Los actores que participan en la implementación de la ley antilavado en Guatemala están a la expectativa del proceso administrativo en curso para su entrada en vigor dentro del marco jurídico nacional.
Susan Paola Rojas, asesora de la Escuela Bancaria de Guatemala, adscrita a la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG), explicó que la expectativa es que el país enfrenta uno de los retos más estratégicos e importantes: convertir la ley en una realidad mediante una implementación que demuestre el compromiso nacional y la existencia de los elementos necesarios para combatir de forma adecuada el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (LD/FT).
Anticipó que, si bien el Congreso de la República aprobó la nueva ley el pasado 2 de junio, “todavía, obviamente, hay mucho que hacer para poder salir totalmente de esta sombra gris que nos pone una mala calificación del GAFI”.
Luego de la aprobación de la ley, corresponde el proceso de reglamentación para que, cuando los auditores del Gafilat (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica) visiten Guatemala en febrero del 2027, el país cuente con una ley implementada y pueda evitar consecuencias adversas.
Rojas participó este martes 16 de junio como expositora en el evento “Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo: Impacto y Perspectivas para el Ecosistema Financiero de Guatemala - Decreto 15-2026”, organizado por la ABG.
