El Parlamento Europeo ha votado este miércoles a favor del Reglamento de Retornos que permite, entre otros puntos, la creación de centros de devolución de migrantes en terceros países, incluso cuando la persona expulsada no tenga ningún vínculo con el Estado al que sea enviada.PublicidadLa norma también amplia la duración máxima de la detención por motivos migratorios hasta 24 meses cuando las autoridades consideren que existe una "perspectiva razonable de expulsión" y un riesgo de fuga, una disposición que podría aplicarse también a menores de edad. Además, el reglamento contempla la obligación estricta de que los migrantes sin derecho a permanecer en el territorio abandonen el país y cooperen con las autoridades, previendo sanciones más severas, como la detención y la prohibición de entrada, para quienes se nieguen a hacerlo.Los eurodiputados avalaron el texto, al que España se opuso desde su concepción, con 418 votos a favor, 218 en contra y 30 abstenciones, después de que las instituciones europeas alcanzaran un acuerdo político provisional el pasado 1 de junio.Tras la votación, que fue celebrada con aplausos por los grupos políticos de la derecha, se escucharon gritos de "Shame on you" (dais vergüenza, en inglés) por parte de eurodiputados que no estaban de acuerdo con la normativa, que ahora deberá ser aprobada finalmente en el Consejo de Ministros de Interior de la UE antes de su entrada en vigor. Algunas disposiciones, como las relativas a los centros de retorno, se aplicarán de inmediato. Otras disposiciones que requieren medidas preparatorias entrarán en vigor 12 meses después de la entrada en vigor de la legislación."Esta ley provocará la separación de familias, y adultos y niños serán detenidos y enviados a países que ni siquiera conocen, todo ello por el pasaporte con el que nacieron. Las escenas que han indignado a los europeos en todo Estados Unidos corren el riesgo de convertirse en algo habitual en Bruselas, Berlín, Roma y otros lugares", denuncia Silvia Carta, responsable de incidencia política de PICUM.PublicidadEl pasado 11 de junio, España formalizó ante la UE su rechazo a esta normativa en un documento en el que cuestionó la legalidad y proporcionalidad de algunas de las medidas que contempla, entre las que mencionó las que podrían llevar a personas en situación administrativa irregular a permanecer privadas de libertad durante más tiempo que delincuentes condenados por delitos graves.El eurodiputado de los Comuns Jaume Asens ha pedido al Gobierno de España, mediante una carta, que recurra el reglamento ante el Tribunal de Justicia para "actuar con coherencia institucional y jurídica". A su juicio, el reglamento al que la Eurocámara ha dado luz verde "plantea serias dudas de compatibilidad" con varios derechos de la Carta Europea de Derechos Humanos, como a la libertad y a la seguridad, a la tutela judicial efectiva y a la no devolución.