La Audiencia de Lleida ha confirmado el archivo de la causa penal abierta a los responsables de la residencia de Tremp que en el otoño de 2020 registró uno de los brotes más graves de coronavirus en Catalunya, con 61 ancianos fallecidos.
La resolución cierra definitivamente la vía penal para los familiares de las víctimas, y confirma de nuevo que la mayoría de tribunales españoles no aprecian que las muertes en residencias alcanzaran la gravedad para investigarse por los delitos de homicidios por imprudencia o contra los derechos de los trabajadores.
En un auto, adelantado por Pallars Digital y que ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), la Audiencia de Lleida considera “evidente” que los responsables de la residencia de Tremp investigados tuvieron “numerosas dificultades” para actuar “con la celeridad que exigía la gravedad de la situación”, esto es, con los contagios disparados y sin control entre ancianos y plantilla.
Sin embargo, concluye el tribunal, las “dificultades no son atribuibles a ninguna acción u omisión dolosa o imprudente” de la directora de la residencia en el momento de los hechos y su responsable sanitaria (una monja aquejada en la actualidad de demencia senil que la convierte en inimputable) “por no haber facilitado a los trabajadores los medios necesarios para evitar riesgos durante su jornada laboral”.
