Zaragoza (EFE).- El Ayuntamiento de Zaragoza ha exigido al Gobierno central un plan extraordinario con financiación, colaboración y lealtad institucional para hacer frente a la situación sobrevenida y las consecuencias sociales del proceso extraordinario de regularización de personas migrantes ante el coste que ha supuesto y supondrá a los consistorios, porque «ya vale del yo invito y tú pagas».
La consejera de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Marian Orós, ha advertido en rueda de prensa a doce días de que culmine el proceso para presentar solicitudes de que el fin de la fase administrativa no supondrá el final de los problemas derivados de este proceso, dado que la regularización administrativa no garantiza la autonomía económica, laboral ni residencial de los beneficiarios, que seguirán necesitando apoyo para acceder al empleo, a la vivienda y a procesos de integración social.
Orós ha recordado que entre 12.000 y 15.000 personas podrían acogerse a este proceso en Zaragoza y que, hasta la fecha, sólo el ayuntamiento ha emitido 4.035 informes de vulnerabilidad, de los que 1.203 no figuraban en las bases de datos de servicios sociales municipales, además de que otras 300 personas están actualmente acogidas en programas estatales de protección internacional y, al obtener la regularización, van a dejar de estarlo y perderán su alojamiento y acompañamiento social.
