El ejercicio de cualquier poder público debe estar sometido a crítica por principio. En otro caso, pronto incurrirá en exceso. Es una ley de la física del comportamiento humano que aparece contrastada por la experiencia diaria en cualquier colectivo, desde el más simple, de dos elementos, la pareja, hasta el más complejo, 49,7 millones de habitantes censados en España, según la última estimación. La historia de la humanidad acredita que toda forma de poder tiende a expandirse. Es imprescindible el establecimiento de eficaces controles. Tanto más desarrollado y culto es un pueblo cuanto mejores y más eficaces medios de control del poder en todas sus expresiones aparezca integrado en la educación y los hábitos de sus ciudadanos.Habría que empezar con una aclaración cada día más necesaria:” los jueces”, como colectivo, no constituyen un poder legítimo del Estado en ningún ordenamiento jurídico del mundo moderno. Desde que el rey absoluto perdió la potestad de juzgar y de dictar leyes, conforme a un modelo de control conocido como el principio de separación de poderes, el poder judicial fue atribuido y corresponde ejercer a cada juez, sobre cada litigio del que resulta competente para conocer. Eso es lo que significa que el poder judicial es un poder difuso, repartido, atribuido a cada juez. Un solo juez, uno solo, tiene poder para dejar sin efecto un acto del poder ejecutivo e incluso provocar del Tribunal Constitucional o del Tribunal Europeo de Justicia un pronunciamiento sobre la constitucionalidad o la adecuación al derecho comunitario de una ley. Un solo juez puede cuestionar un acto del poder legislativo. Sin embargo, ningún miembro del poder ejecutivo o del poder legislativo, por sí solo, puede dictar un acto administrativo ni promulgar una ley. Porque el poder ejecutivo y el legislativo corresponden a personas integradas en órganos colectivos, un departamento, un ministerio, un gobierno o una cámara legislativa. Por idéntica razón “los jueces” como colectivo no tienen ningún poder, no son un poder del Estado; como colectivo, “los jueces” no pueden hacer nada.La crítica al poder judicial legítimo, al que ejercen diariamente cada uno de los jueces en órganos unipersonales o en tribunales colegiados al dictar sentencia, comienza con el recurso que permite a las partes del pleito solicitar a otros jueces de rango y autoridad superior revisar la corrección de la decisión. Pero además de esa crítica interna, tiene que ser posible en el ejercicio de los derechos fundamentales a la libertad de pensamiento y de expresión la crítica externa, pública, expuesta con el mayor o menor acierto, con cualquier grado de acidez o agresividad, incluyendo lo grosero, impertinente o desabrido. No solo porque es un modo de control del poder irrenunciable, sino porque la formación de la opinión pública bajo criterios de máxima vigencia de esos derechos fundamentales es el presupuesto de un sistema democrático basado en ciudadanos que votan viendo, escuchando y leyendo todas las voces, incluso las equivocadas, estrafalarias o maleducadas. Si un ciudadano o un colectivo dice públicamente, por ejemplo, que una resolución judicial es un disparate, no solo que no menoscaba ningún principio, ni infringe ninguna ley, sino que ejerce su derecho a la libertad de expresión, controla un poder del Estado y refuerza el sistema jurídico sobre el que se sostiene nuestra convivencia en paz. Si ese ciudadano ocupa un escaño en el Parlamento, su derecho a la libertad de expresión está todavía más reforzado porque representa a los ciudadanos que le han votado y, sobre todo, pueden dejar de votarle. Si es funcionario o ejerce un cargo público, es decir, en cualquiera de sus modalidades es parte del poder ejecutivo, no por ello pierde o ve limitados sus derechos fundamentales y entre ellos, el de la libertad de pensamiento y de expresión. Incluso algunos jueces convertidos en tertulianos reclaman, con toda la razón, su libertad de pensamiento y expresión en sus intervenciones en la plaza pública de los medios de comunicación y las redes sociales.En mi opinión, es indiscutible que todas las resoluciones judiciales pueden ser sometidas a la crítica pública, incluida la manifiestamente infundada o irrespetuosa. Como sabiamente enseña la jurisprudencia norteamericana, el ejercicio incurriendo en abuso de los derechos esenciales debe ser soportado para asegurar su vigencia efectiva.Frente a la anterior conclusión podría aparecer la siguiente objeción: una cosa es criticar una resolución y otra criticar “a los jueces”. Y entonces entramos en otra pantalla que nos ofrece ocasión de nuevas e interesantes reflexiones.La primera es que “los jueces” no son un poder legítimo en nuestro sistema constitucional ni en ninguno de los sistemas constitucionales modernos. Esta es la primera crítica que merecerían aquellos que se pronuncien como si fueran, o se consideraran como poder colectivo y en tal condición como un poder del Estado. Es frecuente esta profunda perversión del ejercicio de ese poder en estos días. Hemos oído expresiones como “los jueces no nos vamos a dejar intimidar” u otras similares como “¿se creen que van a poder con los jueces y la Guardia Civil?”. Esas manifiestaciones apuntan a un entendimiento personalista y equivocado de la naturaleza y los límites de su poder. El juez solo ejerce un poder legítimo en el dictado de sus sentencias, pero cuando pretende hablar como juez miembro de un poder colectivo en televisión hace un ejercicio ilegítimo y desviado de su poder. Por eso merece la crítica más simple y más severa: usted no es juez en este momento y debiera saberlo, los jueces como colectivo no son un poder legítimo en nuestro ordenamiento jurídico. Diga lo que quiera, pero acuérdese que lo hace como ciudadano, no como juez.La segunda reflexión es que, como colectivo, los jueces sí son un servicio público y en ese sentido pueden someterse a crítica sobre su mejor o peor funcionamiento. Esta es otra faceta completamente distinta y merece ser diferenciada: hablamos ya de la oficina judicial, no del poder de decidir. Si a un ciudadano lo atienden mal en un juzgado y así lo manifiesta públicamente, lo que critica es un servicio público deficiente, pero no propiamente al poder judicial. Precisamente, en este sentido del poder judicial como servicio público, cuando el juez es ya un funcionario público que sirve a la ciudadanía, tienen sentido las asociaciones profesionales que les permiten como colectivo, reclamar la mejora en sus condiciones de trabajo, de sus instalaciones, el personal auxiliar o sus retribuciones. El problema nace cuando situándose claramente fuera de este ámbito funcionarial o de servicio público, las asociaciones judiciales se erigen en portavoces, no de reclamaciones “domésticas” propias del servicio público, sino de ese “poder judicial”, incurriendo ya en el abuso consistente en la pretensión del ejercicio de un poder judicial colectivo, es decir, ilegítimo.En España las asociaciones profesionales en general se han ocupado muy poco de las condiciones de trabajo de sus asociados, paulatinamente peores hasta llegar al estado lamentable de la actualidad. Es obligado expresar como merecida crítica a esas asociaciones, lideradas por jueces y fiscales que querían ser ministros antes que buenos jueces y fiscales, que en los últimos tiempos siguen más en el debate político que en el profesional, para desgracia de sus afiliados. Una reflexión final. El repaso de los comunicados emitidos desde su creación en 1985 por el Consejo General del Poder Judicial, como reacción a manifestaciones críticas más o menos desacertadas o desabridas o irrespetuosas contra algún juez o tribunal, permite comprobar la recurrente referencia a la necesidad de asegurar la confianza de los ciudadanos en los jueces, como presupuesto necesario de una sociedad democrática. Mi experiencia, después de más de treinta años con la toga puesta, es que la confianza de los ciudadanos se gana o se pierde en el día a día de cada juzgado, no en la crítica, por más desafortunada y procaz que sea, propia del debate político de cada día.Una persona muy cercana a Adolfo Suárez me contaba que, cuando su mente iba adentrándose en la pesada niebla que le fue alejando de la realidad en los últimos años, de vez en cuando parecía recobrar súbitamente una extraña lucidez. Un día le miró y le dijo “se han quedado fuera del sistema”. Cuando le preguntó a qué se refería le aclaró: “Los jueces y los periodistas se han quedado fuera del sistema, no admiten la crítica”.