Politóloga
Que el Perú residente en el exterior haya votado distinto al Perú que vive dentro del territorio nacional es una información que nos debe llamar a reflexionar. No implica solo dos experiencias distintas del país: implica también una fractura adicional sobre la fractura de siempre —la del Perú limeño contra el Perú de las regiones, la del Perú con opciones contra el Perú que carga las consecuencias—. El fujimorismo conoce bien esa geografía. En 2021 presentó 802 recursos de nulidad para anular votos del sur y el centro; en 2026 repite la fórmula con siete recursos contra Puno, y el JEE los declara infundados por insuficientes. No hace falta decirlo para que el lector lo vea.
Juntos por el Perú ha recurrido a los mecanismos institucionales disponibles para cuestionar resultados que considera irregulares. Los reclamos realizados merecen una evaluación seria, para el respeto del voto de todos. Y el hecho de que la ciudadanía haya financiado colectivamente las tasas que el partido no podía cubrir por sí solo no es un dato menor: dice algo sobre el tipo de apoyo que moviliza este proceso. Hay que decir también que los recursos declarados improcedentes en primera instancia no fueron derrotados en el fondo, sino en la forma, por falta de pago de tasas. Ahora, JP tiene la responsabilidad de sostener su reclamo con la solidez que la gravedad de la denuncia exige: no basta usar las herramientas del sistema, hay que usarlas bien.
