La idea de que la esposa del presidente del Gobierno de España puede fugarse del país con ayuda de su escolta policial para eludir la acción de la justicia sería un despropósito incluso como chiste. Este sábado, el juez Juan Carlos Peinado la puso por escrito para justificar la retirada del pasaporte a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, además de la prohibición de salir del territorio nacional y la obligación de presentarse dos veces al mes en el juzgado. Son medidas cautelares que han pedido las acusaciones populares, lideradas por asociaciones ultraderechistas y el partido Vox, y que Peinado considera adecuadas para evitar el supuesto riesgo de que Gómez huya de España, tras solicitar la apertura de juicio oral contra ella por cuatro delitos relacionados con el tráfico de influencias. El juez Peinado concluye así una instrucción de más de dos años que le ha proporcionado un enorme protagonismo mediático y cuya motivación política ha sido cuestionada desde el día uno. Peinado abrió la causa contra Gómez en abril de 2024 a partir de una denuncia de la asociación ultraderechista Manos Limpias basada, en contra de la doctrina del Supremo, en informaciones de prensa, algunas demostradas falsas. Fue aquella decisión la que provocó los cinco días de “reflexión” de Sánchez en los que afirmó que se planteaba dimitir.Con ese punto de partida, la instrucción ha sido alargada y extendida en su alcance con el propósito de probar que Gómez utilizó su posición como esposa de Sánchez para influir en ayudas a empresas. Junto con ella están encausados y deben ir a juicio su asesora en La Moncloa y el empresario Juan Carlos Barrabés. Durante la instrucción, Peinado ha forzado interrogatorios como testigos al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y al propio presidente del Gobierno, una extravagancia procesal sin repercusión conocida en la causa más allá de su impacto mediático.Peinado ha seguido adelante a pesar de que la Audiencia Provincial le advirtió de la debilidad de las sospechas, le ha corregido varias imputaciones, le ha anulado un registro y le ha vetado varias líneas de investigación por basarse en conjeturas. Cuando pidió al Supremo imputar a Bolaños, este le aplicó un contundente correctivo por no aportar “ni un mínimo respaldo indiciario”. Sin embargo, en todo este tiempo no se ha pronunciado el Consejo General del Poder Judicial, el órgano disciplinario competente, a pesar de acumular quejas contra Peinado.Toda la instrucción que ahora termina ha estado teñida de desproporción, buscando la máxima repercusión mediática, y carente de la ecuanimidad y la templanza que el ciudadano espera de la justicia. El contraste es llamativo con la actuación del juez José Luis Calama, que esta semana ha rechazado esas mismas cautelares en su investigación contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.El juez Peinado, de 71 años, debe jubilarse en septiembre. Tal vez aspira a ser recordado por haberle quitado el pasaporte a la esposa del presidente del Gobierno. Por el camino, ha dado alas a quienes acusan frívolamente a la justicia en su conjunto de motivaciones políticas, ha creado precedentes argumentales estrambóticos que serían aplicables a todas las parejas de altos cargos en España, y ayer insultó la profesionalidad de la Policía. El resultado es haber enviado a Gómez al banquillo, como querían quienes han jaleado la actuación del juez, y además con jurado, un escenario incompatible con el supuesto daño causado. Pero el destrozo que se ha hecho al prestigio de la justicia para llegar hasta aquí lo tienen que arreglar otros.