El incremento de las extorsiones y la diversificación de sus modalidades llevaron a que entre finales de 2022 y durante 2023, se impulsaran reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) para endurecer las sanciones contra este delito.Durante ese período se planteó elevar los rangos de sentencia para los extorsionadores con penas propuestas que iban de 10 a 12 años, e incluso de 22 a 26 años si el delito derivaba en asesinato.En este contexto, el ministro del Interior, John Reimberg, señaló a este Diario, durante un operativo realizado el 14 de mayo, que la extorsión es uno de los delitos que más apunta a reducir para 2026.PublicidadLectura de especialistas Por otro lado, especialistas consultados consideran que aún es necesario evaluar los resultados de estas medidas y advierten que el aumento de penas, por sí solo, no garantiza una reducción de la criminalidad.Para el abogado penalista Kleber Siguencia, el debate sobre el endurecimiento de las penas debe analizarse dentro de un contexto más amplio.Explicó que la extorsión ha evolucionado en los últimos años, pasando de exigencias económicas directas a mecanismos más violentos, como atentados con explosivos, secuestros y amenazas contra la vida de las víctimas.PublicidadPublicidadA su criterio, Ecuador ha incrementado progresivamente las penas para distintos delitos en las últimas décadas, pero esto no necesariamente se ha traducido en una disminución de la criminalidad.“El problema no está únicamente en la ley. También tiene que ver con el sistema, con los operadores de justicia y con la necesidad de que el Estado desarrolle políticas de prevención de la criminalidad”, sostuvo.El jurista añadió que la aplicación efectiva de las normas sigue siendo un desafío.Según explicó, existen casos en los que las sanciones previstas no llegan a concretarse debido a deficiencias en la aplicación de los procedimientos establecidos en el COIP.Además, consideró que las penas deben cumplir una finalidad preventiva y formar parte de una estrategia articulada entre instituciones como la Policía, la Función Judicial y otras entidades estatales.“Más allá de generar temor y perseguir, la pena tiene que buscar una finalidad de prevención general de los delitos”, enfatizó.PublicidadUna visión similar mantiene el abogado penalista Nino Cassanello, quien cree que la estrategia centrada en el aumento de sanciones merece una revisión.A su juicio, las acciones más efectivas podrían encontrarse en el ámbito financiero y tecnológico, donde actualmente estarían operando muchas de las redes de extorsión.“El mayor número de extorsiones se está realizando a través del sistema bancario”, afirmó.Además, señaló que alrededor del 80 % de las transferencias vinculadas a este delito se efectúan mediante el sistema financiero.Recordó casos anteriores que ha manejado, en los que se evidenció que los pagos de las extorsiones se han realizado incluso a cuentas bancarias pertenecientes a personas privadas de libertad.Por ello, propone fortalecer los controles sobre las transacciones que estarían siendo utilizadas por estructuras criminales.Entre las medidas que menciona están la limitación del acceso de personas privadas de libertad a cuentas bancarias, mecanismos de rastreo más ágiles y bloqueos tempranos de operaciones inusuales cuando no correspondan al perfil financiero de los usuarios.Asimismo, plantea una regulación más estricta de las telecomunicaciones, especialmente en lo relacionado con el uso de líneas internacionales empleadas para cometer extorsiones.“Debemos atacar el rédito económico que generan estas actividades para desincentivar que continúen”, señala.Aunque las reformas penales surgieron como respuesta al avance del crimen organizado, ambos especialistas coinciden en que la discusión no debe centrarse únicamente en la severidad de las condenas.Para ellos, la efectividad de la lucha contra la extorsión depende también de la prevención, el fortalecimiento institucional y acciones de prevención y control financiero. (I)