La defensa del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha presentado dos escritos (con fecha de este lunes) en los que insiste en conocer el origen de los chats que existen en la causa contra él para explorar una posible vía de nulidad de la investigación. Por un lado, Zapatero quiere que la Fiscalía Anticorrupción aclare cómo se autorizó la apertura del disco duro de uno de los abogados investigados, a quien la Policía le registró el despacho. Por otro lado, recurre la decisión del juez José Luis Calama de no ampliar a Estados Unidos la petición de información sobre el teléfono móvil del dueño de Plus Ultra. En sendos escritos, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, el abogado Víctor Moreno Catena requiere más información sobre los resortes judiciales que han permitido incorporar algunas de las conversaciones claves a la causa que apunta a un presunto tráfico de influencia de Zapatero para que la aerolínea Plus Ultra recibiera del Gobierno un rescate de 53 millones de euros en 2021. Uno de los discos duros que contiene mensajes que han nutrido la imputación del expresidente se llama “crucial” y fue encontrado en las dependencias de Miguel Palomero, un abogado que está siendo investigado como una suerte de conseguidor para Plus Ultra. A él se le atribuyen las conversaciones para intentar desbaratar la causa que se abrió hace años por el rescate (que terminó archivada por un defecto de forma) con frases como “la fiscal es amiga”. El letrado del que fuera líder del PSOE no ha tenido todavía acceso al contenido íntegro de este dispositivo porque permanece en una pieza separada que está secreta, según reflejan fuentes de la investigación. Él quiere “conocer las circunstancias en que se produjo el análisis del contenido del dispositivo” y revisar “la resolución judicial que autorizaba la actuación policial”. Dice que es “imprescindible” este detalle para “la debida regularidad del procedimiento” que siga “el escrupuloso respeto de los derechos fundamentales”. La Policía basa una parte de sus informes en un chat que se encontró en ese dispositivo llamado “Danilo-España” y que, supuestamente, contenía mensajes entre el letrado Palomero y el bróker venezolano Danilo Díazgranados que hablaban de hacer regalos a Zapatero. La Fiscalía Anticorrupción mantuvo unas diligencias “preprocesales”, es decir, que no estuvieron judicializadas, mientras que el juzgado de instrucción número 15 de Madrid (que se hizo cargo de la investigación antes de la Audiencia Nacional) ya estaba instruyendo el caso Plus Ultra. El letrado indica que la “información obtenida en un procedimiento distinto y los descubrimientos casuales”, como en este caso, deben estar sometidos “a un control y una validación judicial específicos”. En este caso, dice, ha existido una “reutilización del material en finalidades y procedimientos distintos” porque, aunque fue obtenido de forma lícita, posteriormente se han ido abriendo líneas de investigación sin comprobar si el control de especialidad llegó a producirse. El letrado pide, también, que Anticorrupción esclarezca en qué resolución autorizó la lectura de las conversaciones privadas del abogado Palomero. “Si no se hubiera obtenido aquella específica autorización a través de una resolución judicial motivada, las garantías esenciales del procedimiento se verían radicalmente laminadas”, refleja el escrito.