Dentro de las diez segundas vueltas más reñidas de la historia electoral reciente del mundo, el Perú ha conseguido colocar tres elecciones consecutivas. Para el observador internacional, el Perú se muestra —exóticamente— como un país profundamente inestable, rodeado de presidentes que caen fácilmente, gabinetes enclenques y escándalos políticos cotidianos. Y, sin embargo, nuestras segundas vueltas son consistentemente estables y testarudas, al punto de calcar geográficamente el mapa electoral con una precisión desconcertante. Si la primera vuelta fue dominada por decenas de proyectos políticos raquíticos e insignificantes, la segunda vuelta sigue siendo propiedad de dos formas antinómicas de entender el destino del país.Por un lado, aquellos que se consideran ganadores con el proyecto de las reformas de los noventa —promovidas por Alberto Fujimori— siguen, empedernida y electoralmente, enfrentados con aquellos que se consideran perdedores de ese orden político. La mayoría de nuestra costa norte y de Lima sigue apostando por defender ese modelo de relacionamiento político, sea por la agroindustria que les ha otorgado un mayor bienestar, sea por la memoria clientelar del fujimorismo. Mientras tanto, nuestra sierra sur —la región con más densidad política del país— sigue desafiando ese orden político que considera que la ha segregado y hasta perseguido: sea porque sus habitantes han ganado elecciones sin conseguir nunca conquistas reformistas, sea porque los silenciaron a punta de plomo y asesinatos en protestas como las de fines de 2022 y comienzos de 2023.Así que maticemos las interpretaciones maximalistas de la victoria de Keiko Fujimori. No es que el Perú haya girado a la derecha ni que el mandato de Keiko Fujimori sea evidencia de una reconfiguración social, menos aún si el margen final se acercará a los votos que podrían caber en el Estadio Nacional de Lima. Más aún si los clivajes interpretativos de la elección persisten en demostrarnos lo contrario. Lo más honesto sería concluir que determinados hechos políticos del último lustro lograron mover unas cuantas décimas de puntos porcentuales en el resultado, produciendo el espejismo de una elección en la que el winner takes it all. Quizá el caótico gobierno de Pedro Castillo y sus costos económicos para la clase trabajadora urbana consiguieron girar algunas decenas de miles de votos, lo suficiente para producir la ilusión de un giro a la derecha. Pero era una moneda que, tranquilamente, pudo caer del otro lado y que sólo favoreció a Keiko Fujimori —renuente a moderarse durante toda la segunda vuelta— porque se enfrentó a la más precaria coalición de izquierda que jamás haya corrido en una segunda vuelta en el Perú.Todas las alegorías para explicar cómo la historia política tiende a repetirse pueden aplicarse con docilidad al caso peruano. En la política peruana hay un eterno retorno heracliano, terco y obsecuente, que siempre nos devuelve sobre proyectos autoritarios con la puntualidad de un tren alemán. La dictadura de Velasco fue depuesta con el espejismo democrático de los ochenta, cuyas desprolijidades parieron la dictadura de Alberto Fujimori en los noventa, que acabaría con la transición de Paniagua, la cual, tras otro espejismo democrático, nos vuelve a arrojar a las manos del fujimorismo. Somos como Casandra porque podemos enunciar nuestras catástrofes con claridad meridiana, pero somos incapaces de evitarlas. Tragedias repetidas, sólo que con personajes cada vez más decadentes y menores, pálidas imitaciones de sus predecesores. La tragedia y farsa bonapartista de Marx nos permitiría describir a Keiko Fujimori como una versión insípida, antipática y raquítica de su padre, Alberto, y a Roberto Sánchez como una versión desangelada, escuálida y arribista de Pedro Castillo. Quizá esta condena es inevitable porque está gobernada por la concepción circular del tiempo en el mundo andino, sólo que, a diferencia de lo que sucede en aquella cosmovisión, no repetimos la historia para regenerarla sino simplemente para deteriorarla, sin resolver ninguno de los conflictos que subyacen a la trama.Adam Przeworski entendía la democracia como un método para procesar conflictos: las elecciones permiten que sociedades divididas decidan quién gobierna sin matarse. El drama peruano es que nuestras elecciones deciden ganadores, pero no administran el conflicto que los produce y que, por nuestros mapas electorales, se repite continuamente con una terquedad sistemática incluso para el más negacionista de las estructuras. Por eso, cada segunda vuelta en el Perú parece cerrar una crisis sólo para abrir la siguiente. O, mejor dicho, cada elección reciente no es más que la prolongación de la crisis, antes que una desviación. Son senderos que parecen bifurcarse, pero, como en el cuento de Borges, siempre terminan por converger en el mismo punto de partida: sea porque los actores políticos terminan transando patrimonialmente, olvidando sus banderas reformistas para convertirse en personajillos corruptos, como sucedió durante los gobiernos desde Alejandro Toledo hasta Pedro Castillo; sea porque deciden traicionar explícitamente a sus electores originarios, como sucedió durante el gobierno de Dina Boluarte, sin ninguna ambición histórica más que aparecer en la página de sociales de una revista limeña. Al elector peruano puede que no siempre se le traicione sólo con la infidelidad al plan de gobierno, pero irremediablemente se le traiciona con la coima.Keiko Fujimori nunca había tenido tantas opciones de llegar a la presidencia como al iniciar esta segunda vuelta. Por primera vez, las encuestas la daban empatada de salida con su rival —ella, que en todas sus campañas anteriores arrancó siempre perdiendo— y esa ventaja inédita se fue ensanchando con los días, hasta convencerla de que le bastaba con predicar a su propia parroquia sin moverse un milímetro. La apuesta fue temeraria y estuvo a punto de costarle todo, pues lo que parecía una ventaja cómoda se deshizo en la recta final y la dejó ganando por un suspiro. Sin embargo, muchos fujimoristas no entenderán esa victoria endeble de Keiko y la interpretarán como un mandato incontestable. En su narrativa maniquea de la historia política del Perú no habrá matices, pues el fujimorismo llega al poder renegando de todos sus aggiornamentos anteriores. Nada queda de aquella candidata contrita y en penitencia que peregrinó hasta una conferencia en Harvard para desmarcarse de los legados más nefastos de su padre, que iban desde las matanzas de estudiantes hasta las esterilizaciones forzadas. Ha pasado demasiado tiempo y demasiadas derrotas, y el fujimorismo ha dimitido por completo del revisionismo. El propio entierro de Alberto Fujimori, despedido con funeral de Estado y un baño de multitudes, le confirmó que los años del arrepentimiento habían quedado atrás. Y enfrente ya no estaba el antifujimorismo militante de antaño, sino un movimiento envejecido, liderado por cuarentones y cincuentones que descubrieron TikTok pocas semanas antes de la segunda vuelta. El cálculo de Keiko Fujimori fue: si la mayoría de los peruanos ya no me exige penitencia, ¿para qué seguir haciéndola? Además, como casi siempre, en esta segunda vuelta los grandes medios de comunicación y canales de televisión mostraron un patente respaldo hacia Fujimori, lo que le permitió pasearse por sets de señal abierta como si estuviera cómodamente en la sala de su casa, tomándose una taza de té. El establishment no le ha exigido nada a Keiko para rendirse sin condiciones.Keiko Fujimori seguramente se alineará con la mayoría de los gobiernos de derecha de la región. Pero el fujimorismo contemporáneo no apuesta por un quiebre cultural dramático como muchos otros proyectos de la nueva derecha latinoamericana. Durante los últimos años, el fujimorismo se ha proyectado como el movimiento social defensor del establishment social y económico; no es precisamente el mayor soldado de la batalla cultural. En ese sentido, nada tiene del seductor llamado populista de su padre. Muchos olvidan que, antes de Milei y Bukele, el profeta del neopopulismo de derecha fue Alberto Fujimori, quien necesitó destruir un viejo orden político para cimentar su legado.El viejo fujimorismo tenía una épica aterradora, pero épica al fin. Apareció como un animal descomunal de la crisis, prometiendo refundar el país sobre las ruinas de un Estado decadente para derrotar al terrorismo, aplastar la hiperinflación y levantar autoridad desde el colapso. Era un orden de guerra y de excepción, brutal, pero en movimiento: una fuerza que venía a cambiarlo todo porque todo se estaba cayendo. El de Keiko es, en cambio, la sombra de ese animal mitológico; conserva sus reflejos autoritarios, pero no su energía fundacional. No promete una revolución conservadora como la de Milei, ni una guerra cultural como la de Bolsonaro, ni tiene el brío carismático de De la Espriella. La paradoja del proyecto de Keiko Fujimori es que promete la ausencia de novedad. Donde el padre ofrecía levantar un orden nuevo sobre los escombros de los viejos partidos políticos, la hija ofrece, apenas, que los escombros no se muevan lo suficiente para que el edificio agrietado no se caiga.Keiko Fujimori ha insistido en defender un mensaje constante: el del orden frente al caos. Romano Guardini sostenía que el orden empieza siempre por algún sitio; sin embargo, en el caso de Keiko Fujimori no parece haber claridad sobre el sitio desde donde quiere iniciar su peregrinaje ordenador. No parece ser el orden del Leviatán que nace del miedo hobbesiano a la guerra fraterna, sino más bien el orden del candado de una casa que ya no quiere más visitas inesperadas. Es el orden de una membresía. Si el orden político surge, como sostienen North, Wallis y Weingast, cuando quienes pueden destruir el sistema hallan más rentable contenerse que destruirlo, la promesa de Keiko es más exclusiva: no promete fundar un orden abierto, sino preservar uno de acceso limitado; mantener sentados en la mesa a los que ya están —al Congreso, a las élites económicas, a instituciones capturadas como el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia, a las redes clientelares, a los intereses de las economías informales e ilegales— a condición de que nadie discuta el reparto. Michael Reid discutía hace unos días si Keiko Fujimori buscaba imponer el orden de la reconstrucción democrática desde la ley o si se refería, acaso, al orden de la venganza y la captura institucional. Pienso que Keiko, en realidad, nunca prometió ordenar el país durante la campaña; prometió ordenar el miedo de quienes temen que el país cambie de dueños en la administración del privilegio, manejar el acceso a la lista de teléfonos desde donde el establishment puede gobernar el país. Prometió ordenar el reparto, administrar el caos imperante bajo reglas patrimoniales. El problema para Keiko Fujimori es que ese reparto patrimonialista y ese statu quo peruano se le van a ir de las manos, pues ya no producen un orden funcional, sino el orden del crimen organizado y de las economías ilegales. Su promesa de estabilidad y orden es, en realidad, una promesa de inmovilidad. Y en un país cuyo suelo político se hunde desde hace años, quedarse quieto no es estabilizarse; al contrario, es seguir cayendo más abajo, sobre los brazos de las mafias del crimen organizado.Durante semanas se ha repetido que Keiko Fujimori tiene la supervivencia asegurada porque le sobran votos en el Senado para que nadie la vaque. Pero sobrevivir no es gobernar con comodidad. El sur peruano seguramente se movilizará a lo largo de su gobierno. La última vez que ese territorio salió masivamente a las calles, en el verano de 2023, volvió a sus casas con cuarenta y nueve muertos, dieciocho de ellos en Juliaca en una sola tarde. Tres años después, la única diligencia que el Estado ha cumplido con esos cuerpos es la de sepultar sus expedientes con más esmero del que puso en sepultarlos a ellos. Hay investigaciones entorpecidas y un Congreso donde Fuerza Popular y Keiko Fujimori hicieron todo lo posible por obstaculizarlas. Sobre esa herida, y no sobre el cómodo respaldo del Senado, se va a sentar Keiko a gobernar. Cada protesta que estalle —y estallarán, porque el rechazo es viejo y de raíces hondas— dejará de ser un problema de orden público para convertirse en una oportunidad de hurgar nuevamente en la herida. Y cada vez que responda con militares, como prometió en campaña, no apagará el fuego, sólo lo atizará.Y, sin embargo, hay otro camino, y el Perú ya sabe cuál es porque lo recorrió una vez. Hace más de veinte años, la Comisión de la Verdad y Reconciliación nos enseñó que no hay reconciliación sin justicia; que un país no cierra sus heridas con amnesia, sino reparando a los suyos y sentando en el banquillo a los responsables. Una presidenta con verdadera estatura entendería que su primer gesto hacia el sur no puede ser otro que la justicia y la reparación: reconocer y reparar a las víctimas de 2022 y 2023 antes que volver a reprimirlas. Pero pedirle eso a Keiko Fujimori, cuyo legado siempre ha cargado la impunidad como estandarte de batalla durante tres décadas, roza sino la ingenuidad, sí la incoherencia.Pero la victoria de Keiko Fujimori no se entiende separada de la candidatura de Roberto Sánchez, porque la precariedad de uno explica la ausencia de moderación de la otra. En primera vuelta ella obtuvo el 17% de los votos válidos; él, apenas el 12%. Sumados, no alcanzaron ni el treinta por ciento de respaldo, el porcentaje más débil con que dos proyectos hayan llegado a una segunda vuelta en toda la historia peruana. Sánchez ocupó el espacio que el voto antisistema, huérfano de Castillo, había dejado vacante, y resultó ser el candidato que tuvo más cerca la victoria en los últimos días, según los simulacros de empresas encuestadoras que no fueron públicos debido a una prohibición bizantina de la legislación peruana. Sánchez hizo muy poco para ganar si se lo compara con otros candidatos, como Ollanta Humala. Ollanta Humala, en su momento, consiguió convencer al liberal más ilustre que había parido el Perú, Mario Vargas Llosa, quien no sólo endosó su respaldo, sino que lo comprometió a firmar una hoja de ruta. De eso se trata un endose político: de convencer a un fervoroso enemigo de que eres el mal menor.Sánchez encaró la segunda vuelta con el peor de los lastres: la compañía de otro Humala, Antauro. Antauro Humala —nacionalista, radical, apologista impenitente de sus propios alzamientos en armas, que se paseaba por los platós reivindicándolos sin rubor— fue apartado por Sánchez de la segunda vuelta tras unas primeras entrevistas en las que consiguió atemorizar a buena parte de la opinión pública peruana, frenando y haciendo retroceder el respaldo a Sánchez. La paradoja fue que reservistas de Antauro seguían prestando seguridad a los actos de campaña de Roberto Sánchez. Lo guardó sin soltarlo; lo negó en público sin renunciar a él en privado.