El Tribunal Supremo ha condenado al exministro de José Luis Ábalos a 24 años de prisión y a su exasesor ministerial Koldo García a 19 años por los delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias en el conocido caso mascarillas. El Alto Tribunal también ha condenado a cuatro años y medio al empresario Víctor de Aldama, pero le libra de entrar en prisión por su "aportación al descubrimiento de los delitos" y la condición de no delinquir, presentar un informe semestral de actividades y hacer un año de trabajos en beneficio de la comunidad.PublicidadLa sentencia, de la que ha sido ponente el presidente de la Sala Penal, Andrés Martínez Arrieta, y adoptada por unanimidad, constata hasta 11 hechos probados, que se detallarán a continuación.1. Relacióntre Ábalos, Koldo y AldamaLa resolución, de 224 páginas, sostiene que fue Santos Cerdán quien, nombrado secretario de Coordinación Territorial del PSOE al tiempo que José Luis Ábalos fuera también designado secretario de Organización, recomendó a este que contratara a Koldo García como su conductor en los desplazamientos que debía realizar por el territorio español. "Más allá de un vínculo puramente profesional, Koldo García ofrecería también a José Luis Ábalos un compromiso militante y una plena disponibilidad a sus necesidades como nuevo Secretario de Organización del partido".Por su parte, Víctor de Aldama conoció en el último trimestre de 2018 a Koldo García a través de su hermano Rubén de Aldama, quien prestaba servicios como escolta del ministro de Transportes, "entablando con aquel una frecuente relación que se extendió pronto a su superior", el exministro de Transportes."En el desarrollo de estas relaciones personales, pronto vieron los acusados la oportunidad de obtener un común beneficio económico. Con tal ánimo de enriquecimiento, los tres convinieron que, aprovechando el cargo que ostentaba José Luis Ábalos en el Gobierno de España y también en el Partido Socialista, este podría favorecer, a cambio del correspondiente beneficio económico del que todos participarían, la contratación con la Administración Pública en cuantas ocasiones hubiera oportunidad, por empresas cuyos intereses captaría y promovería Víctor de Aldama, así como facilitar a este el acceso preferente a la Administración para la realización de las gestiones que precisara para sí mismo o para las referidas empresas".PublicidadLa organización, "en la que cada uno de ellos asumió un papel diverso y complementario, con un preciso reparto de funciones" tenía, desde su origen una "vocación de permanencia en el tiempo, como lo evidencia el hecho de que estuvo operando durante varios años y proyectando su actuación delictiva en distintas esferas, que solo comenzó a debilitarse tras la simultánea salida de José Luis Ábalos y Koldo García del MITMA, si bien continuó tras el cese como ministro".2. El pago de las mordidasLos tres acusados "convinieron una remuneración mensual, para atender los gastos fijos de José Luis Ábalos, al que se sumarían otras cantidades", según relata la sentencia. Aunque no existe prueba material, el Supremo considera acreditado "el abono mensual y por importe de 10.000 euros" que Víctor de Aldama se comprometió a entregar a los otros dos acusados integrantes del grupo. "Esta cantidad se entregó, mensualmente, desde octubre de 2019 hasta el mes de junio de 2022; primero a Koldo García y luego a su hermano Joseba García, que en los meses de octubre y noviembre de 2021 lo recogió en la República Dominicana. Con ello, además de alcanzar la finalidad pretendida, se satisfacían lo que consideraban 'gastos fijos' de José Luis Ábalos".PublicidadJunto a esta cantidad, también se abonaban "otros gastos fijos", como el importe del alquiler de la vivienda ocupada por Jessica Rodríguez, por entonces pareja de José Luis Ábalos, en un edificio situado en la macrileña Plaza de España.El tribunal también incluye en este apartado el contrato de arrendamiento con opción de compra sellado entre Ábalos y Aldama de un piso propiedad del empresario, el cual nunca llegó a ocuparse. "En cuanto al precio de compra convenido era este muy inferior al real del mercado", dice la sentencia. El tribunal entiende que el contrato "encubría, como negocio jurídico real, una fiducia de garantía de un crédito que José Luis Ábalos tenía al cobro de unas comisiones ilegales; de tal manera que, mientras subsistiera la obligación, el acreedor mantenía la propiedad fiduciaria de la cosa (en este caso, la ventajosa opción de compra) y, una vez extinguida la deuda (el pago de las comisiones), se hacía exigible su obligación de restituir la propiedad".3. El pelotazo de las mascarillasPara el tribunal también han quedado probados los delitos en la adjudicación de 13 millones de mascarillas por parte de entidades de Transportes como Puertos del Estado y Adif a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Aldama, en los primeros compases de la pandemia.Sobre la primera adjudicación, que consitía en la adquisición de ocho millones de mascarillas, el tribunal destaca el acuerdo selllado cuatro días antes entre Soluciones de Gestión con las empresas del Grupo Cueto. "Es decir, antes incluso de que los responsables del propio órgano de contratación tuviesen conocimiento de la operación, la empresa adjudicataria ya contaba con que se publicaría una orden ministerial, que la compra sería centralizada a través de Puertos, que el volumen sería de ocho millones de mascarillas y que sería la adjudicataria, a consecuencia del acuerdo anticipado entre los tres acusados, como concreta plasmación de una de las actividades lucrativas a las que obedecía la organización que habían constituido".En cuanto al segundo contrato con Adif de cinco millones de mascarillas, "tan acordada entre los encausados estaba la adjudicación, que incluso un día antes de la publicación de la orden ministerial, Íñigo Rotaeche, administrador único de Soluciones de Gestión, le pidió a Michaux Miranda que le indicara los datos de ADIF para preparar una propuesta". Incluso, esta empresa y la sociedad Anglia Global firmaron, el 24 de marzo de 2020 -tres días antes de la publicación de la orden-, un contrato, en el que se recogía que Soluciones de Gestión había resultado adjudicataria de varios contratos suscritos directamente con el Gobierno de España, "a pesar de que, por aquel entonces, solo había resultado adjudicataria de la primera compra centralizada de mascarillas".4. Contratación de Claudia Montes por la empresa pública LogirailJosé Luis Ábalos y Koldo García promovieron la contratación de Claudia Montes, que había conocido al entonces ministro en un mitin del PSOE que se celebró en Gijón, en el mes de mayo de 2019. "Fruto de esa relación José Luis Ábalos, el 8 de octubre de 2019, escribió un mensaje a Koldo García sugiriéndole la contratación de Claudia Montes 'en Renfe, Adif o alguna de sus subcontratas'. Su asesor contestó: 'Sí. Lo arreglo'. A tal fin, contactó de inmediato con Claudia Montes, quien le hizo llegar su currículum", subraya la sentencia. PublicidadEl día 16 de diciembre de 2019, Claudia Montes fue contratada por Logiral, sociedad mercantil estatal proveedora de servicios logísticos de Renfe Mercancías, un puesto en el que se hasta el 17 de febrero de 2022 y percibió un sueldo mensual de 1.384 euros.5. Contratación de Jessica Rodríguez por Ineco y TragsatecDe igual forma, el Alto Tribunal considera acreditado el enchufe de la expareja de Ábalos en otras dos empresas públicas. "El acusado, aprovechándose de la privilegiada situación por su condición de ministro, concibió y desarrolló un plan de actuación, consistente en desplegar toda su influencia para que Jessica Rodríguez fuera contratada por alguna empresa pública integrada en la estructura del Ministerio o que prestara sus servicios a alguna de estas con la finalidad de que percibiera un sueldo sin que tuviera que desempeñar, como contraprestación, ninguna actividad laboral". En "ejecución del plan, Koldo García y por indicación directa de José Luis Ábalos, se puso en contacto con la presidenta de Adif [Isabel Pardo de Vera], a quien le transmitió el interés del ministro para que se contratara a Jessica Rodríguez en alguna empresa adscrita al Ministerio facilitándole, al tiempo, el curriculum vitae de Jessica Rodríguez".PublicidadLa resolución revela que la entrevista y la recogida del ordenador fueron las "dos únicas ocasiones" en las que Jessica Rodríguez acudió a dependencias de la empresa Ineco, la primera empresa donde trabajó y llegó a cobrar la cantidad neta de 34.450 euros. Esta "recibió indicaciones expresas de Koldo García de que si algún empleado o responsable de Ineco se interesaba por lo que hacía en Adif, siempre contestara que trabajaba para una tercera persona, Joseba García. Jessica Rodríguez remitía partes de trabajo vía telemática a los responsables del proyecto de Ineco de asistencia a la empresa ADIF".Asimismo, al finalizar el contrato en Ineco, el 28 de febrero de 2021, Jessica Rodríguez fue contratada, casi sin solución de continuidad, el 2 de marzo de 2021, por la empresa pública Tragsatec, que prestaba servicios para Adif. "No desempeñó trabajo alguno en Tragsatec hasta la finalización del contrato, el 1 de septiembre de 2021 y percibió un importe neto de 9.500,54 euros".6. Nota de prensa relacionada con Air EuropaEl Supremo da por probado que el disfrute de las vacaciones en el inmueble de Marbella, identificado como Villa Parra, corresponde a un "pago" por las gestiones realizadas en relación con el rescate de Air Europa. En concreto, por la publicación de un comunicado sobre la ayuda pública, "consiguiéndose el objetivo pretendido por Víctor de Aldama –que asesoraba a la aerolínea– y por la compañía Air Europa de tranquilizar a los acreedores de la compañía aérea"."Víctor de Aldama, con la colaboración de Koldo García y el conocimiento y asentimiento de José Luis Ábalos, gestionaron el arrendamiento de una vivienda en la localidad de Marbella (Villa Parra), en la que José Luis Ábalos y su familia pasaron unas vacaciones, durante los días 14 a 23 de agosto de 2020".PublicidadJosé Luis Ábalos "disfrutó del inmueble durante los indicados días, sin abonar la renta, que fue satisfecha por Patricia Uriz, con cargo a las entregas de dinero que Víctor de Aldama venía realizando a los otros dos acusados, por las distintas gestiones encomendadas".7. No fructificaron las gestiones para la licencia de VillafuelEl Alto Tribunal sí deja claro que gestiones realizadas por Aldama ante Koldo García para que se concediera una licencia de mayorista en el sector de hidrocarburos a la empresa Villafuel, sociedad de la que era accionista y controlaba Claudio Rivas (socio de Aldama), no surtieron el efecto esperado. "Fruto de esas gestiones, se concertó una reunión, el día 28 de diciembre de 2020, en el despacho de Juan Ignacio Díaz Bidart, jefe de Gabinete de la ministra de Industria, a la que asistieron Claudio Rivas, Carmen Pano, persona de confianza del anterior, dos técnicos de Villafuel y Koldo García, quien hizo las presentaciones". En dicha reunión, se informó a Claudio Rivas del procedimiento y requisitos para obtener la licencia. "La competencia para la concesión de la licencia no era del Ministerio de Industria sino del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, a través de la Dirección General de Política Energética y Minas. No consta que se realizaran gestiones en el Ministerio competente para la concesión de la licencia".8. El chalé en La AlcaidesaCon ocasión de la gestión para la concesión de dicha licencia, Aldama se había comprometido a la compra de un chalé para que lo lo disfrutase Ábalos. Así "este escogió" un chalé en la urbanización La Alcaidesa, en la gaditana Línea de la Concepción, pero el inmueble lo compró Leonor González Pano, administradora de la mercantil Have got Time, controlada por Claudio Rivas, pactándose un precio de compra de 585.000 euros.PublicidadPosteriormente, el 1 de julio de 2021 la administradora firmó un contrato de alquiler con Ábalos, con opción a compra, por una periodo de cinco años y una renta mensual de 2.500 euros. El precio de compraventa se fijó en 665,000 euros. Ábalos pagó 7.500 euros en concepto de fianza equivalente a dos meses de renta, "no abonando cantidad alguna con posterioridad". Tras el cese de Ábalos en julio de 2021 al frente del Ministerio y "temiendo Claudio Rivas que la licencia no fuera concedida, ordenó a Leonor González Pano que reclamara las rentas, ya que José Luis Ábalos seguía siendo poseedor de la vivienda sin pagar renta alguna. Cuando el 9 de diciembre de 2021 se denegó la licencia, Claudio Rivas ordenó la resolución del contrato, llevándose a cabo por acuerdo de las partes el 9 de enero de 2022".9. Salvoconductos y certificados de movilidadLa organización constituida también realizaba otras actividades, en ocasiones, "en interés y beneficio de personas favorecidas por sus actividades". De este modo, se emitieron por parte del gabinete del ministro Jos é Luis Ábalos certificados de movilidad durante el estado de alarma declarado por la pandemia."Las personas en cuyo favor se emitieron los permisos de movilidad fueron, al menos, las siguientes, todas ellas con pasaporte venezolano: Alejandro Jes ús Ceballos Jim énez y Carlos Alfonso Guill én Salcedo, con reuniones fijadas para el d ía 30 de marzo de 2021; y Samuel S ánchez Boada y Katherine Gabriela del Valle Rodr íguez Mart ínez, cuyas reuniones se se ñalaron para el d ía 9 de abril de 2021. No se ha probado que se emitieran para otras personas, y tampoco ha quedado probado que tales reuniones no se llevaran realmente a efecto", agrega la resolución.Publicidad10. No llegó a producirse el aplazamiento del pago de la deuda de una de las empresas de AldamaLa sentencia recoge que en junio de 2020, Aldama se reunió con Carlos Moreno, entonces jefe de gabinete de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El encuentro, fraguado por Koldo "con conocimiento de Ábalos", perseguía el aplazamiento de una deuda con Hacienda de la mercantil Pilot Real State, administrada por el propio Aldama. El empresario llevaba tiempo intentando conseguir un aplazamiento de deuda para intentar salvar la compañía. Sin embargo, no lo conseguía al no poder ofrecer un aval, requisito necesario para poder acceder a este aplazamiento. "Carlos Moreno, sin competencias directas sobre esta cuestión, trasladó la petición al asesor del gabinete de la ministra, Ignacio Granados, inspector de Hacienda. Sin embargo, no llegó a producirse aplazamiento de deuda alguna de esta sociedad".11. Actuación en la causa de Víctor de AldamaSegún la setencia, Víctor de Aldama ha proporcionado "datos fácticos relevantes" a la causa, que han permitido "su estudio y confirmación por la instrucción judicial". La resolución incide en la aportación por parte del empresario procesado de "documentación sobre viajes, ingresos económicos a los otros acusados y contratos de arrendamientos de inmuebles referenciados en los anteriores hechos, que han sido objeto de análisis y pericia para corroborar sus manifestaciones, reconociendo su participación en los hechos y afirmando las de los otros acusados". No obstante, a lo largo de su "colaboración", Aldama también ha disfrazado de pruebas otras acusaciones infundadas o, al menos, sin el suficiente valor probatorio.