El gobernador de Florida, Ron DeSantis, defendió el centro de detención Alligator Alcatraz y volvió a reclamar al gobierno federal el reembolso de los fondos invertidos en este sitio destinado a inmigrantes ilegales, que alcanzan los 600 millones de dólares. Parte de ese dinero ya estaría siendo recibido por el estado.El complejo se levantó en una zona remota de los Everglades y forma parte de una estrategia estatal vinculada al control migratorio. Sin embargo, documentos presentados recientemente ante la justicia indican que el dinero federal podría no llegar, según informó WUSF.El propio estado reconoció en una presentación judicial que asumió el riesgo de gastar esos fondos sin tener una garantía de reembolso. El gobierno de Florida envió la primera solicitud de compensación al gobierno federal en septiembre de 2025.El monto en juego sería mayor si se consideran otros programas relacionados con el control migratorio. Durante una audiencia ante el Senado estatal, realizada en febrero, el director del Departamento de Gestión de Emergencias, Kevin Guthrie, explicó que Florida también espera otro reembolso cercano a los 250 millones, informó WUSF.¿Por qué construyeron el centro de detención?Ahora, DeSantis volvió a la carga. Durante una conferencia de prensa dijo que el centro Alligator Alcatraz se había establecido porque las autoridades federales carecían de suficiente capacidad de detención en medio del aumento de las operaciones de control migratorio.Afirmó que más de 20.000 personas han pasado por el centro de detención, cuyo objetivo era albergar temporalmente a los migrantes arrestados durante operaciones realizadas por ICE."No teníamos dónde alojar a estas personas. El Departamento de Seguridad Nacional no tenía dónde ubicarlas. En cuanto tengan capacidad en otro lugar, perfecto. Adaptaremos nuestras operaciones en consecuencia", dijo el gobernador a la cadena de televisión Fox 35. Agregó que "ya estamos viendo cómo empiezan a llegar los reembolsos".Desde el gobierno mantienen cierto optimismo. El fiscal general de Florida, James Uthmeier, sostuvo que existen razones para creer que el reembolso total llegará. Según indicó, el centro de detención fue aprobado dentro de una delegación federal y el propio presidente Donald Trump participó en su inauguración."Creo que el estado recibirá un reembolso considerable de esos costos, dado que recibimos una delegación del gobierno federal. Fue aprobado. El presidente estuvo presente en la gran inauguración", dijo Uthemeier.Las instalaciones se convirtieron en un eje fundamental de la ofensiva migratoria republicana después de que los funcionarios estatales ampliaran la cooperación con las autoridades federales.Las polémicas sobre la construcción y el funcionamiento de "Alligator Alcatraz"DeSantis ha declarado que estas instalaciones representan el esfuerzo más amplio de Florida por asumir un papel de liderazgo en la aplicación de la ley en materia de inmigración, trabajando en conjunto con las agencias federales para detener y procesar a los migrantes.El centro de detención enfrentó múltiples demandas judiciales. Una de ellas proviene del ámbito conservacionista. La organización ambiental Friends of the Everglades, junto con otros grupos y la Tribu Miccosukee demandaron al estado porque sostiene que las instalaciones se construyeron sin cumplir normas ambientales federales.La demanda se basa en la Ley Nacional de Política Ambiental, que exige estudios de impacto ambiental y consultas públicas antes de desarrollar proyectos de gran escala.Otra nueva demanda es todavía más severa. En ella, se sostiene que se están vulnerando derechos amparados por la Primera Enmienda de la Constitución. Según los abogados, los detenidos enfrentan restricciones significativas para comunicarse con sus representantes legales. Entre los señalamientos figuran la exigencia de solicitar visitas con al menos tres días de anticipación, a diferencia de otros centros donde los abogados pueden presentarse durante horarios de visita, y traslados repentinos de detenidos a otras instalaciones incluso después de que las visitas ya habían sido programadas.Miles de documentos surgieron durante el proceso judicial. Algunos registros indican que el gobierno federal suspendió el posible financiamiento a fines del año pasado, aunque todavía no habría tomado una decisión definitiva.