El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha anunciado este jueves que Alligator Alcatraz, el infame centro de detención para inmigrantes en los Everglades, al oeste de Miami, ha sido desmantelado. No obstante, también ha asegurado que el Estado continuará impulsando la agenda migratoria de la Administración de Donald Trump. En una conferencia de prensa junto a Tom Homan, el zar de la frontera del presidente Donald Trump, en el Aeropuerto Dade-Collier de Entrenamiento y Transición, el sitio donde hace un año se levantó el centro de detención, DeSantis defendió la iniciativa como exitosa. Insistió en que había cumplido “la función para la que fue diseñado”. “Los trabajos para desmovilizar y desmontar la instalación ya están en marcha”, señaló. ”Hoy el centro ya no tiene ningún detenido”, pero los que estaban ahí “siguen bajo custodia federal”. DeSantis sostuvo que el centro, donde aseguró que fueron “procesadas” 21.000 personas, había sido concebido para apoyar de forma temporal al Gobierno federal. Ahora que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ya cuenta con los recursos para hacerse cargo de los detenidos, no es necesario. De todas formas, el Estado seguirá colaborando con las autoridades federales a través de los acuerdos 287(g) y albergando inmigrantes en el centro de detención Deportation Depot, en el condado Baker, al norte del Estado, apuntó. DeSantis dijo que la creación de Alligator Alcatraz formó parte de un esfuerzo de Florida para respaldar la política migratoria de Trump, que continuará su curso. Florida se colocó a la vanguardia nacional como el Estado con más acuerdos de cooperación entre policías locales y agencias migratorias federales del país. El gobernador señaló que el 40% de los arrestos migratorios realizados bajo este programa corresponden a Florida. “Si esta instalación no hubiera existido, no habría habido un lugar donde mantener a estas personas mientras esperaban su deportación. Habrían sido devueltas a las calles. Esto, en última instancia, no tengo ninguna duda de que salvó vidas”, agregó DeSantis. El cierre pone fin a una de las iniciativas más controvertidas y emblemáticas de la ofensiva antiinmigrante de la Administración Trump, que ha sido objeto de demandas judiciales y denuncias de violaciones de derechos humanos. Desde su apertura, organizaciones de derechos humanos, abogados y legisladores denunciaron malas condiciones, abusos contra los detenidos, falta de acceso legal y deficiencias en la atención médica. El Gobierno ha negado las acusaciones. Según registros oficiales, la mayoría de los inmigrantes recluidos no tenía antecedentes criminales. Homan, el zar de la frontera, por su parte, defendió la agenda migratoria de la Administración Trump e insistió en que se mantendrá la aplicación estricta de las leyes migratorias. “Quiero dejar algo claro: si usted está en el país ilegalmente, no está fuera de nuestro alcance”, dijo. “Si el mensaje que queremos enviar al mundo es que se puede entrar ilegalmente a este país, recibir una orden de deportación de un juez y aun así quedarse mientras no se cometa otro delito, nunca vamos a resolver este problema. Por eso vamos a seguir haciendo cumplir la ley y vamos a seguir registrando cifras récord de arrestos y deportaciones. Esto es por lo que votó el pueblo estadounidense, y eso es lo que vamos a seguir haciendo”, agregó.Homan arremetió contra las críticas que señalan ciertas prácticas de las autoridades de inmigración como “inhumanas”. “Estoy cansado de que los medios digan lo inhumana que es esta Administración. Una frontera segura es lo más humano que se puede hacer”, dijo, y vinculó la reducción de la inmigración irregular con menos muertes y abusos de migrantes.El cierre se produce en medio de revisiones de la estrategia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tras el despido de Kristi Noem en marzo y bajo la nueva jefatura de Markwayne Mullin, como parte de un esfuerzo por bajar el perfil del departamento, sin modificar el objetivo de las deportaciones masivas de Trump. Recientemente el DHS frenó una iniciativa para la compra de almacenes para convertirlos en centros de detención y optó por utilizar otras instalaciones disponibles. Alligator Alcatraz fue levantado en apenas ocho días en junio de 2025 con carpas de lona, trailers, baños y generadores portátiles sobre la antigua pista de aterrizaje en medio de los humedales de los Everglades que se usaba para entrenamientos de pilotos. DeSantis declaró un estado de emergencia para apoderarse del sitio, que pertenecía al condado Miami-Dade, y echar mano a los fondos estatales de emergencia para huracanes para construirlo. El Estado gastó cientos de millones para financiar la construcción, con la promesa de un reembolso federal de 600 millones de dólares. El costo de las operaciones superó el millón de dólares diarios, mucho más del estimado inicial. DeSantis dijo el jueves que el reembolso se había demorado por asuntos “burocráticos” pero se mostró confiado en que llegaría. El centro bautizado con el siniestro nombre de Alligator Alcatraz —Alcatraz de los Caimanes— fue inaugurado con gran fanfarria con una visita de espaldarazo de Trump y Noem a principios de julio del año pasado, en la que inspeccionaron las celdas de alambre que parecían jaulas, con literas y baños portátiles. El centro llegó a albergar unos 1.400 detenidos durante la mayor parte del año, pero durante el último mes, los inmigrantes fueron trasladados discretamente, a menudo durante la noche y sin notificar a los familiares y abogados hasta días después. El lugar quedó vacío hace poco más de una semana, según familiares de detenidos y abogados de inmigración. Después de que reportes de prensa revelaron el mes pasado que el sitio sería desmantelado, el gobernador mantuvo un mutismo casi absoluto, limitándose a decir que la instalación había sido concebida desde el inicio como una solución temporal. El ICE dijo la semana pasada que el traslado de detenidos respondía a medidas de seguridad ante el inicio de la temporada de huracanes. Los defensores de inmigrantes señalaron con escepticismo que el centro había funcionado durante la temporada ciclónica anterior sin interrupciones, y señalaron que respondía más bien a la creciente presión pública. El centro se convirtió en un símbolo de la crueldad contra los inmigrantes de la Administración Trump. Organizaciones de derechos humanos documentaron condiciones inhumanas y tratos a los detenidos equivalentes a “tortura”. Amnistía Internacional documentó denuncias de que algunos detenidos eran confinados como castigo en una pequeña estructura metálica conocida como “la caja”, encadenados a la intemperie. Los detenidos han denunciado deficiencias en la atención médica, baños desbordados, falta de agua potable, mala alimentación y dificultades para comunicarse con sus abogados. El congresista demócrata Maxwell Frost visitó el sitio en mayo y lo calificó como un “experimento fallido de sufrimiento humano” y sostuvo que las autoridades deben rendir cuentas por el trato a los inmigrantes.Los detenidos por motivos migratorios enfrentan un proceso civil, no penal. No obstante, algunos que han estado detenidos por meses han recurrido a los tribunales federales con peticiones de habeas corpus como último recurso para su liberación. El centro es objeto de varias demandas federales. Grupos ambientalistas y la tribu Miccosukee demandaron alegando que la instalación fue levantada sin las revisiones ambientales necesarias en una zona ecológicamente sensible de los Everglades. Un tribunal les dio la razón y ordenó desmantelar el sitio, pero el Gobierno apeló. Los registros muestran que, para recibir el reembolso del Gobierno federal, el centro debía cumplir con inspecciones medioambientales que no se completaron. Abogados de los grupos medioambientalistas han afirmado que seguirán con el litigio.Activistas y grupos de defensa de los inmigrantes han celebrado el cierre, pero han exigido investigaciones y rendición de cuentas. Noelle Damico, de Workers Circle, que organizó vigilias todos los domingos a las afueras del centro, dijo que “lo más importante ahora es que las personas responsables respondan por el daño que se causó”.