Cristina Vallejo (Barcelona, 50 años) cumple su primer año como decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) y saca pecho del recorrido efectuado. Pregunta. ¿Qué ha cambiado en el Colegio de la Abogacía en el último año?Respuesta. Pues bastantes cosas. Hemos completado la mitad de nuestro plan estratégico. Quizás de lo que nos sentimos más orgullosos es de la dignificación del turno de oficio, con un acuerdo para recuperar el poder adquisitivo de los abogados que cubren ese servicio desde 2011, estimado en un 31%. Además, hemos impulsado el proyecto 12 Congresos, 12 Causas, en el que vinculamos los principales congresos que organizamos con entidades sociales.P. ¿Qué valoración hace del plan contra la multirreincidencia?R. Los datos son buenos. El problema es que avanzamos poco a poco, porque a la que los juzgados de refuerzo completan su agenda, volvemos otra vez a que los delitos leves se señalen a un año vista. Empieza a dar sus frutos, pero para que funcione y sea efectiva tiene que tener recursos económicos. Es una prueba de que cuando hay un problema para la ciudadanía, como era la seguridad ciudadana, todos los partidos dejan de lado la ideología y se ponen de acuerdo y ponen recursos.P. Cataluña espera 180 nuevos jueces. ¿Cómo se puede acelerar?R. La convocatoria [para toda España] se acaba de publicar, son 700 jueces, y tras el proceso puede ser que se incorporen en diciembre de 2028, aproximadamente. Pero el problema lo tenemos ahora, por lo que necesitamos una reforma legislativa para ganar seis meses en la formación y en los exámenes y se pueda condensar todo el calendario. Si en vez de diciembre de 2028 los podemos tener en julio, pues eso que ganamos. Además, cuando lleguen los jueces previstos, tendremos que cubrir las jubilaciones. En Alemania tienen 20 jueces por cada 100.000 habitantes, en España son 12.P. Cataluña es incapaz de fijar jueces en su territorio, un problema adicional al déficit sistémico…R. Tenemos que motivar. No solo económicamente, con algún objetivo. P. ¿Por qué no se hace usted jueza?R. Estudié para serlo y no descarto jubilarme como jueza.P. La Escuela Judicial es una cantera, pero el Colegio de la Abogacía también puede serlo.R. Si nos ayuda el poder legislativo, el Departamento y el Ministerio de Justicia, lo haremos. Que la carrera profesional puntúe de forma digna: no puede ser que se valore igual 15 años de ejercicio profesional que un máster.P. ¿La cuestión salarial pesa?R. Quien trabaja por cuenta ajena tendría mejores condiciones en la carrera jurisdiccional. Si tienes un despacho propio, probablemente ganes más, pero también se ha de tener en cuenta la estabilidad, poder escalar en el mundo judicial, los horarios, la salud mental…P. Los jueces tienen mucha carga laboral, también.R. El problema también es este: ser juez hoy no es como ser juez hace 20 años. Pero si se tuviera en cuenta la experiencia en la profesión…P. Usted ha sido muy proactiva en todo lo que tiene que ver con la vivienda. ¿Qué falta?R. Pues básicamente un pacto de Estado por la vivienda con medidas integrales, sobre movilidad, urbanismo, suelo, recuperación de la posesión y agilización de los trámites burocráticos. Tenemos un grave problema de falta de oferta y lo que no se puede hacer es ahogar al mercado inmobiliario con sanciones a los propietarios. Lo que ayuda es relajar las condiciones para obtener suelo, reducir la burocracia para acortar plazos, incrementar la vivienda social... La Generalitat anunció el Plan 50.000, pero no nos consta que se haya entregado ninguna vivienda, quizás padece el mismo problema que el privado: la carga burocrática.P. ¿Qué le parece la obligación de reserva del 30% del suelo para vivienda protegida? ¿Y la contención de los precios del alquiler?R. La reserva del 30% ha dado unos números desastrosos, ha hecho que el mercado se haya fugado. Y sobre la contención de rentas: de acuerdo, contengamos las rentas, pero que la persona incumplidora devuelva en tres meses la posesión del piso. Demos seguridad jurídica al mercado. Al propietario no se le puede decir que reduzca 100, 200 o 300 euros el alquiler si no puede recuperar su piso de forma más inmediata. P. El problema habitacional es tan grave que cambios tan relevantes son difíciles de cumplir.R. Para eso hace falta valentía política. ¿No la hemos tenido con la multirreincidencia? La seguridad jurídica es muy importante, ¿la vivienda no lo es tanto como para dejar atrás ideologías y hacer un pacto de Estado integral? Recientemente hemos tenido constancia de que la Generalitat va a crear una dirección general para sancionar a los propietarios. Eso asusta al mercado, cuando hay que ofrecerle seguridad jurídica: cómo reforzar la ley procesal, acortar los procesos judiciales, evitar desequilibrar tanto el derecho de la vulnerabilidad respecto al derecho a la propiedad…Eso no genera oferta, ni seguridad… El 70% de los pisos en los que se producen lanzamientos son de personas físicas, personas a las que se tarda tanto en devolver el inmueble que, una vez recuperado, acaban vendiendo sus propiedades. Y son los grandes tenedores los que acaban cogiendo esa propiedad.