Concejalas de Guayaquil insistieron que deben seguirse las indagaciones respecto al uso dado a la plataforma de Segura EP para presuntos actos irregulares.En días pasados surgieron investigaciones y denuncias sobre un presunto esquema de espionaje político atribuido al correísmo y que salpica a Segura EP, luego de que transcripciones judicializadas de conversaciones entre el expresidente Rafael Correa y el exteniente Rodney Rengel —procesado por la presunta difusión de información reservada en el caso León de Troya— mencionaran el uso de cámaras para vigilar una vivienda en lo que ellos denominaron caso Porsche, que se relacionaba con un atentado en la Bahía.Entre los elementos se reveló una transcripción de más de 25 minutos que formaría parte de un expediente policial.PublicidadEn el documento se detallaban conversaciones relacionadas con el caso Porsche, una investigación impulsada desde el correísmo contra el entorno del presidente Daniel Noboa.Entre los pasajes más sensibles constaban referencias a la vigilancia de una vivienda mediante cámaras de Segura EP, solicitudes para obtener registros de llamadas telefónicas y gestiones para acceder a información reservada.El propio ministro del Interior, John Reimberg, expuso días atrás parte de estos audios atribuidos al presunto uso dado a Segura EP como “una sala de espionaje, desviando recursos y capacidades que siempre debieron estar al servicio de la seguridad”.PublicidadPublicidadGerente de Segura EP corroboró acceso al sistemaEl propio gerente actual de Segura EP, Álex Anchundia, corroboró que un enlace se habilitó para permitir al sistema de videovigilancia por disposición del entonces presidente del directorio, Fernando Cornejo. El acceso permitía ingresar a cualquiera de las cámaras del sistema y realizar visualizaciones en tiempo real, descargas, georreferenciación, grabaciones y distribución de software.Reacción de las concejalasEste martes, 16 de junio, las concejalas Ana Chóez y Nelly Pullas reaccionaron a un pronunciamiento firmado por nueve concejales, en su mayoría del correísmo, que expusieron su defensa a Segura EP y se refirieron nuevamente al caso Porsche.Chóez, del Partido Social Cristiano (PSC), expuso que no se trata de desacreditar a Segura EP como institución, sino de esclarecer los hechos que han sido puestos a conocimiento de Fiscalía respecto al presunto uso de cámaras y de información del sistema de vigilancia.“Si existen indicios o denuncias, lo responsable es que se investiguen con total transparencia y sin interferencias. Defender la institucionalidad no significa impedir que se determinen responsabilidades individuales si las hubiera. Por el contrario, una institución se fortalece cuando se permite que los hechos se esclarezcan y se sancione cualquier actuación irregular”, indicó la concejala.A su vez, ella remarcó que la ciudadanía merece conocer la verdad y tener la certeza de que herramientas tan sensibles como los sistemas de videovigilancia se utilizan exclusivamente para proteger a los ciudadanos y dentro del marco de la ley.De su parte, Nelly Pullas, también del Partido Social Cristiano, expuso que estará pendiente de solicitar la información correspondiente dentro de sus atribuciones de fiscalización que permita la ley.Publicidad“Siempre pegada a la norma, si hay alguna investigación debe seguirse el debido proceso para la confirmación de la información que es de conocimiento público”, remarcó.La defensa de los nueve concejalesEl documento fue suscrito por los concejales Arturo Escala, Blanca López, Shirley Aldás, Emily Vera, Terry Álvarez, July Álvarez, Manuel Romero, Fabián Espín y Ana Fuentes. Se lo difundió en las redes oficiales de la Municipalidad.En la carta, los concejales dicen expresar su preocupación por el “intento de desacreditar” y “desviar la atención” por el hecho que ocurrió en Guayaquil.Insistieron en cuestionar la presencia del automóvil en la zona donde se capturó a un implicado en el caso, el mismo que quedó sobreseído y puesto en libertad en enero pasado.Ya en octubre pasado, el abogado Fernando Yavar, representante legal de Industria Molinera, había explicado que el vehículo no tenía ninguna conexión con el detenido ni con el acto terrorista, sino que era usado por una emergencia familiar de una empleada del grupo.Además, en la carta, los nueve ediles defendieron a Segura EP por su aporte en esclarecer hechos de trascendencia pública y que ha puesto la tecnología municipal al servicio de la seguridad ciudadana.Dentro de esa labor, los ediles destacaron que los sistemas de videovigilancia y monitoreo de Segura EP han reconstruido rutas, identificado movimientos y aportado información relevante en investigaciones que han marcado la historia del país.En la carta, los ediles pidieron respuestas y transparencia sobre los hechos ocurridos.Críticas al uso de redes municipales para posicionamientos políticosChóez consideró cuestionable que este tipo de pronunciamientos sean difundidos en redes municipales.“La comunicación institucional del Municipio debe estar al servicio de informar a la ciudadanía sobre la gestión pública y no para amplificar posicionamientos políticos de determinados concejales frente a una investigación que corresponde a la Fiscalía”, apuntó la concejala y acotó que los concejales tienen derecho a expresar sus opiniones por sus canales personales o partidarios.El uso de espacios institucionales para respaldar una “narrativa política”, según ella, sobre un caso en investigación puede generar confusión respecto a la posición del Municipio y afecta “el principio de neutralidad” de la comunicación pública.Sobre el tema, Pullas consideró que ese comunicado es una “posición personal” de los concejales firmantes. 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