El triple salto mortal es una de las maniobras más difíciles de la gimnasia. Exige impulso, precisión, capacidad de adaptación y, sobre todo, serenidad para aterrizar de pie después de varias vueltas en el aire.Colombia lleva meses haciendo sus propios triple saltos, que ojalá no sean mortales sino vitales. La campaña presidencial ha sido larga y emocionalmente desgastante. El país viene de meses —en realidad, de años— de tensión política permanente, consultas internas, debates interminables, acusaciones cruzadas, desinformación y heridas abiertas. Hace apenas un año, el asesinato de Miguel Uribe recordó que la violencia política está a la vuelta de cada esquina. No fue la única, pero fue la que sacudió la democracia colombiana. En ese contexto, muchos electores han cambiado de lugar durante el camino. Algunos comenzaron cerca del centro, especialmente con Sergio Fajardo o más a la derecha con Paloma Valencia, pero terminaron en uno de los extremos. Otros se movieron por temor, por cálculo, por convicción o por descarte. No necesariamente por conversión ideológica, sino porque la realidad electoral los obligó a tomar decisiones difíciles entre opciones imperfectas. Ese es el primer triple salto vital: el de los ciudadanos que, en medio del ruido, intentan aterrizar en una decisión responsable.Del lado de la izquierda, desde el primer momento Iván Cepeda se posicionó como el gran candidato del Gobierno y su partido, el Pacto Histórico, con lo que los demás posibles candidatos acabaron siendo solo una nota de pie de página. Cepeda es educado en el comunismo cubano, europeo y soviético y tiene fama de estudioso, con un amplio recorrido pero sin experiencia administrativa. Su proyecto político —aunque se apoya en sectores históricamente excluidos— es la misma narrativa de confrontación que ha caracterizado a Gustavo Petro. Tiene serios cuestionamientos sobre su cercanía política con Hugo Chávez y Nicolás Maduro y sectores de las dictaduras venezolana y cubana, así como con las antiguas FARC, especialmente por no condenar enfáticamente algunas de las prácticas más degradantes del conflicto, como el reclutamiento infantil y la violencia sexual contra niñas y mujeres. Su pretensión (temporalmente abandonada por las elecciones) de reformar la Constitución sin que se sepa aún cómo, su promoción de las vías de hecho como mecanismo de presión política y su liderazgo en el diseño de la fallida Paz Total, también generan preocupación en muchos sectores del país. A ello se suma una reflexión incómoda, pero inevitable. Iván Cepeda ha enfrentado dos episodios serios de cáncer, que dice haber superado. Ojalá sea así y no retornen. Sin embargo, la vicepresidencia existe precisamente porque nadie tiene asegurado el mañana y la elección de una fórmula vicepresidencial es una decisión de Estado. Y cuando existe un historial médico de esa magnitud, la responsabilidad de escoger a una persona plenamente preparada para asumir la conducción del país es aún mayor. Desde esa perspectiva, su escogencia de Aida Quilcué resulta difícil de comprender. Ella merece reconocimiento por su liderazgo indígena; ha sido víctima de la violencia que durante décadas ha azotado al Cauca, incluido el asesinato de su esposo por el que resultaron condenados miembros de las Fuerzas Militares. Pero su trayectoria es de activismo y movilización social y no cuenta con una formación académica o experiencia ejecutiva que compense esa ausencia de gestión administrativa en temas económicos, gerenciales, de política internacional, entre otros. La campaña de Abelardo de la Espriella, por su parte, se debe en parte al temor de muchos colombianos frente a la posibilidad de prolongar el modelo de gobierno del petrismo: sin desconocer sus logros, especialmente la visibilidad de ciertos sectores marginados, preocupa el deterioro de la seguridad y la salud, la pobre ejecución, la incertidumbre económica y una sucesión inagotable de escándalos de corrupción en el círculo inmediato del Presidente. Es -en esencia- el miedo a que Colombia siga recorriendo caminos que otros países de la región cercanos al petrismo como Venezuela, Nicaragua y Cuba han transitado con resultados desastrosos. Su forma de hacer política es muy directa, al punto de ser con frecuencia innecesariamente confrontacional, y su estilo personal ostentoso no es del agrado de muchos. Pero a la vez, con ese comportamiento y sus habilidades como comunicador, ha logrado transmitir tranquilidad a quienes buscan un liderazgo firme en materia de seguridad y un mayor respeto por las instituciones democráticas. No le faltan cuestionamientos por su ejercicio profesional de abogado penalista y algunos de sus clientes, lo cual es un debate tan largo como la profesión jurídica. El oficio de un abogado penalista es -precisamente- defender a presuntos delincuentes y el mundo del derecho penal es por definición sórdido y aterrador para quienes no están cerca. De La Espriella mostró buen criterio en la escogencia de su fórmula vicepresidencial. En campaña se dice de todo sobre todos; pero la verdad es que la mayoría de quienes conocen a José Manuel Restrepo desde sus épocas de estudiante distinguido como “Colegial de Número” en la Universidad del Rosario y luego como rector de varias universidades y ministro de Comercio y de Hacienda, lo definen como una persona seria, respetuosa y rigurosa, incluso en momentos de desacuerdos profundos. No hay que juzgar a quienes, desde la convicción, apoyan una u otra candidatura. Millones de colombianos han llegado hasta aquí después de hacer su propio triple salto vital: adaptándose a una realidad cambiante, en medio de ataques, acusaciones, especulaciones y hasta informaciones falsas que van y vienen, tratando de aterrizar en una decisión responsable.Porque esta elección revela algo más profundo que una competencia entre candidaturas. Muestra un país temeroso del opositor, cansado, fragmentado y con una enorme dificultad para tramitar sus desacuerdos. La política dejó de ser una discusión sobre programas de gobierno para convertirse en una disputa existencial entre visiones casi incompatibles de Colombia, en buena parte a través de las redes sociales y sin profundidad o discusión real de los temas nacionales. Las diferencias, normales en cualquier democracia, se han transformado en desconfianza, resentimiento, desprecio e incluso violencia hacia quien piensa distinto. Y, sin embargo, detrás de esa polarización hay una paradoja importante: la mayoría de los colombianos quiere cosas muy parecidas. Vivir con seguridad. Tener empleo. Acceder a salud y educación de calidad. Proteger a sus familias. Prosperar sin depender del favor político. Ver a sus hijos y nietos en mejores condiciones que ellos mismos. La distancia no está tanto en los fines como en los caminos. Por eso, la verdadera pregunta de esta elección no es quién despierta más entusiasmo ideológico, sino quién ofrece mayores garantías para conducir a Colombia a través de un momento excepcionalmente complejo de su historia reciente. El próximo gobierno recibirá un país con poco margen de maniobra. En lo fiscal, el gobierno Petro deja una situación delicada. La deuda pública ronda el 60 % del PIB y el déficit sigue presionando las cuentas nacionales. La discusión ya no es únicamente ideológica: también es matemática. Los recursos son limitados, las demandas sociales son enormes y el próximo presidente tendrá que gobernar con restricciones severas. Quien gane este domingo tendrá que tomar duras decisiones en materia económica; seguir por el camino actual sería una absoluta irresponsabilidad. La reciente rebaja de la calificación crediticia soberana por las tres grandes calificadoras de riesgo Standard & Poors, Moody’s y Fitch Ratings no es un asunto reservado a economistas; refleja preocupación por un manejo fiscal caprichoso, déficits persistentes y aumento de la deuda. Cuando el país pierde la credibilidad y confianza de los mercados internacionales, endeudarse cuesta más, con lo que quedan menos recursos para inversión social, infraestructura, seguridad, educación y salud. En este contexto, el próximo presidente heredará una Ecopetrol enfrentada a decisiones estratégicas complejas: recuperar la confianza de los inversionistas, fortalecer su gobierno corporativo y sus finanzas y definir una política clara sobre exploración, producción y transición energética. El desafío será preservar el papel de la empresa como principal activo empresarial y generador de recursos del país, sin comprometer ni su sostenibilidad financiera ni la seguridad energética de Colombia. El sistema de salud será otro frente crítico. Las intervenciones del gobierno actual no mejoraron o estabilizaron el modelo, y sí parecen haber empeorado los problemas de acceso, oportunidad y sostenibilidad financiera. Millones de usuarios viven la crisis en la dificultad para conseguir una cita, recibir un medicamento o lograr una atención oportuna. El próximo gobierno no podrá limitarse a discutir quién tuvo la culpa. Tendrá que reconstruir confianza, ordenar las finanzas y garantizar que el sistema funcione para los pacientes. El mercado laboral también muestra una realidad estructural compleja. El desempleo ha caído del 11.2% en 2022 al 8.9% en 2025, pero a la vez más del 55% del empleo sigue siendo informal y los contratos de prestación de servicios del Estado han aumentado alrededor del 44% hasta 723,000 hoy. Esa informalidad limita el recaudo, afecta la seguridad social y mantiene a millones de hogares en una situación vulnerable; la contratación masiva por servicios deja a muchos sin prestaciones sociales y a merced de los caciques políticos que les consiguieron el contrato. En el centro de esa vulnerabilidad está una clase media a la que de la Espriella le ha hablado más. El debate público suele concentrarse —y es lógico— en la pobreza o en los sectores de mayores ingresos. Pero entre ambos extremos hay millones de familias que pagan impuestos, sostienen buena parte del consumo, hacen enormes esfuerzos por educar a sus hijos y que, aun así, viven a una enfermedad, un despido o una crisis económica de perder lo que construyeron durante años. No son pobres ni “vulnerables”, según la definición de la OCDE; pero tampoco logran absorber por sí solas los golpes de la economía. Son familias que reciben pocos apoyos del Estado y que, al mismo tiempo, se sienten cada vez menos representadas. Analistas políticos ven a los votantes de clase media urbana como los más volátiles, por lo que seguramente serán decisivos en el resultado de este domingo. La seguridad es quizá el desafío más urgente. En amplias zonas del país, la presencia de grupos armados ilegales condiciona la vida cotidiana de comunidades enteras. La Defensoría del Pueblo ha advertido sobre estos grupos ha advertido sobre estos grupos en 790 de los 1,100 municipios del país, donde restringen libertades fundamentales y afectan incluso la deliberación política. La seguridad no puede reducirse a una promesa de mano dura ni a una consigna de paz. Sin autoridad legítima del Estado, sin control territorial y sin protección efectiva de la población, es muy difícil construir desarrollo, atraer inversión, generar empleo o garantizar derechos. La paz requiere diálogo con Estado, inclusión con autoridad y justicia social con reglas claras. La seguridad no es enemiga de la paz, sino una de sus condiciones. A ello se suma el deterioro de la confianza institucional. En los últimos años, el debate público se ha llenado de choques entre poderes, cuestionamientos a los órganos de control, tensiones con las cortes, ataques a la prensa, amenazas de reformas constitucionales a la fuerza y una sensación creciente de que las instituciones son tratadas como obstáculos cuando no acompañan al gobierno de turno o a sus candidatos. Esa dinámica es peligrosa. Las instituciones no son adornos formales de la democracia. Son el sistema de frenos, garantías y procedimientos que permite que los cambios sean legítimos y duraderos. Por eso, el hecho de que Gustavo Petro aún no haya reconocido el resultado de la primera vuelta, y que su candidato solo lo hiciera una semana después, cuando ya era evidente el costo político que esa posición le estaba generando, así como las amenazas del presidente mismo sobre una eventual confrontación en las calles si gana Abelardo de la Espriella, han provocado —con razón— un profundo nerviosismo entre muchos colombianos. El próximo gobierno también tendrá que reconstruir credibilidad internacional. Colombia necesita una política exterior seria, profesional y predecible. Un país que depende del comercio, la inversión, la cooperación internacional, la seguridad regional y la confianza de sus aliados no puede convertir su diplomacia activista, como extensión de la confrontación interna. Tener relaciones globales no significa desconocer la realidad geopolítica de Colombia ni descuidar vínculos estratégicos construidos durante décadas. Frente a este panorama, el segundo triple salto vital corresponderá al próximo gobierno. Deberá pasar de la lógica de campaña a la lógica de gestión; de la movilización de los convencidos a la administración y unificación de un país dividido; de las consignas a las decisiones difíciles. Pero ese salto no recaerá únicamente sobre los hombros del próximo presidente. También deberán darlo el Congreso, las cortes, los organismos de control, los gobernadores, los alcaldes, los partidos políticos y la oposición. El nuevo mandatario tendrá que trabajar con un Congreso tan dividido como la propia sociedad colombiana, capaz de tramitar las reformas que el país necesita sin caer en la sumisión o en el sabotaje permanente. El sector privado, los gremios, las universidades, los sindicatos y las organizaciones sociales también tendrán un papel decisivo. Ningún gobierno podrá enfrentar solo los desafíos que vienen. Recuperar la inversión, promover el emprendimiento, generar empleo formal, impulsar la transformación productiva, adaptarse al cambio climático y preparar a las nuevas generaciones para un mundo cada vez más tecnológico exigirá alianzas amplias y sostenidas. Más que la capacidad de imponer, requerirá la capacidad de convocar. Ese será, probablemente, el primer proceso de paz que deberá intentar Colombia después de las elecciones: una paz política con la otra mitad del país. No una paz ingenua ni una renuncia al debate democrático. Una paz mínima, pragmática, institucional, que reconozca que quienes votaron por otra opción no desaparecen al día siguiente de las urnas. Siguen teniendo necesidades, miedos, derechos y aspiraciones legítimas. La historia muestra que las sociedades no avanzan porque eliminen sus diferencias, sino porque aprenden a procesarlas. Después de campañas durísimas, gobiernos de unidad, pactos institucionales y acuerdos nacionales han permitido a otros países atravesar momentos críticos, como lo hizo Abraham Lincoln con su “equipo de rivales” para preservar la Unión Americana o los Pactos de la Moncloa en España liderados por el gobierno de Adolfo Suárez, determinantes para la consolidación de la democracia. No es que todos pensaran igual; es que entendieron que el costo de no cooperar era mayor que el costo de negociar. El primer triple salto vital lo están dando los electores en una campaña difícil, larga y cargada de incertidumbre. El segundo comenzará cuando se conozca el resultado. Entonces vendrá el salto del próximo gobierno, del Congreso, de las instituciones y de las fuerzas sociales y económicas del país. Ganar una elección es difícil. Gobernar la Colombia que dejará esta elección será mucho más complejo. Este domingo, los colombianos decidirán quién creen que tiene el temple para asumir esa responsabilidad. Porque, después de tantos giros en el aire, el desafío ya no será ganar. Será evitar que Colombia pierda el equilibrio y conseguir que aterrice de pie.