El futuro del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se convirtió en el eje de una compleja partida de ajedrez político: mientras crece la presión por su remoción ante las acusaciones de corrupción, un sector clave de gobernadores busca evitar una votación que, según advierten, podría terminar fortaleciendo el relato de "víctima" del presidente Javier Milei. A esta altura, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, encabeza una postura cautelosa dentro del grupo de mandatarios provinciales que suelen acompañar al Gobierno nacional y, junto a sus pares Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), ya dejó en claro que no respaldará una remoción del funcionario. El gobernador cordobés Martín Llaryora tendría una posición distinta a la de Juan Schiaretti, quién había salido a exigir la salida del ex vocero del gobierno, y evaluaría no avanzar con la desviculación legislativa del primer ministro libertario. Su argumento de fondo del salteño es político-táctico: considera que si el Poder Legislativo desplaza al funcionario, le resuelve un problema a Javier Milei y le entrega en bandeja una narrativa de "persecución" o "golpismo". A juicio de Sáenz, el costo político de la salida de un funcionario acusado de corrupción debe ser asumido íntegramente por el Presidente. "Hay que dejar que lo eche Milei", sostienen desde su entorno. Aquel bloque, que controla el bloque Convicción Federal en el Senado, logró recientemente una tregua: presionaron para levantar la sesión de esta semana y así evitar quedar expuestos ante la embestida del peronismo. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aceptó darles una "semana de gracia". Si para el próximo jueves 25 de junio el Gobierno no ha tomado una decisión sobre el futuro de su Jefe de Gabinete, el pedido de interpelación avanzará hacia una votación el 2 de julio.