“Me juego la poca vida que me queda, que tampoco es demasiada”. Estas fueron las últimas palabras de José Luis Ábalos en el juicio que se celebró en el Tribunal Supremo entre abril y mayo. Y efectivamente, así ha sido. Ayer fue declarado culpable de seis delitos a la pena de 24 años y tres meses de prisión, aunque sólo deberá cumplir 16 años. Éstos son organización criminal, en calidad de líder, tres delitos de cohecho, uno de malversación de caudales públicos y otro tráfico de influencias.El exministro socialista tiene 66 años y como mínimo para acceder a un régimen de semilibertad tiene que cumplir la mitad de la pena. La única vía que le queda es el Tribunal Constitucional, al ser ésta sentencia firme, porque la concesión de un indulto por parte del Gobierno a día de hoy se puede dar por descartado.La sentencia destaca que Ábalos utilizó su posición “privilegiada” en el Gobierno y PSOE para enriquecerseÁbalos se encuentra en prisión preventiva desde noviembre, junto a quien fuera su mano derecha, Koldo García. En su caso la pena es de 19 años y ocho meses de prisión. En el juicio ya intuía qué le podía pasar cuando dijo que “no iba a volver a poder llevar a su hija al colegio”. A la luz de la sentencia, los dos montaron una organización criminal junto al empresario Víctor de Aldama. Éste se enriqueció a su costa pero repartió parte de los beneficios con ellos. Pero este último fue más listo que ellos. Decidió confesar, contar todas las mordidas pagadas, todos los detalles, e incluso fue a mayores y señaló a otros altos cargos públicos. Gracias a eso, el tribunal le ha condenado a cuatro años y medio pero le ha suspendido la pena siempre y cuando no vuelva a delinquir, presente un informe semestral de actividades y hacer un año de trabajos en beneficio de la comunidad.Entre los tres tienen que devolver lo que el Supremo ha podido constatar que se ha pagado en concepto de dádivas, que lo calcula en 430.000 euros. Sin embargo se han librado de tener que pagar 3,4 millones de euros que solicitaba la Fiscalía Anticorrupción por el uso de información privilegiada por los contratos otorgados a la empresa de Aldama, Soluciones de Gestión para la adquisición de mascarillas.Para los magistrados es “incalculable” el perjuicio ocasionado por haber defraudado a los ciudadanosRespecto de los dos contratos otorgados en el 2020 por dos empresas públicas vinculadas a Transportes -Puertos del Estado y Adif- los magistrados han certificado que la organización se aprovechó del tráfico de influencias de Ábalos para que se diera los contratos a Aldama. Sin embargo, sostiene que éstos -por una cuantía total de 36 millones de euros- no fueron “arbitrarios”, no se dio información previa al empresario para que se presentara como adjudicatario, el precio de las mascarillas estuvo por debajo de la media y la entrega fue adecuada. Así que no hay dinero que devolver.El exministro José Luis Ábalos ha sido condenado a 24 años de cárcelJ.J. Guillén / EFEEn una sentencia histórica por ser la pena más alta impuesta a un exministro en España, el tribunal, por unanimidad, ha dado por bueno que Aldama se comprometió a entregar dos millones de euros al entonces ministro a cambio de los contratos y medio millón a García. No obstante todas las dádivas recibidas que se han podido cuantificar es de menos de medio millón de euros.Las mordidas que se dan por confirmadas son los 10.000 euros mensuales entre 2019 y 2022 -hasta después de su cese como ministro en julio del 2021-, otros gastos, el pago del alquiler del piso de la amante de Ábalos, Jéssica Rodríguez, un chalet en Cádiz y unas vacaciones en Marbella.El Supremo ha dado por probado que Ábalos fue un miembro del anterior gobierno de Pedro Sánchez y un secretario de organización del PSOE corrupto. Los magistrados han validado que se corrompió poco después de llegar al Ministerio, formó una organización criminal -delito por el que le han impuesto doce años de cárcel- con un plan establecido, que era enriquecerse por la vía de Aldama a cambio usar su influencia para que recibiera contratos tanto desde su ministerio como desde otras administraciones. Ábalos tenía esa capacidad por su posición en Transportes, formar parte del Consejo de Ministros y estar en el núcleo del partido socialista. A cambio de todas esas mordidas, Ábalos le consiguió dos contratos -además de otros con las administraciones canarias y baleares que se investigan en la Audiencia Nacional-, le abrió las puertas al ministerio de Transición Ecológica -aunque el Supremo ha certificado que no hubo ninguna influencia-, a Hacienda -con la misma suerte que el anterior- e incluso hizo una nota de prensa para favorecer a Air Europa en el rescate por parte del Gobierno durante la pandemia, aerolínea para la que trabajaba Aldama. Además, por su propia cuenta y riesgo, Ábalos utilizó su “posición privilegiada” para que dieran trabajo en una empresa pública vinculada a Renfe, Logirail, a una amiga suya, Claudia Montes, y para lograr que desde otras dos empresas -Ineco y Tragsatec- se diera un trabajo a Rodríguez a sabiendas, ambos dos, que era sólo para percibir un salario sin acudir ni un solo día a trabajar. Su asesor y asistente, Koldo García, le ayudó y por eso entre los dos tienen que devolver el dinero que la joven recibió como salario -un total de 44.000 euros-.El asesor de Ábalos, Koldo García, ha sido condenado a 19 años de prisión EFETodo esto es corrupción y los siete magistrados destacan la especial gravedad de que se produzca en el seno del Gobierno, sin ningún tipo de control interno que lo detectara: “Desde esa posición privilegiada, tanto desde el punto de vista individual como inserto en el Consejo de Ministros, el acusado (Ábalos) comete toda una suerte de delitos. No podemos valorar a efectos penales, por ser cuestión hipotética, su incalculable perjuicio posible, en términos de defraudación de las expectativas que los ciudadanos depositan en sus servidores públicos”, reza la sentencia.El Supremo es especialmente duro con Ábalos precisamente porque su comportamiento “desestabiliza” la democracia, “erosiona” la confianza de los ciudadanos y “debilita” los contrapesos institucionales. El alto tribunal va más allá y responsabiliza al sistema de lo ocurrido: “Los controles (de la administración) a todas luces, fracasaron” ante una situación de “colonización de las instituciones y empresas públicas”. Y por eso considera que el Estado debe “premiar” a gente como Aldama que denuncia los hechos, aunque fuera cuando ya había sido descubierto.Los magistrados destacan que no hubo controles internos, principalmente porque el jefe de la organización estaba dentro del propio Gobierno. Esto supone que era imposible creer que saliera de dentro una denuncia sobre los hechos. Por tanto, la única vía, según el TS, era la “declaración incriminatoria de un coautor, que ha posibilitado la investigación y, ahora, la condena”.El comisionista imputado Víctor de Aldama ha sido condenado a cuatro años de cárcel y no entrará en prisión ZIPI / EFELo cierto es que en el juicio, el responsable de la investigación por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aseguró que lo reconocido por Aldama sólo vino a ratificar lo que ellos habían descubierto cuando, impulsado por Anticorrupción, tras una denuncia del PP, investigaron los contratos a Soluciones de Gestión, que les llevó a la detención de García y Aldama en febrero del 2024, meses antes de la confesión del empresario.El Supremo sin embargo ha optado por premiarle puesto que solo quien ha estado dentro de la organización “puede ofrecer detalles definitivos para su completo esclarecimiento e identificación de todos los responsables”. Esto no ha acabado aquí. Los tres condenados tiene varias causas abiertas en la Audiencia Nacional por el amaño de otros contratos, pagos en efectivo del PSOE y en el aso de Aldama un causa por un fraude de hidrocarburos.Testigo de juicios históricos: procés, 11-M, 17-A, Gürtel, Nòos o de los más sanguinarios etarras. Voy tras los casos de corrupción, de la política a lo empresarial y lo policial, para destapar todo tipo de abusos