Astrid Cáceres asumió la dirección del ICBF en marzo de 2023.Foto: Jose VargasResume e infórmame rápidoEscucha este artículoAudio generado con IA de Google0:00/0:00El domingo 14 de junio residentes de un conjunto residencial en Usaquén grabaron y difundieron un video en el que un ciudadano estadounidense aparecía junto a uno de tres menores que se encontraban bajo su cuidado. Ante los gritos y la alarma de algunos vecinos, que creyeron estar presenciando un posible abuso sexual, la Policía de Infancia y Adolescencia intervino en el lugar. Le puede interesar: “Iniciará acciones legales contra quienes lo acusaron falsamente”: abogado de Gail GrantLa situación desató una ola de señalamientos en redes sociales contra el hombre, quien se encontraba junto a su esposa, en la etapa final del proceso de adopción de tres hermanos de 4, 7 y 15 años. Sin embargo, tras las investigaciones y los exámenes practicados por Medicina Legal, las autoridades descartaron que hubiera existido violencia o abuso sexual contra los menores. Esto dijo la directora del ICBF tras los hechos.Medicina Legal descartó la hipótesis de violencia sexual. Sin embargo, usted había señalado que aún debían analizarse otros posibles factores dentro del marco del abuso sexual. ¿También quedaron descartados? El informe preliminar sobre el que hablé estaba pendiente del concepto de Medicina Legal. Lo que nos informa finalmente el ente, es que se descarta abuso sexual y violencia sexual. Ese es un informe importante. Los relatos son coincidentes y, con esa respuesta de la Fiscalía, que es la entidad encargada de la investigación, estamos mucho más tranquilos. ¿Los menores continúan bajo custodia del ICBF? Sí. Se aperturó un proceso de restablecimiento de derechos y ahora debemos cumplir todo el procedimiento correspondiente para retomar el proceso de adopción o, en caso contrario, continuar con el proceso de restablecimiento de derechos que se abrió. ¿En qué contexto llegaron estos tres hermanos al proceso de adopción y por qué era importante para ellos? Puedo hablar de manera general sobre cómo funcionan los procesos, pero no sobre el caso particular de estos niños porque existe una reserva legal, especialmente en los procesos de adopción. Debido a la exposición mediática hemos tenido que referirnos parcialmente al caso, pero detalles de sus vidas y circunstancias personales están protegidos por esa reserva. Además, con ellos mismos habrá que hacer un proceso de reparación por la exposición mediática a la que fueron sometidos. ¿Cómo están emocionalmente los niños tras lo ocurrido? Los niños siempre entienden parte de lo que está pasando. Tienen una interpretación de los hechos y pueden narrar situaciones. Sí existe una afectación emocional que está siendo trabajada por nuestros equipos. Esa afectación está relacionada principalmente con la ruptura del proceso de adopción. Ellos estaban en los últimos siete días de integración con la familia, una etapa que es monitoreada por profesionales, cuando ocurrió el incidente. También les afectó la reacción de las personas. Se preguntaban por qué le gritaban a la mamá y por qué la insultaban. Incluso una de las niñas tuvo que traducirle a la madre adoptante lo que las personas estaban diciendo. Todo eso forma parte de la afectación emocional que ahora debe ser reparada. ¿Qué otras consecuencias deja este caso? Nosotros creemos que la alerta ciudadana es importante. Sin embargo, aquí hubo una exposición mediática en la que se especuló sobre muchas cosas: desde trata de personas hasta supuestas irregularidades en los procedimientos de adopción. La ciudadanía debe entender que estos casos tienen procedimientos e investigaciones rigurosas. Se puede denunciar y activar las rutas institucionales sin necesidad de prejuzgar o generar violencia, especialmente en redes sociales. ¿Considera que hubo una sanción social que terminó afectando a los niños y a la familia? Sí, una parte de lo ocurrido puede interpretarse así. También es importante reconocer que la sociedad está más sensibilizada frente a estos temas y tiene una mayor intolerancia hacia posibles escenarios de violencia contra niños. Pero siempre es necesario esperar a que las autoridades esclarezcan los hechos. ¿Cómo debería actuar la ciudadanía ante una sospecha de abuso sexual infantil? Tenemos que frenar esa idea de hacer justicia por mano propia. Es una expresión de una cultura de violencia que se ha instalado en muchos espacios de la sociedad. En este caso vimos cómo algunas personas aprovecharon para revivir discusiones sobre cadena perpetua o castración química. Sin embargo, entre más punitivo se vuelve el discurso, más se ocultan las conductas que queremos combatir. Hay que denunciar, acudir a la justicia y permitir que las instituciones investiguen. Lo que no puede ocurrir es que la justicia sea reemplazada por una turba o por acciones colectivas de linchamiento. Astrid Cáceres, directora del ICBF.¿En qué etapa estaba el proceso de adopción cuando ocurrió este caso? Faltaban dos etapas. Los niños estaban en la fase de integración, que corresponde a siete días de convivencia con la familia mientras el proceso es monitoreado por la institución encargada. Después de eso se enviaban los documentos al juez para que tomara la decisión final sobre la adopción. La familia llevaba cerca de tres años cumpliendo requisitos y evaluaciones tanto en Estados Unidos como en Colombia. Además, ya habían construido vínculos mediante llamadas, mensajes y encuentros previos. ¿Se rompió el proceso de adopción? Hasta esta mañana teníamos información de que existe voluntad de continuar con el proceso. Esa voluntad, sumada a toda la información recopilada, permitirá que las autoridades administrativas evalúen el caso y decidan cómo proceder. ¿Qué les manifestaron los padres adoptantes? La madre había prometido a los niños que no los dejaría solos y que tendrían una familia. Según la información que recibió nuestro equipo defensorial, la familia mantiene esa promesa y su voluntad de continuar. ¿Qué ocurriría si finalmente la familia desiste de la adopción? Los niños regresarían a la etapa de búsqueda y asignación de una nueva familia. El proceso no volvería a cero porque la declaratoria de adoptabilidad ya existe. Sin embargo, habría que construir nuevamente un vínculo emocional con otra familia. Precisamente eso es lo que queremos evitar, porque la estabilidad emocional de los niños es fundamental. ¿Cuántos niños están actualmente en proceso de adopción en Colombia? Tenemos alrededor de 3.000 niños y niñas con declaratoria de adoptabilidad. Cada año aproximadamente 1.000 logran ejercer su derecho a tener una familia. Actualmente existen algo más de 300 familias adoptantes. Un poco más de la mitad son extranjeras y el resto son colombianas. ¿Cuáles son los casos más difíciles para encontrar una familia? Los grupos de hermanos, los niños con discapacidad y algunos perfiles específicos son los que enfrentan mayores dificultades para encontrar una familia adoptante. Por eso hemos fortalecido estrategias como “¿Me Conoces?”, que busca primero la reunificación con familiares extensos antes de avanzar hacia una adopción. Las cifras de Medicina Legal muestran miles de exámenes por presuntos delitos sexuales contra menores, ¿qué tan preocupante es este panorama? Existe una preocupación permanente. Aunque algunos indicadores han mejorado, la violencia sexual sigue siendo una realidad. Los dos principales motivos de atención en las defensorías de familia son la violencia sexual y la negligencia. Estamos trabajando para unificar los registros con las comisarías de familia y así identificar mejor los territorios de mayor riesgo. También hemos encontrado asociaciones entre algunos factores de riesgo, como zonas con alto consumo de alcohol y entornos inseguros para niños y adolescentes. Este caso generó alarma porque involucraba a un ciudadano estadounidense, teniendo en cuenta los antecedentes de turismo sexual, ¿cómo mantener esa alerta sin caer en errores? La alerta ciudadana debe mantenerse. Es importante observar, denunciar y ser críticos frente a posibles situaciones de riesgo. Pero también debemos escuchar todas las versiones y permitir que la Fiscalía y las demás autoridades desarrollen sus investigaciones dentro del marco legal.¿Qué lección deja este caso? La alerta ciudadana debe existir y no debemos desincentivarla. Pero también debemos entender el impacto que tienen las redes sociales y la forma en que pueden alimentar reacciones colectivas basadas en el castigo y la venganza. El mensaje es claro: sí a la denuncia y a la activación de las rutas institucionales; no a la exposición de niños en redes sociales ni a la difusión masiva de casos de restablecimiento de derechos. Esa exposición termina afectando a los menores y puede retrasar las soluciones que garanticen su bienestar y estabilidad. Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.