La controversia judicial en torno a la renovación de autoridades del PRO Córdoba, realizada a fines de marzo, se resolvió luego de que la Justicia Electoral ratificara los resultados de los comicios.
El eje del conflicto giró alrededor del cumplimiento de la Ley de Paridad de Género, una exigencia que alcanza no sólo a las candidaturas electorales sino también a los órganos internos de los partidos políticos.
Las autoridades fueron elegidas el 29 de marzo, proclamadas el 7 de abril pero recién ahora podrán asumir, luego de que el Juzgado Federal con Competencia Electoral N°1 de Córdoba verificara si la integración de los distintos organismos partidarios se ajusta a la normativa vigente.
La situación escaló luego de que la propia Secretaría Electoral advirtiera, mediante un informe emitido el 1 de junio, que varios órganos del partido no respetaban los criterios de paridad previstos por la Ley 27.412 y su decreto reglamentario. Como consecuencia de esa observación, el tribunal otorgó un plazo de cinco días para subsanar las irregularidades detectadas.
El punto de conflicto
