La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha entregado a los bancos mexicanos una guía para detectar la extorsión a través del sistema bancario, principalmente cuando ocurre desde las cárceles, según ha comunicado la Secretaría de Hacienda. La llamada Guía para Sujetos Obligados del Sector Financiero en el Monitoreo del Perfil Transaccional de Clientes y/o Usuarios: Casos Relacionados a Extorsión se ha diseñado con la colaboración de las entidades financieras para localizar patrones claros con los que este tipo de delito ocurre a través de los instrumentos bancarios, así como con prácticas para monitorear y mitigar estas acciones. “El documento se sustenta en análisis estratégicos realizados por la UIF, mediante los cuales se identificaron patrones transaccionales asociados con esquemas de extorsión operados desde el interior de Centros Penitenciarios. Entre los hallazgos, destaca la recepción de transferencias electrónicas con conceptos recurrentes y la movilización acelerada de recursos a través de aplicaciones móviles, las cuales concentraron alrededor del 70% de las operaciones observadas en el caso analizado”, ha explicado la UIF en el comunicado. La extorsión se ha convertido en los últimos años en un delito recurrente en México. Según los últimos datos disponibles, esta práctica ha aumentado un 61,2% en los últimos 10 años. Aunque una buena parte de las víctimas no denuncia, el 87% de los casos denunciados ocurren a través de llamadas telefónicas. Uno de los modelos más frecuentes de extorsión involucra a personas en el sistema penitenciario que llaman a las víctimas para pedirles dinero, a través de transacciones bancarias que ocurren muy rápidamente. “La Guía incorpora señales de alerta, indicadores para el análisis y recomendaciones de monitoreo y evaluación de riesgos, así como prácticas de análisis estratégico y medidas mitigantes frente a los riesgos identificados”, añade la UIF.Los bancos tendrán 60 días para aprobar internamente estas nuevas medidas de protección y posteriormente tendrán otro plazo de 60 días más para implementarlas. El documento no es público y ha sido entregado directamente a las entidades bancarias. La Administración de Claudia Sheinbaum ha insistido en los últimos meses en implementar medidas que reduzcan el impacto de la extorsión en México. En noviembre, el Congreso aprobó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión, que profundiza en las penas con la que se castiga este crimen y comprende también las modalidades digitales de las que se valen diversos grupos para extorsionar. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, había explicado entonces que el monitoreo de cuentas bancarias ha permitido a las autoridades detectar el rastro a donde se concentran los recursos, bloquear números telefónicos y congelar los activos de cuentas relacionadas con este delito. El Gobierno mexicano considera que los recursos que se obtienen por medio de la extorsión son de procedencia ilícita y con las nuevas medidas legales investiga este crimen de oficio, es decir, sin que exista un denunciante de por medio. “Los recursos obtenidos mediante esta conducta suelen ser objeto de operaciones destinadas a ocultar o disimular su origen, para posteriormente ser colocados, dispersados y movilizados a través del sistema financiero e incorporados a la economía formal”, apunta la UIF.