto”.Se trata del primer informe exhaustivo sobre la inconstitucionalidad de AfD y como apuntaron sus responsables, “mejora notablemente la base para el debate sobre su prohibición”. “Si los objetivos del partido se hicieran realidad, las consecuencias serían de gran alcance: la competencia democrática se vería considerablemente mermada y cabría esperar violaciones sistemáticas de la dignidad humana”, alertaron. Este análisis es solo el primer paso. La inconstitucionalidad debe ser declarada por el Tribunal Constitucional Federal a petición del Bundestag, del Bundesrat o del Gobierno federal. “Esto ocurre cuando un partido, por sus objetivos o por el comportamiento de sus seguidores, tiene como finalidad eliminar o menoscabar el orden liberal democrático”, declaró Dana-Sophia Valentiner., miembro de la junta directiva de la GFF.