El Consejo de Gobierno de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) ha decidido este lunes, en lugar de adjudicar de manera directa la gestión de la emblemática residencia Flora Tristán a la fundación privada Gerón, como había planteado, abrir un proceso de estudio, mediante la creación de una comisión técnica —en la que habrá un representante de la dirección de la residencia y del estudiantado, junto a miembros del profesorado— que "explorará todas las alternativas reales y viables, incluyendo la captación de financiación pública y/o privada, y formulará propuestas consensuadas que serán aprobadas en los órganos que legislativamente corresponda". PublicidadAsí lo recoge una comunicación del rector, Francisco Oliva, enviada este lunes a la comunidad universitaria, a la que ha tenido acceso Público. El Consejo Social de la Universidad, donde están representados sindicatos, empresarios, diversos actores sociales y económicos y representantes de la Junta de Andalucía, había emitido antes un comunicado en el que aseguraban que "la fórmula que ofrece mayores garantías es la apertura de un procedimiento público de licitación, que permita la participación de todas aquellas entidades, asociaciones, instituciones o empresas que puedan presentar la mejor propuesta, siempre respetando a los trabajadores, al alumnado y preservando el proyecto social de la Flora Tristán". La consecuencia de esta decisión del Consejo de Gobierno es que la residencia, según expuso el rector en su comunicación a la comunidad universitaria, ahora cerrará sus puertas hasta que se completen las obras que, según la Pablo de Olavide, son imprescindibles: "La totalidad de los integrantes del Consejo de Gobierno han declarado [...] que se proceda a la adopción de todas las medidas necesarias que técnica, administrativa y jurídicamente aseguren la seguridad y habitabilidad el edificio, y que no se oferten plazas en la residencia hasta haber realizado las obras que garanticen la plena seguridad, salubridad y habitabilidad del inmueble".El Consejo Social había manifestado en su comunicado compartir "plenamente la preocupación existente por la situación del edificio y entiende la necesidad de adoptar medidas urgentes que garanticen la seguridad de las personas que desarrollan su actividad en estas instalaciones". "La protección de estudiantes, trabajadores y usuarios constituye una prioridad absoluta y exige actuaciones inmediatas que eviten cualquier riesgo derivado del estado actual del inmueble", agregaba el Consejo Social.Pero también consideraba que la información hecha pública por la dirección de la Universidad no había sido suficiente: "No obstante, una mayoría de los miembros del Consejo Social entendió que no disponía aún de toda la información necesaria para pronunciarse favorablemente sobre la propuesta presentada. La trascendencia patrimonial, económica, jurídica, laboral y social de la decisión requiere contar con una documentación más completa que permita valorar adecuadamente todas sus implicaciones".Publicidad"Entre otros aspectos —señala el comunicado—, el Consejo considera necesario disponer de información detallada sobre el estado técnico del edificio y las actuaciones requeridas, los informes jurídicos que sustentan la fórmula propuesta, las condiciones de la eventual concesión, las garantías de continuidad del proyecto social y universitario, las consecuencias para los trabajadores y las condiciones que afectarían al alumnado residente"."Asimismo, el Consejo Social —prosigue el comunicado— considera que, con carácter general, la gestión del patrimonio y de los servicios públicos debe inspirarse en los principios de transparencia, publicidad, igualdad de oportunidades y concurrencia. Esta posición no supone cuestionar la buena fe ni el trabajo realizado por las instituciones y entidades implicadas, sino reafirmar el compromiso del Consejo Social con los principios de transparencia, concurrencia y buen gobierno que deben regir las decisiones de especial relevancia para la Universidad".El rector defendió después en su comunicación que la cesión a la Fundación Gerón, de la que en efecto aún no se conocen más detalles, "habría permitido la apertura de la residencia el próximo mes de septiembre". Por un lado, expone: "La Universidad no cuenta con los medios financieros necesarios para proceder con carácter inmediato a las obras de acondicionamiento del edificio: 420.000 euros en una primera fase de naturaleza imprescindible para la apertura, y otros 400.000 para la sustitución de los ascensores; y una cantidad de entre 3.000.000 y hasta 6.000.000 de euros, según las estimaciones realizadas por los servicios técnicos de la Universidad, para la rehabilitación integral".PublicidadY, por otro lado, añade, "la asunción por parte de la Universidad de esta obra, en caso de tener la financiación, implicaría por imperativo legal iniciar un procedimiento administrativo complejo para obtener los informes, licencias, licitaciones y adjudicaciones que se demoraría por más de un año en el mejor de los casos, como ya hemos experimentado con las obras que se están realizando" en otros edificios de la universidad". Según el rector, el informe técnico señala las "deficiencias del inmueble" y las "necesarias actuaciones". Este se divide en tres secciones: Instalación eléctrica, protección contra incendios, abastecimiento de agua y saneamiento. "De los 39 ítems analizados, ocho reclaman una intervención muy urgente, 15 aluden a riesgos mayores y 16 a cuestiones leves", afirma en su comunicación.La asamblea de residentes había afirmado la semana pasada, tras conocer la situación del inmueble, según la Universidad: "La Pablo de Olavide ha sido conocedora de 39 incidencias del edificio desde abril de 2024. Pese a ello, han decidido no informarnos hasta ahora, reconociendo haber puesto en riesgo la seguridad de las personas que vivimos y trabajamos en esta residencia". Luego, señalan: "Cabe destacar que el rector ostenta este cargo desde el año 2020 sin haber tomado ninguna actuación integral al respecto. Por eso, nos preguntamos por qué no se nos ha informado de esta situación hasta ahora y por qué no conocemos los detalles de esta supuesta solución, que pasa por una obra que dejará a más de un centenar de personas en la calle".La Flora Tristán no es una residencia cualquiera, sino que es un auténtico emblema: está enclavada en pleno Polígono Sur y cumple una función social relevante, al ser un eje de proyectos de intervención en uno de los barrios más desfavorecidos del Estado, un caso extremo de segregación social. Según la Pablo de Olavide, "a fecha de hoy, hay 148 estudiantes, de los cuales solo el 56% son de la UPO". El resto provienen "de otras Universidades, predominando los de la Universidad de Sevilla, que alcanzan el 43% de las plazas. En el presente curso se ofrecieron 24 ayudas, de las que cinco quedaron desiertas".Estos son los ingresos y gastos que genera la Flora, según la UPO: "433.000 euros de ingreso anual frente a los 551.320 euros de gasto, además de la cuota anual de préstamo hipotecario, de 374.000 euros, así como los gastos realizados para las intervenciones más inmediatas de seguridad del edificio: alrededor de 200.000 euros en los últimos cinco años". "No se ha invertido tanto en ningún edificio de la Universidad, lo que demuestra el esfuerzo y el compromiso de la UPO con la Flora Tristán", consideran en la Universidad.Hace una semana, el rector había enviado una comunicación en la que afirmaba: "La situación de profunda inestabilidad financiera que afecta a las universidades públicas andaluzas en general, y a la Universidad Pablo de Olavide en particular, hace difícil poder acometer las obras de acondicionamiento del edificio de manera integral e inmediata". "Es por ello —agrega— que, desde hace meses, estamos buscando la colaboración activa de entidades sin ánimo de lucro con un fuerte compromiso social capaces de integrarse en este proyecto aportando recursos que permitan soluciones inmediatas. Ello permitiría continuar con el servicio de alojamiento y mantener en funcionamiento el complejo universitario".La asamblea de residentes, que inició un encierro ese mismo día consideró, al respecto de esta cuestión: "Somos perfectamente conscientes de las consecuencias socioeconómicas de la agenda política de la Junta de Andalucía, orientada a la privatización y desmantelamiento de los servicios públicos. En este contexto, queremos denunciar la infrafinanciación a la que somete el PP a las universidades públicas andaluzas. Consideramos que la lucha por la Flora Tristán es una lucha por lo público y los barrios obreros de Sevilla. Por eso, no entendemos que se utilice este motivo para justificar un desalojo y llamamos a la movilización contra los recortes en su conjunto".