Acaba el curso escolar y de cara a la vuelta al cole, en el mes de septiembre, puede suceder que alumnos -y sus padres- descubran que no habrá un servicio de ruta para llevarlos y traerlos a sus colegios públicos. Nada más cerrar hasta el curso que viene y a más de dos meses de que vuelvan a empezar las clases en provincias de Castilla-La Mancha, País Vasco o Andalucía, las pymes de los autobuses que tradicionalmente prestan el servicio de transporte escolar se han plantado ante sus respectivos gobiernos regionales y se niegan a renovar unos contratos que denuncian que no cubren los costes reales. Es un aviso a navegantes, advierten en el sector, porque apenas quedan un par de años para que venzan concesiones en la Comunidad de Madrid, Cataluña o Comunitat Valenciana y sobre sus colegios públicos también se cierne el riegos de no tener ruta escolar si no se ajustan los presupuestos.Según enumeran fuentes del sector, de momento esta situación es más real en las tres provincias del País Vasco, donde en el curso que acaba ahora hubo rutas que no se renovaron por el bajo precio que ofertaba el gobierno vasco, con condiciones idénticas a las que ha vuelto a presentar a las empresas concesionarias para el curso que viene. En la provincia de Jaén, el 98% de las rutas para el curso 2026-2027 de momento están "desiertas" "y no se sabe cómo se van a realizar". En Castilla-La Mancha, la asociación Direbús ha recurrido dos lotes de las rutas en las provincias de Albacete y Ciudad Real, porque para fijar un coste el gobierno regional tomó como referencia los precios de 2014-2017, es decir, de hace más de una década."Si las condiciones de contratación son totalmente desfasadas, cómo se puede entender que los operadores se comprometan a que haya transporte escolar en el curso siguiente", se preguntan fuentes del sector. "Es imposible", responden a continuación sobre una situación de la que queda fuera la comunidad educativa, colegios y padres, que en algunos casos "va a llegar el 6 de septiembre, preguntarán si pasa la ruta y no pasará". En estos momentos el sector del autobús y sobre todo las pymes, que son las que mayoritariamente hacen las rutas escolares, no saben a quién reclamar. Por tratarse de un servicio de transporte, empezaron llamando a las puertas del Ministerio de Transportes, que les envió al de Educación, puesto que de colegios y alumnos se trata. A su vez, el departamento que actualmente dirige Milagros Tolón les remitió a los distintos gobiernos autonómicos, puesto que la Educación es una competencia transferida y son ellos los que negocian y firman las licitaciones para que en sus colegios públicos haya rutas.Según el INE, en el curso 2024-2025, hubo 222 millones de desplazamientos de alumnos de colegios públicos en rutas escolares, en una actividad sin siniestralidad -"cero fallecidos en 15 años, subraya Direbús- y que permite la "conciliación" a padres y madres trabajadoras, que se 'ahorran' tener que llevar y recoger a los hijos del colegio. Al contrario que el comedor escolar, las rutas en los colegios públicos son gratuitas para las familias. Es una actividad que en el 90% de los casos desempeñan pequeñas y medianas empresas de autocares que en zonas donde no hay mucho turismo o grandes centros de trabajo -es decir, rutas laborales- tienen en el transporte de los alumnos su principal fuente de ingresos. Cerrar un contrato para ello supone destinar un vehículo -cuando los pliegos no exigen otro más de respuesto como ocurre en algunas comunidades- y un conductor, consagrados a un servicio que, en carretera, puede ocupar entre tres o cuatro horas de todo el día. Por lo general, los contratos entre administraciones y empresas de autobús se firman por periodo de dos o tres cursos, prorrogables otros dos años más y con unos coste calculado, dicen en el sector, muy por debajo de lo que cuesta ofrecer este servicio y sin actualizar. El caso más sangrante tiene que ver con la guerra en Irán, que este año ha encarecido notablemente los costes de transporte, que no contemplan contratos actualmente en vigor o los que se están negociando en provincias con problemas para renovar las rutas para el curso que viene. Por eso, comunidades que en estos momentos tienen vigentes contratos que se firmaron hace dos o tres años, como Comunidad de Madrid, Cataluña o Comunitat Valenciana, dentro de poco tendrán que renovarlas y se verá si son capaces de ofrecer un 'precio justo'.Para canalizar las demandas de las empresas de este sector, el año pasado se creó la Comisión Nacional de Operadores de Transporte Escolar que pide queda fuera del Observatorio de Costes del Transporte Discrecional y uno propio exclusivo del transporte escolar, que arroje costes más ajustados a su actividad y que sea vinculante para todas las administraciones.También en términos de costes, quieren se tratados como el sector de la construcción y otros servicios especiales y que sus precios también estén indexados y se adapten a "situacione sobrevenidas" sobre las que no tengan ninguna responsabilidad.Rutas también para alumnos de 17 añosSi de actualizar se trata, el sector del transporte escolar está también haciendo por renovar la ley que regula su actividad, que es de 2001, de hace 25 años. Hacerlo supondría revisar cuestiones que también se plantean en medio de los colegios, como el hecho de que las rutas escolares solo sean gratuitas para menores de 16 años, cuando hay colegios que también imparten bachillerato, hasta los 17-18 años. En este caso, los alumnos tienen que pagar por la ruta como si se tratara de una excursión.Por otra parte, los operadoes de transporte escolar rechazan algo que muchos ayuntamientos y gobiernos autonómicos ven como un gran avance en zonas despobladas, las llamadas "rutas integradas", que los autobuses que transportan alumnos puedan 'rellenar' el pasaje con otro tipo de viajeros. Aluden a la Ley de Protección del Menor que entró en vigor en 2021 -cuando 'su' ley llevaba 20 años vigente- y señalan que de la misma manera que una persona no puede entrar libremente a un aula o incluso a un colegio, tampoco debería poder acceder sin más a un espacio donde hay menores y que son una "prolongación del aula" como los autobuses de ruta. "No deben viajar más personas que un conducutor y acompañantes, que deben presentar certificados penales". La persona que coge un autobús puede "llevar un arma o ser un agresor sexual", advierten.Con todos estos elementos, las empresas de las rutas escolares ven muy necesaria una actualización de las normas con las que trabajan, en un contexto que en estos momentos calificadan de "decepcionante". No se sienten escuchados ni en el Gobierno central ni en las comunidades y tampoco en el Congreso. Hace unos meses, recurrieron a los grupos parlamentarios para, como hicieron en la Ley de Movilidad Sostenible, poder hacer una sesión informativa en la comisión de Educación de la Cámara Baja. Tras contactos previos con PP, PSOE y Vox que les trasladaron que entendían sus demadas. También se han reunido con ERC y el Grupo Mixto. Se acordó solicitar la sesión informativa, que de momento se ha frustrado después de una reunión previa con la Mesa de la comisión parlamentaria y no tiene fecha. "Mientras tanto, rutas escolares desiertas para septiembre y los operadores haciendo un servicio esencial por debajo de costes y con una normativa de hace 25 años", lamentan en el sector.