El Congreso no recibió objeciones contra la Ley Antilavado y tiene vía libre para su remisión al Organismo Ejecutivo, pero abogados tienen dudas por sus nuevas responsabilidades en la norma que combate el lavado de dinero.
La postura del gremio quedó plasmada en un comunicado del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), publicado el pasado el pasado 9 de junio al filo de las 20 horas.
En su posicionamiento, el Cang indicó que algunas observaciones técnicas y jurídicas que fueron enviadas a la Comisión de Economía del Congreso no fueron tomadas en cuenta, y persisten dudas sobre posibles regímenes sancionatorios que puedan afectar específicamente a los notarios.
Con la aprobación de la Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo, los notarios quedan como “personas obligadas” para avisar de determinadas situaciones.
Dichas situaciones caben dentro de la autorización de instrumentos públicos vinculados a bienes inmuebles, la constitución y administración de personas jurídicas, el manejo de fondos, y la compraventa de participaciones societarias.
