Concejalas reaccianaron tras la difusión de una transcripción que involucra al expresidente Rafael Correa, dirigentes de la Revolución Ciudadana y al exteniente de Policía Rodney Rengel en conversaciones relacionadas con el denominado caso Porsche.La concejala socialcristiana Ana Chóez calificó los hechos descritos en el documento como un presunto “abuso de poder” y sostuvo que deben ser investigados sin restricciones.“La vigilancia ilegal y el espionaje político no son errores. Son abusos de poder, vengan de donde vengan”, manifestó la edil, quien adelantó que analiza remitir un oficio de fiscalización a la alcaldesa subrogante, Tatiana Coronel.PublicidadLa controversia surgió tras la difusión de una transcripción de más de 25 minutos que formaría parte de un expediente policial. En el documento se detallan conversaciones relacionadas con el denominado caso Porsche, una investigación impulsada desde el correísmo contra el entorno del presidente Daniel Noboa.Entre los pasajes más sensibles constan referencias a la vigilancia de una vivienda mediante cámaras de Segura EP, solicitudes para obtener registros de llamadas telefónicas y gestiones para acceder a información reservada.PublicidadPublicidadLa transcripción también menciona contactos con funcionarios municipales, intentos de impulsar acciones desde la Asamblea Nacional y estrategias para mantener el caso en la agenda política y mediática.Chóez señaló que ninguna posición política puede estar por encima de la Constitución ni de los derechos ciudadanos. En ese sentido, insistió en que las autoridades competentes deben esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.Publicidad“Lo que corresponde es buscar la verdad, garantizar justicia y evitar que situaciones como estas vuelvan a repetirse. La investigación debe llegar hasta las últimas consecuencias y realizarse con independencia”, expresó.Para la concejala, el contenido de la transcripción va más allá de una confrontación política. A su criterio, los diálogos reflejarían intentos de vigilancia a una vivienda, acceso a información telefónica y uso de estructuras públicas contra adversarios políticos.“Si se confirma que se utilizaron recursos o instituciones para perseguir opositores, estaríamos frente a conductas incompatibles con la democracia y el Estado de derecho”, afirmó.La edil también cuestionó que se mencione a Segura EP, entidad encargada del sistema de videovigilancia de la ciudad. Según Chóez, los recursos tecnológicos municipales deben estar destinados a fortalecer la seguridad ciudadana y no a actividades ajenas a sus competencias.Publicidad“Lo preocupante es que las instituciones públicas puedan ser utilizadas para fines distintos a aquellos para los que fueron creadas. Eso afecta derechos y genera desconfianza”, sostuvo.Por su parte, la concejala Nelly Pullas consideró que cualquier denuncia o revelación de este tipo debe ser investigada dentro de los procedimientos establecidos por la ley.“Si existe una publicación o una filtración, corresponde determinar su origen y establecer quiénes participaron o estuvieron involucrados. Lo adecuado es que se desarrollen las investigaciones respectivas”, señaló.La edil evitó adelantar conclusiones sobre el contenido de la transcripción y remarcó que serán las instancias competentes las encargadas de determinar si existieron irregularidades.“Debe existir un proceso legal que permita conocer qué ocurrió, cuáles fueron las actuaciones realizadas y si estas se encontraban dentro del marco permitido por la normativa”, manifestó.Pullas también defendió la coordinación entre Segura EP y la Policía Nacional, mecanismo que recientemente fue formalizado mediante un convenio de cooperación.Según Pullas, la articulación entre ambas entidades ha permitido una respuesta más rápida frente a hechos delictivos y fortalece las acciones de prevención y control en la ciudad.“Trabajar de forma coordinada siempre será positivo. Cada institución tiene competencias distintas y la colaboración ayuda a obtener mejores resultados en materia de seguridad”, indicó.No obstante, sostuvo que si alguna persona considera que sus derechos fueron vulnerados, debe presentar las denuncias correspondientes para que se activen los mecanismos de investigación.Tras la difusión de audios relacionados con este tema, el presidente Daniel Noboa aseguró que las grabaciones evidencian un intento de afectar políticamente a su entorno y a su Gobierno. (I)