El debate por las reglas de juego para llegar a la cima del Poder Judicial sumó un nuevo capítulo. Luego de que el Poder Ejecutivo modificara por decreto las condiciones de selección y postulación de los magistrados de la Corte Suprema, el asesor presidencial, Santiago Caputo, quien apeló a las redes sociales para fijar la postura inflexible del Gobierno. La Argentina tiene un montón de problemas institucionales derivados de la falta de compresión de la clase política de las instituciones básicas del sistema republicano", arrancó el asesor, para luego apuntar directo al corazón de la norma creada en 2003: "El decreto 222 era una de esas anomalías institucionales que se fabrican so pretexto de conceptos como la transparencia para no afrontar el problema de fondo". Para Caputo, las instancias previas de impugnación ciudadana ante el Ministerio de Justicia que eliminó la nueva reforma eran redundantes. Según su argumento, el verdadero filtro democrático ya existe y está en el Congreso: "El método de nombramiento y designación de jueces ya cuenta con un proceso de transparencia y participación ciudadana. Son las audiencias públicas que se realizan en el Senado de la Nación en donde se encuentra el pueblo de cada provincia representado".