Hace seis años que Raúl Burillo, inspector de Hacienda de la Agencia Tributaria de Zaragoza, inició la investigación de la empresa Soluciones de Gestión, con sede en la capital aragonesa. La compañía había aparecido en una información vinculada a la distribución de mascarillas, pero apenas registraba actividad; Burillo empezó a tirar de un hilo que hizo ovillo y que acabó siendo —tras más de tres años de investigación— un informe de más de cuarenta páginas que fue el germen de la causa que ha condenado a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama. En la semana en la que se ha conocido la sentencia de este caso, Burillo pide que “la figura del colaborador esté verdaderamente regulada” y que la corrupción se ataje con mecanismos que todavía echa en falta en vez de ser utilizada como arma política. En declaraciones a la Cadena SER, Raúl Burillo ha señalado que “todavía queda mucho por conocer de este proceso judicial, porque solo se han juzgado dos contratos en el Tribunal Supremo”. Y se muestra especialmente sorprendido por cómo se ha aplicado a Víctor de Aldama la atenuante de “colaborador”, teniendo en cuenta que “el dinero no ha aparecido”. “Son solo dos contratos, los que tenía con Adif y con Puertos del Estado, y queda mucho por delante”, cuenta Burillo apuntando directamente a los delitos fiscales, y añade que “que no tenga que devolver las cantidades que se llevó posibilita que, si no las declaró correctamente, pueda ser un delito”. Burillo piensa que debería haberse seguido el rastro del dinero y por eso matiza precisamente la colaboración de Aldama. “Nadie sabe dónde está el dinero, pero es que el colaborador tampoco lo ha dicho, por eso, ¿qué tipo de colaboración es esta?”. Eso sí, añade que “todavía queda mucho por conocer y hay que hablar cuando termine el largo proceso judicial”, y subraya que “la figura del colaborador debe estar verdaderamente regulada tanto en el Código Penal como en el ámbito de facilitar la colaboración en momentos anteriores, porque me llama poderosamente la atención la aplicación analógica de una atenuante teniendo en cuenta las circunstancias reales. Yo estoy en contra, y también lo estoy de que no haya prevaricación en estos contratos”.Para Burillo, los distintos gobiernos no han tenido interés en poner en marcha mecanismos reales para atajar la corrupción y pide que no se utilice como arma política. “Tenemos que estar contentos —dice con cierta ironía— porque parece que funciona el Estado y la separación de poderes, pero yo no lo estoy”. Y explica porqué: “al final, en la política actual no sé si hay realmente interés en la corrupción como elemento a erradicar sino más bien como elemento a actualizar cuando el corrupto es el otro”.