Poco a poco en el Congreso se han ido normalizando conductas que tiempo atrás habrían causado asombro. El insulto es la más obvia: sin ir más lejos, este mismo martes, al comienzo del pleno semanal, el popular Luis María Bemonte llamó “bandolero” y “canalla” al presidente del Gobierno. Lo mismo ocurre con la difusión de bulos y teorías de la conspiración. Este martes, la Cámara gastó una hora en una de estas últimas. Fue por obra y gracia de Vox, que pretendía agitar el fantasma del pucherazo electoral a través del voto por correo. Nadie le secundó, ni siquiera sus socios del PP, que se abstuvieron.“Lo que han hecho es admirable”, ironizó el diputado de Sumar Txema Guijarro dirigiéndose a la bancada ultra, “han convertido una sospecha en una proposición de ley”. Y así fue. Vox planteó ante el pleno una iniciativa para reformar las normas que rigen el voto por correo a partir de una premisa expuesta por su diputado Ignacio Hoces: “Sánchez es el responsable del posible mayor pucherazo electoral del régimen del 78”. ¿Pruebas? Ninguna, como le fueron recordando uno a uno los portavoces que intervinieron, por este orden: Àgueda Micó (Compromís), Javier Sánchez Serna (Podemos), Mikel Legarda (PNV), Francesc-Marc Álvaro (ERC), el ya citado Guijarro o el socialista José Zaragoza. Y hasta el popular Rafael Hernando, a despecho de que algunos dirigentes de su partido como la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, también han coqueteado con la idea del presunto pucherazo. “El problema de España no son las urnas”, certificó Hernando, quien defendió con claridad que el procedimiento del voto por correo contempla “múltiples garantías que hacen prácticamente imposibles alterarlos”. La propuesta principal de Vox era que los sufragios emitidos por vía postal sean contabilizados aparte, en lugar de introducirlos en la misma urna que los presenciales. En ese punto Hernando también coincidió con los grupos aliados del Gobierno en constatar que una medida así podría comprometer el anonimato del voto en los escrutinios de las pequeñas localidades. A falta de pruebas, Hoces basó sus sospechas en un revoltijo en el que entraron desde la regularización de inmigrantes —que no podrán votar, solo obtener el permiso de residencia—, la concesión de la nacionalidad a nietos de españoles nacidos en el exterior o a episodios puntuales ocurridos en España y corregidos por los jueces. Fueron varios los portavoces de otros grupos que recordaron que sembrar sospechas sobre los procesos electorales es un clásico de la ultraderecha en todo el mundo y estuvo detrás de los asaltos a los Congresos de Estados Unidos y Brasil. El más expresivo en este punto fue el republicano Álvaro: “Se ha visto claramente cómo es el trumpismo cañí: una mala imitación”. A vueltas con la prioridad nacionalDesde que el PP abrió en Extremadura el ciclo de sus nuevos pactos con Vox y asumió el principio de “prioridad nacional” en el acceso a los servicios públicos, ambos partidos han sido incapaces —o no han querido— aprobar un texto común en el Congreso. Los ultras han presentado varias propuestas, siempre rechazadas por el PP al entender que contenían una versión maximalista. Vox volvió a la carga este martes, justo cuando se están iniciando las negociaciones para formar Gobierno en Andalucía, con este asunto como uno de los grandes escollos. Llevó ante el pleno una proposición no de ley que hace más hincapié en el concepto de “arraigo territorial”, el que esgrimen los populares para rebajar el alcance de sus pactos con los ultras. La propuesta la defendió Carlos Hernández Quero, el joven con el que Vox trata de adornarse de un discurso dirigido a las capas más humildes. Quero apeló varias veces a la “justicia social”, eso que uno de los referentes internacionales de su partido, el presidente argentino, Javier Milei, desprecia como una “aberración”. El diputado sostuvo que un Estado que no concede prioridad a sus nacionales en el acceso a ayudas y servicios públicos sería como “un padre que discrimina a sus hijos”. “Ni somos el hospital de todo el mundo ni somos la residencia de todo el mundo”, sentenció, antes de que la izquierda repitiese las habituales acusaciones de racismo. El popular Bemonte negó que la “prioridad nacional” implique discriminación, sino que, según dijo, solo busca primar criterios como “arraigo, esfuerzo, contribución y vinculación a la sociedad”. No concretó mucho más, aparte de señalar que ya hay gobiernos regionales que tienen en cuenta el arraigo en el territorio entre los baremos para la concesión de ayudas. “Van a crear una guerra entre comunidades y ayuntamientos”, le advirtió el socialista Luis Rey. La propuesta de Vox se votará el jueves y hasta entonces ambos grupos pueden negociar un texto consensuado.