La seguridad de suministro eléctrico en España tiene un coste cada vez mayor. El área de consultoría de EY, la big four especializada en servicios profesionales, estima que la operativa que aplica Red Eléctrica para que el sistema nacional funcione con seguridad y no haya más apagones se elevará por encima de los 5.600 millones de euros al término de este 2026, casi un 50% más que el pasado ejercicio, según cálculos realizados a partir de datos de la propia Red Eléctrica. Esto supondría un récord histórico con un destinatario: la factura del consumidor.En un informe elaborado este mes de junio por sus socios responsables de la división de energía, al que ha tenido acceso este medio, la big four señala que “estos costes han dejado de ser un componente residual y estable del precio eléctrico y han ido ganando peso en los últimos años, alcanzando más de 2.700 millones de euros en 2024, 3.800 millones de euros en 2025 y 1.725 millones de euros hasta abril de 2026, por lo que podrían ascender a más de 5.600 millones de euros a final del año si se mantiene la tendencia ascendente actual”.Para EY, este sobrecoste requiere “reforzar su tratamiento regulatorio”. “La prioridad no debería ser alterar la función técnica de estos servicios —imprescindible para la seguridad del sistema—, sino mejorar la transparencia, previsibilidad y asignación económica de unos costes que han pasado a ser muy significativos, estructurales y cada vez menos gestionables por los consumidores”. Por ello el informe destaca que “resulta necesaria una mayor supervisión por parte de la CNMC en el seguimiento y fiscalización de la operación reforzada”. Y una vez identificado el coste antiapagón, creen los expertos de EY que “es necesaria una metodología de recuperación de los costes de operación mediante cargos regulados para aportar certidumbre y estabilidad”. Dicho de otro modo, pide que la operación reforzada, que se paga como parte del coste de la energía (coste volátil dependiente del consumo y el precio energético), se traslade a los cargos de la factura (parte fija regulada). El informe de EY contrapone la situación de España, donde este coste no es un cargo regulado, frente a Alemania, Francia, Italia y Polonia, donde destaca que sí lo es. Fuentes del sector señalan que el Ministerio para la Transición Ecológica no descarta estudiar una medida de esta naturaleza.En paralelo, EY pide reforzar las inversiones en la red y aprovechar las renovables y los activos de almacenamiento para que puedan controlar tensión, lo que supondría una rebaja del gasto de la operación reforzada antiapagones, que en la actualidad desarrollan, fundamentalmente, las plantas de ciclo combinado de gas, más costosas. Sobre todo en un año en que se ha disparado el precio de este hidrocarburo por los estragos de la guerra en Oriente Próximo. Por último, considera necesario, para esa rebaja del coste, la “aceleración de la conexión de nueva demanda mediante el desarrollo de las redes y la agilización de las solicitudes de acceso y conexión, desarrollo de flexibilidad, almacenamiento, respuesta activa de la demanda y servicios de mercado específicos para el control de tensión”.El informe de EY está muy en línea con las conclusiones publicadas por las eléctricas y la industria en un comunicado conjunto que lanzaron el pasado 27 de abril. En el mismo lanzaron un observatorio de costes que ya destacaba que los servicios de operación de Red Eléctrica en los cinco primeros meses del año ascendía a 1.800 millones de euros. Dicho comunicado, impulsado por Aelec (la patronal que engloba a Iberdrola, Endesa y EDP), ya solicitaba pasar a cargos el coste de la operación reforzada tras exigir a Red Eléctrica más transparencia y que determine su magnitud. Pasar este coste del término de energía a los cargos puede provocar un trasvase de costes de la gran industria a los hogares y pequeños consumidores. Para mitigar este impacto, las eléctricas y las principales asociaciones de consumidores industriales (Aege, Feique, Unesid, Alianza Verde por la Competitividad, etc.) pedían añadir una rebaja de impuestos en el recibo de la luz. Por el momento, firmas como Iberdrola ya lo especifican en algunos contratos. Frente a las anteriores estimaciones, Red Eléctrica limita el impacto de la operación reforzada para evitar apagones, que se aplica desde el día siguiente a la desconexión masiva que dejó durante horas sin luz a toda la península Ibérica el pasado 28 de abril de 2025. Según sus últimos cálculos, la compañía propiedad de Redeia estimaba a mediados de mayo que el sobrecoste era de 711 millones de euros. El resto de operativa cree que corresponde con un gasto que se hubiera dado aunque no hubiera habido apagón, dadas las necesidades del operador del sistema de mantener todos los parámetros en rangos estables tras la penetración masiva de renovables, que supone un desafío para el control del sistema e implica un mayor gasto en su integración.