El tablero judicial está en pleno movimiento. Y por cómo se mueven las piezas, queda claro que se trata de una estrategia que busca cubrir vacantes en lugares clave como son los juzgados federales y la Corte Suprema. Mientras el Máximo Tribunal sigue funcionando con apenas tres integrantes y el Gobierno no logra cubrir los cargos vacantes, la Casa Rosada puso en marcha un nuevo mecanismo para designar Jueces federales que elimina instancias de participación ciudadana. El estreno del decreto 467/2026 coincidió con la publicación de candidatos para ocupar cargos centrales en Comodoro Py, incluida la Cámara Federal, el tribunal que revisa las principales causas de corrupción. Organizaciones civiles denuncian un retroceso democrático y advierten que, bajo el argumento de agilizar los nombramientos, el Ejecutivo busca ganar influencia sobre posiciones clave del sistema judicial. El jueves de la semana pasada, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial los nombres de los candidatos para ocupar 10 cargos en la Justicia federal: por primera vez se implementó lo que estipula el decreto 467/2026. El “estreno” del decreto cuestionado se dio con la publicación de los nombres de los candidatos a dos de los seis cargos de camaristas federales en Comodoro Py y cuatro cargos en la Cámara en lo Civil y Comercial Federal.