El Gobierno de Javier Milei busca ponerle un freno a una de las mayores operaciones de concentración económica de la historia reciente. A través del Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC), órgano de la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC), el Ejecutivo le impuso a Telecom un plan de desinversión para autorizar la absorción de Telefónica Argentina. El objetivo es evitar que el Grupo Clarín se quede con casi el 70% del mercado de las telecomunicaciones.
El dictamen, apalancado en un informe técnico del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), obliga a la compañía a ceder 6 millones de clientes móviles, junto con su infraestructura asociada, a un nuevo competidor. El recorte territorial abarcaría el AMBA, la Región Norte y la Región Sur.
Entre las exigencias está también la devolución inmediata de 130 MHz del espectro radioeléctrico, el insumo crítico e indispensable del negocio móvil. De ese total, 60 MHz deberán restituirse a nivel nacional, con exigencias adicionales en zonas de alta densidad, derivando el remanente al mercado secundario. En paralelo, Telecom deberá garantizarle al nuevo operador el acceso irrestricto a su infraestructura (sistemas y co-locación) por un plazo de dos años. El achique también impactará en la conectividad residencial: la empresa quedó obligada a ceder clientes de internet fija en todas las localidades donde su participación minorista supere el 50%.
