Donald Trump ha hecho del control migratorio una de las banderas de su mandato. Desde que regresó a la Casa Blanca, ha incrementado las restricciones y, entre ellas, la desnaturalización, esto es, el proceso por el que se revoca la ciudadanía a una persona extranjera que adquiere la nacionalidad de un segundo Estado (naturalizado). Los últimos en la mira del Gobierno estadounidense son 17 ciudadanos estadounidenses naturalizados que podrían perder la nacionalidad al ser señalados por el Departamento de Justicia de presuntas irregularidades en el proceso legal por el que obtuvieron el pasaporte de Estados Unidos. Entre los señalados hay dos mexicanos, dos cubanos, dos colombianos y uno de Haití, República Dominicana, Jamaica, Trinidad y Tobago, Yugoslavia, India, Somalia, China, Congo y Filipinas. De acuerdo con el Departamento de Justicia, los casos están relacionados con presuntas irregularidades, incluyendo fraude o uso de identidades falsas, así como la supuesta ocultación de información que habría condicionado la elegibilidad de algunas personas para obtener la ciudadanía; tales como condenas por delitos violentos o graves, entre los que se incluyen los de tipo sexual contra menores. Uno de los casos, el de la mexicana María Lourdes Montoya, de 63 años, se ha vuelto un asunto de Estado. Washington la acusa de suplantar la identidad de su esposo para obtener la residencia permanente y, posteriormente, la ciudadanía. Para respaldar su solicitud de residencia permanente y naturalización, según el documento del Departamento de Justicia, María Lourdes afirmó ser la esposa de Gilberto Montoya, un ciudadano estadounidense con quien contrajo matrimonio en 1987. Sin embargo, nunca contrajo nupcias con esta persona, quien en realidad había fallecido en 1974. Estuvo casada con Ernesto Orozco-Viramones, un ciudadano mexicano que había usurpado la identidad de Gilberto. La acusada, señala el Gobierno estadounidense, era consciente del engaño de su esposo y lo utilizó para obtener beneficios migratorios, incluyendo la naturalización.Otro caso de un ciudadano mexicano que forma parte de la solicitud de desnaturalización es el de Armando Mendoza, de 39 años. El Departamento de Justicia afirma que en 2009, antes de obtener la ciudadanía, comenzó a recibir a sabiendas imágenes sexualmente explícitas de menores. Sin embargo, en su solicitud de naturalización y entrevista de 2011, afirmó no haber cometido nunca un delito por el que no hubiera sido arrestado. En 2013, después del cambio de su estatus legal, se declaró culpable de recibir material íntimo de menores.Según un artículo reciente de The New York Times, el Departamento de Justicia se prepara para intensificar sus esfuerzos para revocar la ciudadanía a ciudadanos estadounidenses naturalizados, identificando a 384 personas cuya pertenencia legal podría ser retirada. Según las autoridades estadounidenses, esta medida representa el mayor esfuerzo jamás realizado por el Gobierno de ese país para utilizar sus facultades de revocación de la ciudadanía, que rara vez se habían invocado antes del regreso del presidente Trump a la Casa Blanca el año pasado, quien inició con la promesa de lanzar una ofensiva histórica de deportaciones. Entre 1990 y 2017, el Departamento de Justicia presentó un promedio de tan solo 11 demandas legales por año para revocar la ciudadanía de ciudadanos estadounidenses, según indican datos históricos.En las denuncias presentadas en tribunales federales de EE UU en los últimos días, los funcionarios del Departamento de Justicia argumentaron que estas personas ocultaron su actividad delictiva cuando solicitaron la ciudadanía estadounidense o porque, por otros motivos, no cumplían los requisitos para naturalizarse, entre otras cosas, porque carecían de un “buen carácter moral”, uno de los requisitos del proceso de naturalización.El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, dijo que la administración Trump “continuará utilizando todas las vías legales para desnaturalizar y expulsar a los extranjeros”. “La ciudadanía estadounidense es un privilegio y debe ganarse honestamente. Si vienes aquí, violas nuestras leyes y mientes en tus procedimientos de inmigración, pierdes ese privilegio”, escribió en su cuenta de la red social X.El Gobierno de EE UU ha justificado estas medidas como una vía para proteger a sus ciudadanos de aquellas personas violentas a quienes quiere expulsar rápidamente. El aumento de estos procedimientos marca un cambio respecto a años anteriores. Según un funcionario del Departamento de Justicia citado por la CNN, durante la Administración Biden se presentaron 24 casos de desnaturalización.“Esto está diseñado para asustar a la gente. Nosotros hemos visto a mucha gente en nuestro programa de ciudadanía dejar de seguir con su proceso de solicitud”, ha dicho a un medio estadounidense Abel Núñez, director del Centro de Recursos Centroamericanos, una red de organizaciones sin fines de lucro en EE UU que brinda asistencia legal de inmigración, defensa de derechos y servicios de integración para la comunidad latina.Distintos especialistas coinciden en que es una medida que podría tomar muchos años en corte para lograr una revocación de la ciudadanía, pero también representa una muestra muy pequeña si se considera que, de acuerdo con el censo, hay casi 26 millones de personas naturalizadas en EE UU. De igual modo, este mecanismo permite a las personas objetivo impugnar las solicitudes del Gobierno para tratar de conservar su ciudadanía. Si los ciudadanos estadounidenses son desnaturalizados, regresan a su estatus migratorio anterior, generalmente como residentes permanentes de Estados Unidos, y pierden todos los beneficios legales de esta ciudadanía, incluida la protección contra la deportación.