Los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se han marchado de las calles del centro de Ciudad de México. El Gobierno ha cerrado en las últimas horas algunos acuerdos con los grupos de Oaxaca, Guerrero y la capital para garantizar el fin de las movilizaciones. Esta lista incluye un fondo de 800 millones de pesos para los profesores de Oaxaca, así como estímulos y bonos para los maestros jubilados. Sin embargo, en el tintero se ha quedado una propuesta crucial de los docentes: las pensiones. Los maestros y el Gobierno mexicano no han conseguido llegar a un acuerdo ante la demanda del magisterio para que sus jubilaciones vuelvan a ser garantizadas al 100% por el Estado. Este ha sido el punto más sensible de las negociaciones que se celebraron durante las últimas semanas, e incluso la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha reconocido que la petición no es viable debido al estado de las finanzas públicas y la estructura que el largo plazo necesitaría el Gobierno para seguir cubriendo esta prestación. Los maestros de la CNTE son trabajadores del Estado mexicano, por lo que están amparados por la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Esta norma, en materia de pensiones, fue reformada en 2007 y dejó dos opciones de jubilación a los profesores: el décimo transitorio, en el que el monto de la pensión se calcula con base en su sueldo en el último año de trabajo; y cuentas individuales gestionadas por una Administradora de Fondos para el Retiro (Afore), donde la pensión está compuesta por el ahorro que el profesor logre acumular durante su carrera y sus rendimientos a lo largo de los años. A casi 20 años de aquella reforma, los miembros de la CNTE buscan que sus pensiones sean como en el décimo transitorio, ya que consideran que el sistema de Afores no es suficiente. “En un sistema de cuentas individuales, la pensión depende del monto que cada persona acumula en su cuenta individual durante su vida laboral. Anteriormente, existía un sistema de reparto en donde todas las contribuciones de todos los trabajadores se metían en una bolsa y de ahí se tomaba el dinero para pagar cada pensión. También existían, en el caso la ley del ISSSTE, condiciones muy generosas de jubilación, jubilación por años de servicio sin importar la edad, por ejemplo, y eso hacía que mucha gente se pudiera jubilar muy joven”, explica Ricardo Velázquez Leyer, académico del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana. El monto de la pensión de los maestros, independientemente del esquema por el que se hayan jubilado, es variable y depende de la plaza que ocupen, los ascensos a lo largo de su carrera, así como de la extensión de su vida laboral. Aunque los profesores son trabajadores estatales, sus condiciones de retiro a lo largo de los años han sido distintas a las de otros gremios que también trabajan para el Gobierno. En una buena parte este diferencial se ha obtenido a través de demandas sindicales que se han negociado por separado con cada grupo. “Un ejemplo clarísimo es Pemex. La modificación de las pensiones doradas fue porque el esquema de Pemex te permitía tener esas grandes pensiones”, apunta Moisés Pérez Peñalosa, fundador y director general de Yo Jubilado, una empresa de consultoría en retiro. El consultor estima que existen alrededor de 3.000 modelos de pensiones vinculados al sector público, que van desde las empresas estatales hasta las universidades. En el punto más álgido de las negociaciones con la CNTE, Sheinbaum reconoció las dificultades que implican para su Gobierno modificar el sistema de pensiones. “Es muy complejo derogar esa ley”, mencionó la mandataria el 9 de junio, dos días antes del arranque del Mundial de fútbol en Ciudad de México y cuando las calles de la capital se encontraban colapsadas por las protestas magisteriales. La presidenta ha señalado que desde el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), su antecesor, se creó el Fondo de Pensiones para el Bienestar que sirve para nivelar las jubilaciones que, por diversos factores, resultan muy bajas para los maestros jubilados. Además, aseguró que su Administración estaba trabajando en fortalecerlo y para robustecer a PENSIONISSSTE, la Afore dedicada al resguardo de las jubilaciones de los trabajadores públicos. Sheinbaum se ha aventurado, en una conferencia matutina, a ejemplificar el caso de un profesor que hipotéticamente gana unos 17.000 pesos mensuales —el sueldo promedio en México es de 15.000 pesos mensuales— pero que en su cuenta individual de Afore solo cuenta con recursos para jubilarse con 4.000 pesos al mes. La presidenta ha asegurado que existen el Fondo del Bienestar y otros elementos de respaldo que garantizan que ese docente pueda seguir recibiendo los mismos recursos que en sus últimos años de trabajo. Los maestros han cuestionado el ejemplo de Sheinbaum frente a los cambios políticos del país, dado que la reforma de la Ley del ISSSTE ocurrió cuando otras fuerzas políticas estaban en el Gobierno. El camino que la CNTE propone para volver al esquema de pensiones anterior es considerado como poco viable tanto para el Gobierno como para los expertos. “El tema es de dónde van a salir recursos consistentemente para tantos millones y por tantos años. Creo que no es tan realista y viable un esquema de ese estilo”, añade Pérez Peñalosa, de Yo Jubilado. Velázquez Leyer, de la Universidad Iberoamericana, indica que ciertos ajustes a las leyes de pensiones podrían mejorar los términos en los que los profesores se jubilan: “Elevar las contribuciones de los empleadores y reducir el número de semanas que requieren los trabajadores para poder pensionarse. Ese tipo de medidas, de reformas paramétricas no estructurales, podrían también considerarse y analizarse para la ley del ISSSTE”.
La asignatura pendiente de los maestros de la CNTE: el futuro de las pensiones
Los docentes se marchan de Ciudad de México con una lista de tibios acuerdos en los que no figuran las jubilaciones
La CNTE cerró protestas con acuerdos parciales pero su demanda de pensiones garantizadas al 100% quedó sin resolver por limitaciones fiscales. El desacuerdo refleja tensiones estructurales que impactan costos laborales y estabilidad operativa en el mercado mexicano.















