El expresidente de la entidad podría haber cobrado comisiones de esas adjudicaciones, según el informe elaborado para el juez que investiga el ‘caso mascarillas’
Fue el primer detenido del caso mascarillas de la Diputación de Almería el 15 de junio de 2021 y también está en el centro de una presunta trama a través de la que, entre 2017 y 2021 la entidad supramunicipal amañaba contratos de obras menores y se los adjudicaba a empresas interpuestas, operaciones por las que cobraba mordidas tanto él como, en ocasiones, el entonces presidente de la Diputación, Javier Aureliano García, y su entonces vicepresidente primero Fernando Giménez, ambos imputados en la causa. Se trata de Óscar Liria, exvicepresidente tercero de la Diputación de Almería y delegado del Fomento, Agricultura y Medio Ambiente, cargo del que, de acuerdo con el último informe emitido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, se valió para adjudicar los contratos y utilizar el proceso “en su propio beneficio y el de personas de su entorno personal y familiar”.
De acuerdo con el resumen de la investigación de los últimos años que la UCO ha elaborado a instancias del juez que instruye la causa, en esta trama estarían implicadas hasta 14 empresas que habrían participado en los presuntos amaños, bien en calidad de adjudicatarias o para hacer verosímil, con su presentación de ofertas, el adjudicaciones previamente orquestadas. La mayoría de los 43 imputados en el caso mascarillas son los titulares, administradores o testaferros de estas entidades societarias que formaban parte de una trama con epicentro en la Diputación de Almería. La Guardia Civil circunscribe el objeto de sus pesquisas en el período comprendido entre 2016 —el año en que Liria es nombrado diputado de Urbanismo por Gabriel Amat, el alcalde de Roquetas de Mar y entonces presidente de la entidad supramunicipal—, y 2021.
