El juez Juan Carlos Peinado dict� ayer un auto demoledor contra la esposa del presidente del Gobierno, con el que pone fin a una investigaci�n abierta en abril de 2024. El magistrado del Juzgado 41 de Madrid env�a a Mar�a Bego�a G�mez Fern�ndez al banquillo para responder por cuatro delitos: tr�fico de influencias, corrupci�n en los negocios, apropiaci�n indebida y malversaci�n de fondos p�blicos. Adem�s, le impone medidas cautelares que le impedir�n acompa�ar a Pedro S�nchez en viajes oficiales. Le retira el pasaporte, le proh�be salir del pa�s y le impone comparecencias quincenales en el juzgado.El auto de apertura de juicio oral se extiende a su asesora en La Moncloa, Cristina �lvarez, por los mismos cuatro delitos. Tambi�n env�a a juicio por los dos primeros al empresario Juan Carlos Barrab�s, que le ayud� a poner en marcha su c�tedra en la Complutense y para el que escribi� cartas de recomendaci�n en licitaciones p�blicas.El auto de apertura supone que Peinado da por concluida la instrucci�n del caso Bego�a y ordena su remisi�n a la Audiencia Provincial, competente para organizar el juicio ante un jurado. Que la vista oral llegue o no a celebrarse, y si lo es ante un jurado o un tribunal profesional, depende de la Secci�n 23 de la Audiencia de Madrid, que tiene a�n pendientes los recursos clave contra la decisi�n de Peinado de impulsar el juicio ante un jurado.La extensa resoluci�n, de 84 p�ginas, sostiene que Bego�a G�mez cometi� los delitos �aprovechando� su condici�n de esposa del presidente. El acceso de S�nchez al cargo es el punto en el que arranca el relato de hechos delictivos en el que el juez apoya la apertura de juicio oral.LA INVESTIDURA. �Tras la investidura de Pedro S�nchez se produce un cambio radical en la trayectoria de Mar�a Bego�a G�mez Fern�ndez�, afirma Peinado. Inmediatamente es contratada para dirigir el Africa Center del Instituto de Empresa (IE), una rama de la causa que la Audiencia no permiti� a Peinado investigar. En ese puesto contact� con el empresario Juan Carlos Barrab�s, que resultar�a clave en la siguiente fase.LA C�TEDRA. En 2020, Bego�a G�mez �impulsa una nueva l�nea de actividad profesional� en la Complutense, donde dirig�a un m�ster en fundrising. Tras reunirse con el rector de la UCM en La Moncloa, se crea una c�tedra extraordinaria en Transformaci�n Social Competitiva de la que ella es directora. Su financiaci�n llama la atenci�n del juez: �Se articul� mediante aportaciones de empresas de primer nivel que ten�an y siguen manteniendo v�nculos de diferente clase con la Administraci�n General del Estado y otras instituciones oficiales�. �La relevancia de este extremo�, insiste, �no se agota en la mera existencia de financiaci�n privada, sino en el contexto en el que esta se obtiene y en la posici�n singular desde la que se articula. En efecto, las aportaciones se producen en un marco en el que Bego�a G�mez, esposa del Presidente del Gobierno, proyectaba simult�neamente su posici�n institucional, su actividad acad�mica y sus relaciones con directivos y empresas con intereses o v�nculos con el sector p�blico�.Es ahora cuando recurre a Barrab�s, al que �pidi� ayuda� para desarrollar el m�ster dentro de la c�tedra. �Debe destacarse�, dice el auto, �la concurrencia de actuaciones que vinculan el desarrollo de los proyectos profesionales impulsados por Bego�a G�mez con la adjudicaci�n de contratos p�blicos en favor de empresas vinculadas al entorno empresarial de Barrab�s�, que dispara sus contrataciones p�blicas. Ella firm� cartas de recomendaci�n en favor de Barrab�s para licitaciones �promovidas por una entidad p�blica [Red.es] dependiente del mismo Gobierno que desde dos a�os antes presid�a su esposo�.EL 'SOFTWARE' FINANCIADO. Una vez en marcha la c�tedra y el m�ster, G�mez �mantuvo diferentes reuniones con altos cargos de grandes empresas� para financiar un software que sirviera como plataforma de medici�n de impacto social para pymes. Aceptaron aportar fondos empresas como Google, Telef�nica e Indra. En el caso de Google, la colaboraci�n se activ� tras coincidir Bego�a con uno de sus directivos en un acto del Partido Socialista, precedido por otro en La Moncloa. Por su parte, los responsables de Telef�nica e Indra reconocieron en su declaraci�n como testigos que su colaboraci�n con el proyecto de Bego�a G�mez no formaba parte de la actuaci�n �habitual� de sus empresas.LA APROPIACI�N. El siguiente paso delictivo relatado en el auto es la supuesta apropiaci�n indebida del software. Era, por ley, propiedad de la Complutense, pero Bego�a G�mez no culmin� el proceso para que eso fuera as�. �Consta, por el contrario, que la documentaci�n requerida por la Universidad Complutense para formalizar el procedimiento no fue finalmente remitida, sin que se ofreciera explicaci�n a tal omisi�n�. Al contrario: �Paralelamente a ese intento de encauzamiento universitario�, G�mez �fue asegurando el control privado sobre los elementos identificativos y de explotaci�n del proyecto�.La esposa del presidente cre� entonces una empresa de la que era administradora �nica y que llevaba el nombre de la c�tedra. Registr� la marca a su nombre y la p�gina web en la que estaba la plataforma era de su propiedad. Todo ello sin informar a la Complutense ni a las empresas que hab�an participado en la creaci�n de la plataforma. Con estas, adem�s, cort� bruscamente la relaci�n, una vez elaborado el software. El juez indica que exist�a una �evidente confusi�n� sobre la propiedad de la plataforma para cualquiera que accediera a la p�gina web y quisiera hacer uso de ella. El �ltimo informe de la UCO sobre el caso revela que la empresa de Bego�a G�mez lleg� a recibir un pago de uno de los usuarios registrados en la plataforma, que en teor�a era de la Complutense.El auto hace balance de la actuaci�n de la esposa del presidente del Gobierno: �De la secuencia cronol�gica expuesta resulta, indiciariamente, que Bego�a G�mez habr�a venido aprovechando su proximidad al Presidente del Gobierno para impulsar su proyecci�n profesional en el entorno de la Universidad Complutense de Madrid, obteniendo para ello una interlocuci�n singular con responsables de una universidad p�blica, con empresas patrocinadoras y con entidades del sector tecnol�gico, al tiempo que recababa apoyo, financiaci�n, colaboraci�n y respaldo institucional y empresarial para la creaci�n, desarrollo y expansi�n de la C�tedra Extraordinaria de Transformaci�n Social Competitiva y de los proyectos surgidos en su seno�.LA COLABORADORA. En todas la anterior actividad profesional privada de G�mez colabor� intensamente su asesora en La Moncloa, lo que lleva al juez a considerar que hubo una malversaci�n de fondos p�blicos, el delito con mayor pena de los que se imputan. Tanto interven�a Cristina �lvarez en tareas de la c�tedra que �era percibida por terceros no como mera asistente protocolaria de la esposa del Presidente del Gobierno, sino como persona integrada en el equipo de trabajo de la c�tedra y del proyecto tecnol�gico vinculado al software�.Las referencias a su actuaci�n son muy numerosas. Seg�n el auto, la asesora �aportaba al proyecto una apariencia institucional derivada de su posici�n en Presidencia del Gobierno, reforzando con ello la capacidad de captaci�n de apoyos, servicios, financiaci�n y legitimaci�n empresarial�.El juez recupera una afirmaci�n recogida en los autos recurridos ante la Audiencia de Madrid y de los que depende la celebraci�n del juicio: �No se trat� de actos aislados o de mera cortes�a institucional, sino de una dedicaci�n sistem�tica y continuada de la jornada laboral y los medios p�blicos de Cristina �lvarez al servicio de los intereses privados de Bego�a G�mez�.CAUTELARES. El juez ha acordado las medidas cautelares que hab�a reclamado la acusaci�n popular, coordinada por Hazte O�r, lo que supone que no podr� acompa�ar a Pedro S�nchez en los pr�ximos viajes oficiales. Retira a Bego�a G�mez el pasaporte, le proh�be salir del pa�s y le obliga a firmar en el juzgado 41 de Madrid cada 15 d�as.RECURSO. La defensa de G�mez, que ejerce el ex ministro socialista Antonio Camacho, anunci� ayer que recurrir� las medidas cautelares ante la Audiencia Provincial. Al margen de los casos de prisi�n provisional los tribunales son reacios a retocar la cautelares impuestas por los jueces de instrucci�n.RIESGO DE FUGA. El juez apoya su decisi�n en el riesgo de que G�mez decida sustraerse a la Justicia espa�ola, dado el riesgo de que, en caso de condena, deba ingresar en prisi�n. El ingreso es obligado si por alg�n delito individual se imponen m�s de dos a�os. No lo es -aunque el juez hace as� la cuenta- si solo se rebasa sumando la pena de varios delitos.�EF�MERO�. El juez rechaza que llevar escolta permanente impida esa fuga, indicando que los propios agentes podr�an colaborar en ella por orden �de sus superiores jer�rquicos�. A eso a�ade -y lo ve �especialmente trascendente�- que �la condici�n de actual Presidente del Gobierno de su esposo es algo ef�mero�. Si deja de serlo con ello se va la escolta, lo que facilitar�a la fuga.