El niño de 12 años que murió la madrugada de este lunes, durante una encerrona en San Bernardo, tras ser arrastrado unos cinco kilómetros por los delincuentes que robaron el automóvil en que el viajaba junto a su papá y su tía, venía de regreso de Mendoza, Argentina. Había viajado para celebrar, este domingo, el Día del Padre junto a su papá, pues allá viven otros hijos del hombre.La muerte del niño ha conmocionado a Chile. Ocurrió durante un violento robo con intimidación, a las 01.00 horas de este martes, en la intersección de la calle Catemito con la caletera de la Ruta 5 Sur. Su padre, quien es argentino nacionalizado chileno, iba en el asiento delantero y su tía conducía. Los había ido a buscar al aeropuerto para llevarlos rumbo al municipio de Puente Alto, donde vivía el menor. Según ha informado Emol, equivocaron la ruta, y cuando trataron de retomarla, en un semáforo en rojo aparecieron los delincuentes, que iban en un auto blanco que habían robado momentos antes desde una gasolinera. Los amenazaron con armas cortopunzantes y los hicieron bajar, pero el niño no alcanzó a hacerlo: estaba enganchado a su cinturón de seguridad. Fue arrastrado por la calle; estaba fuera del vehículo.El fiscal Patricio Rosas, a cargo de las pesquisas, ha señalado que la banda estaría integrada por menores de edad “que podrían haber participado también en otros ilícitos, tanto anteriores como simultáneos“. Y agregó que recaban información ”de otras víctimas y también de testigos que se han acercado" para colaborar.Las encerronas son uno de delitos más violentos que afectan a los conductores chilenos en las autopistas, calles y caleteras. Generalmente, se producen de noche y de madrugada. Los robos se cometen en menos de un minuto y suelen ser protagonizados por bandas de adolescentes.Hace cuatro años, en febrero de 2021, Tamara Moya, de cinco años, fue la primera niña asesinada en una encerrona. Su madre estaba junto a ella en un vehículo, en el municipio de Huechuraba, cuando dos delincuentes, al robar el auto, le dispararon. El caso provocó que el Congreso chileno dictara la llamada la ‘Ley Tamara’, que endureció las penas para delitos graves cuando las víctimas son menores de edad, personas con discapacidad y adultos mayores.