Los primeros presupuestos de la legislatura catalana, tras casi dos años de mandato, verán la luz la semana que viene si, tal y como está previsto, la oposición evita poner trabas, puesto que a priori ha renunciado a recurrir ante el Consell de Garanties Estatutàries. Este procedimiento jurídico, meramente consultivo, permite la revisión normativa para determinar si se adecua a la legalidad autonómica vigente, pero de utilizarse retrasaría la aprobación definitiva de las cuentas.Ni Junts, ni PP, ni Vox tienen intención de recurrir ante este organismo las cuentas pactadas por el Govern con sus aliados –ERC y Comuns–, lo que permitirá que los presupuestos sean convalidados el próximo jueves, 2 de julio.Aunque el plazo para presentar un recurso finaliza el martes día 30, los grupos de la oposición ya han expresado que no dilatarán la tramitación. En Junts han hecho saber a Economia que no tienen intención de hacerlo; en el PP catalán sostienen que no hay base para ello porque los acuerdos con ERC y Comuns que podían recurrirse son en realidad partidas sin dotación, y en Vox desdeñan el hecho de que el dictamen que pueda emitir el Consell de Garanties es meramente consultivo y no vinculante.Govern y Comuns acuerdan fijar en cinco viviendas la condición de gran tenedor en la ley de acompañamientoDe esta forma, Catalunya tendrá por fin unos nuevos presupuestos después de más de tres años sin ellos, lo que permitirá a la Generalitat contar con una previsión de gasto total de 49.162 millones de euros, 4.600 millones más que el ejercicio anterior.Sin embargo, la tamitación parlamentaria aún no ha acabado y las negociaciones sobre las enmiendas presentadas por los grupos continuará hasta mañana, cuando se votarán en comisión las modificaciones que definitivamente formarán parte del dictamen que se elevará al pleno de la semana que viene. En este proceso, los aliados de investidura se han conjurado para sacar adelante todos sus planteamientos. Una muestra de esta voluntad es el compendio de enmiendas presentadas conjuntamente por PSC, ERC y Comuns, un total de 147, que serán aprobadas íntegramente y que tienen una especial relevancia política. Entre ellas figuran aspectos como la creación de la Autoritat Aeroportuària de Catalunya, un nuevo ente destinado a garantizar la cogobernanza de los aeropuertos catalanes con el Estado; la subida de la tasa turística a los cruceros, y otros asuntos como el derecho al error dentro de la administración pública.Capítulo aparte merece el ámbito sobre la vivienda, donde ayer el Govern y Comuns alcanzaron un acuerdo para fijar las condiciones de propiedad de un gran tenedor. El acuerdo establece que será considerado gran tenedor “quien tenga cinco viviendas en Catalunya –no solo en las denominadas zonas tensionadas– o diez en el conjunto del Estado”, condición esta última ya establecida en la ley del Derecho a la Vivienda del 2023, de ámbito estatal.Esta definición es importante para el cumplimiento de la ley del derecho a la vivienda de Catalunya (del 2007), que desde hace un año fija sanciones de hasta 900.000 euros para proteger los alquileres, así como para la ley con la que se quieren prohibir las compras especulativas de vivienda. Esta proposición de ley, que se restringe a las zonas tensionadas, fue pactada con los ecosocialistas para lograr su apoyo a las cuentas y se tramitará de forma exprés, según se acordó ayer en el Parlament, pero debe recabar el apoyo de ERC y, tal vez de la CUP, que presenta un texto alternativo.Redactor de la sección de Política. En La Vanguardia desde 2009. Licenciado en Filosofía por la UB y en Periodismo por la URL