Dos líderes, dos portavoces, dos direcciones paralelas... La principal formación de la oposición en Turquía, el Partido Republicano del Pueblo (CHP), se ha sumido en la división tras la decisión de la Judicatura de deponer a su dirección y reinstaurar al anterior jefe de la organización socialdemócrata, Kemal Kiliçdaroglu. Supone una maniobra tras la que muchos analistas ven un paso más en la estrategia de reprimir toda alternativa viable al presidente Recep Tayyip Erdogan. Tras más de dos décadas rehaciendo el Estado a su imagen y semejanza, el mandatario busca ahora conformar una oposición leal y a su medida.“La principal característica de la República es el derecho al voto y a ser elegido. Hoy, este derecho está bajo ataque”, denunció el jueves 4 de junio el depuesto líder del CHP, Özgür Özel, que está liderando protestas por todo el país para forzar a Kiliçdaroglu a convocar un congreso cuanto antes y así tratar de retomar las riendas del partido y prepararlo para competir en las siguientes elecciones, previstas para 2027 o 2028.Antes de esta crisis, las encuestas pronosticaban buenos resultados del CHP y a sus posibles candidatos a presidente los mostraban con posibilidades de derrotar a Erdogan. “[Si no se convoca el congreso], estaríamos entregando el partido como rehén a Erdogan. Él interpreta las leyes a su antojo e intentaría impedir que el partido participe en las elecciones. La solución a la crisis interna del partido reside en un congreso”, subrayó Özel.Un tribunal de Ankara anuló el pasado día 21 de mayo la elección de Özel en 2023 como jefe del CHP e invalidó todos los congresos posteriores, retornando en su puesto a Kiliçdaroglu, quien jamás ganó unos comicios al partido de Erdogan en sus trece años en el cargo, al contrario que su sucesor, que lideró la victoria socialdemócrata en las elecciones municipales de 2024.El origen de esta decisión está en las quejas de políticos del entorno de Kiliçdaroglu, que denuncian que durante el congreso de 2023 hubo compra de delegados a través de sobornos. Unos días después de la decisión judicial, policías antidisturbios irrumpieron en la sede del CHP para desalojar a Özel –quien sigue liderando a su grupo parlamentario– y a cientos de manifestantes, a fin de abrir paso a Kiliçdaroglu.“Medida cautelar”El portavoz de la nueva dirección ha explicado que no se puede convocar un nuevo congreso todavía porque la decisión judicial que ha impuesto a Kiliçdaroglu es una “medida cautelar” y se debe esperar a la sentencia definitiva del Tribunal Supremo. Mientras, el nuevo líder pide tiempo para “limpiar y purificar” el partido “de ladrones y corrupción”. Sin embargo, un editorial del diario Cumhuriyet, cercano a los socialdemócratas, considera que la nueva dirección solo está tratando de ganar tiempo para desgastar a sus contrincantes y que, con el paso de los meses, esta situación extraordinaria se convierta en definitiva. Eso podría provocar una escisión del partido –Özel no lo ha descartado–, lo que disminuiría las posibilidades electorales de ambas formaciones.Erdogan ha subrayado en los últimos días que nada de esto le “concierne” y que son “debates internos del principal partido de la oposición”. “Nos contentamos con observar todas estas discusiones, que consideramos impropias de la política turca, desde una distancia prudencial”, afirmó el jueves. Pero, dada la influencia que ejerce el Ejecutivo sobre los tribunales, resulta imposible desligar la crisis del CHP de la represión a la que se ha visto sometido desde que venció en las elecciones municipales de 2024. Entonces, conquistó las principales alcaldías del país, así como municipios en territorios tradicionalmente afines al partido de Erdogan.Al menos 15 alcaldes del CHP y cientos de cargos municipales han sido encarcelados bajo acusaciones de corrupción y terrorismo. En total, una treintena de ayuntamientos han sido intervenidos, varios alcaldes tránsfugas se han pasado de los socialdemócratas al AKP de Erdogan, según denuncia el CHP, tras ser amenazados con investigaciones similares a las que han llevado a otros primeros ediles a prisión.El caso de EstambulEl caso más grave es el del ya exalcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu. Fue detenido precisamente unos pocos días antes de que su candidatura a las siguientes elecciones presidenciales fuese sometida a unas primarias abiertas (pese a su arresto, las primarias se celebraron con la participación de 15 millones de votantes).Imamoglu lleva casi 15 meses en prisión preventiva y se enfrenta a más de una docena de procesos judiciales –desde corrupción a injurias y a colaboración terrorista–, pero ninguna de las sentencias que ha recibido en su contra es firme. Así que, para neutralizarlo como posible rival de Erdogan, se le ha anulado el título universitario en una polémica decisión administrativa, refrendada después por la Justicia (los presidentes turcos tienen que haber completado estudios terciarios). “Pretender que la anulación del congreso de un partido es un procedimiento pura y angelicalmente judicial en un país como Turquía es no tomar en serio a las personas. Sí, esto fue un recurso de unos miembros del partido, pero todo lo que hemos visto a partir de ese momento es una absoluta coordinación del Poder Judicial con los intereses políticos del AKP. Toda la judicatura de Turquía está al servicio de la agenda política [de Erdogan], especialmente cuando el hoy ministro de Justicia es el fiscal que hizo todo lo posible para meter en la cárcel a Imamoglu”, denuncia Nacho Sánchez Amor, relator del Parlamento Europeo sobre Turquía. Y advierte de que, si la convocatoria de un nuevo congreso para resolver la crisis del CHP se hace depender de los jueces, “al final la decisión de que el partido de la oposición esté en condiciones de competir estará otra vez en el AKP y en el poder político del país”.Acoso y derriboEn paralelo a estos casos judiciales, el Gobierno ha ido restringiendo las prerrogativas de los ayuntamientos mediante la recalificación de terrenos, la transferencia de fundaciones y monumentos municipales a los ministerios, la aprobación de permisos y la modificación de leyes que dificultan el trabajo de las empresas municipales. Todo, para evitar que las alcaldías puedan actuar con libertad y se conviertan en modelos de gestión alternativa para los ciudadanos turcos. En el ámbito parlamentario, aunque como principal partido de la oposición, el CHP es el que se está llevando el grueso de los golpes, otras formaciones opositoras también han sido objeto de la represión.En el hemiciclo están pendientes de voto plenario cientos de expedientes que piden el levantamiento de la inmunidad de 145 diputados para que sean juzgados, prácticamente todos de la oposición: 71 de CHP, 43 del partido prokurdo DEM, 9 del centroderechista IYI, 3 del izquierdista TIP y otros dos de partidos opositores más pequeños. Al mismo tiempo, al diputado electo del TIP Can Atalay no se le permitió tomar posesión de su acta por haber sido encarcelado en el proceso contra las protestas del Parque de Gezi, pese a que el Tribunal Constitucional falló a su favor.Cientos de cargos de la principal formación kurda de Turquía siguen en prisión, entre ellos su popular dirigente Selahattin Demirtas, entre rejas desde 2016 pese a las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que exigían su excarcelación. Pero el partido DEM ha dejado a un lado su política de oposición al Gobierno de Erdogan mientras el Ejecutivo negocia con el grupo armado kurdo PKK un proceso de paz. Otras formaciones derechistas que concurrieron en la coalición opositora a los comicios de 2023 han sido cooptadas en mayor o menor medida. “Erdogan ha dedicado el último año a desmantelar el único partido capaz de derrotarlo en las urnas. Una contienda abierta en la que se permitiera postularse a Imamoglu, Özel o cualquier líder de posición comparable implicaría un riesgo real de derrota para Erdogan, y Erdogan no puede arriesgarse a perder. Por lo tanto, ha comenzado a diseñar la oposición, a determinar quién puede postularse dentro de ella”, escribe Ezgi Basaran, experiodista turca y actualmente profesora en la Universidad de Oxford.“La línea para distinguir el autoritarismo competitivo del autoritarismo pleno ha sido siempre que la oposición pueda ganar unas elecciones pese a que estén desequilibradas o sean injustas. Turquía está eliminando esa posibilidad por vía judicial”, añade, mientras llama la atención sobre que la tendencia, a nivel mundial, es que cada vez más países se alejen de la democracia mediante estas enmiendas y maniobras legales, no mediante golpes de Estado.