El Gobierno y sus socios han mostrado su descontento y preocupación con la filtración de las conversaciones entre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y su secretaria, además del contenido detallado de sus agendas, donde se difunden detalles de carácter personal ajenos a la causa que se investiga. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha señalado en declaraciones desde el Congreso que en esa filtración aparecen las “claves de alguno de sus correos electrónicos, cuentas bancarias y dirección”. “Nos parece de una extrema gravedad”, ha denunciado. La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, ha pedido “respeto a los principios de nuestro ordenamiento jurídico” en lo que se refiere a la “privacidad de las personas”, según ha defendido en declaraciones a los medios en La Rábida (Huelva). El juez José Luis Calama, instructor de la Audiencia Nacional, ha ordenado ahora indagar sobre dichas filtraciones “e identificar a sus responsables ante su eventual carácter delictivo” y el expresidente ha pedido al juez que declare la “nulidad general” de la investigación y que excluya del procedimiento “todas las evidencias obtenidas”.Puente ha señalado que en esta filtración “aparecen cenas privadas” que mantuvo con su mujer y con Zapatero y su esposa. “No sé qué interés puede tener para el público”, ha criticado, además de cuestionar la relevancia que puede tener que “el señor Zapatero se haga las cejas”.El portavoz adjunto de Sumar, Alberto Ibáñez, también ha denunciado la “gravedad” de que se den a conocer mensajes de carácter personal, que no tienen “relevancia penal y política”. “A nadie le importa si vas a la peluquería o no, si comes con un periodista o no. Esto es grave y daña la democracia”, ha afirmado en los pasillos de la Cámara baja después de reiterar que el expresidente debe dar explicaciones. También a su salida del hemiciclo, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha manifestado que le parece “una barbaridad” la filtración de datos personales en la agenda del exdirigente, una práctica que ocurre “desde hace ya muchísimo tiempo” en España sin que “pase nada”. “Si algún día voy a juicio por lo que sea, sé perfectamente que se va a filtrar en algún digital de derechas”, ha concluido.Fuentes del Gobierno han expresado su preocupación por la “creciente frecuencia” en la que se producen filtraciones de información que “no guarda relación con las investigaciones y que vulnera la privacidad y los derechos de las personas afectadas”. “Los derechos fundamentales no son negociables. Tenemos la obligación de proteger su núcleo esencial, y muy especialmente el derecho a la intimidad y a la privacidad de los ciudadanos”, argumentan desde el Ejecutivo, que considera que el “respeto a los derechos fundamentales debería ser también considerado prioritario por las partes representadas en un procedimiento judicial”.La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, no ha entrado a valorar la filtración de los datos del expresidente y se ha limitado al argumento de que “forman parte de una investigación y de un informe de la UDEF”. “Por tanto, lo que importa es lo que piense el juez sobre esos mensajes y esos pagos”, ha concluido.