No hay Semana Grande de Bilbao en la que la txosna (caseta) Txori Barrote no sea foco de pol�mica por el homenaje a los miembros de ETA con penas a�n por cumplir.En agosto pasado, por ejemplo, en el friso de su txosna aparec�an los nombres de 16 etarras, entre ellos Harriet Iragi y Jon Igor Solana, ambos condenados por los asesinatos de Luis Portero, Antonio Mu�oz Cari�anos y Jos� Mar�a Mart�n Carpena. El hijo de la primera v�ctima mencionada, Daniel Portero, presidente de la asociaci�n Dignidad y Justicia, denunci� en la Audiencia Nacional a Txori Barrote por un "presunto delito de humillaci�n a las v�ctimas", como relat� EL MUNDO.Si este pr�ximo agosto en el tributo de la txosna falta Jon Igor Solana no ser� porque la Justicia prohibiera exhibir su nombre -la Audiencia Nacional cerr� el caso argumentando que no se advert�a que los nombres de los etarras aparecieran en la caseta, aunque eran bien visibles-, sino porque habr� logrado la libertad condicional, ya que el proceso para conced�rsela est� en marcha desde hace unos meses.El coronel m�dico Antonio Mu�oz Cari�anos.EFEEl expediente que se impulsa a su favor ha encontrado, sin embargo, una oposici�n ins�lita hasta ahora. Por primera vez, todas las v�ctimas de un terrorista intervienen en el proceso presentando una serie de alegaciones con las que pretenden impedir que acceda a la libertad condicional. As�, el escrito presentado el pasado 18 de mayo ante la Secci�n de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional lo impulsan la viuda, el hermano y la hija del concejal del PP en el Ayuntamiento de M�laga Mart�n Carpena, asesinado el 15 de julio del a�o 2000; la viuda y los cuatro hijos de Portero, primer fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc�a, asesinado en Granada el 9 octubre de 2000, y los tres hijos del coronel m�dico Mu�oz Cari�anos, asesinado el 16 de octubre de 2000 en Sevilla.A favor del penado, el expediente del Centro Penitenciario de San Sebasti�n recoge que lleva en prisi�n continuada desde el 20 de octubre de 2000 -fue detenido cuatro d�as despu�s del atentado de Mu�oz Cari�anos-, que cumple una acumulaci�n de condenas con l�mite m�ximo de 30 a�os, con fecha por tanto de cumplimiento definitivo prevista para octubre de 2030, y que se encuentra en tercer grado. "La propuesta penitenciaria se fundamenta, esencialmente, en una evoluci�n favorable en r�gimen de semilibertad (desde el 4 de mayo de 2024), y condicionada la propuesta a la presentaci�n mensual, dedicaci�n del 10% de la n�mina al pago de la responsabilidad civil, y a continuar con la actividad laboral por cuenta ajena".A esto las v�ctimas responden subrayando, en primer lugar, que "la extraordinaria gravedad de los delitos por los que cumple condena [suma m�s de 200 a�os de prisi�n por los tres asesinatos mencionados y otros cuantos en grado de tentativa] impone una valoraci�n especialmente rigurosa de la libertad condicional".El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc�a Luis Portero, que fue tiroteado por un comando de ETA.MUNDOAcuden tambi�n al art�culo 90.8 del C�digo Penal, que recoge que para conceder la libertad condicional a los condenados por terrorismo se requiere, entre otros requisitos, que �stos "hayan colaborado activamente con las autoridades". Y se�alan exactamente en qu� podr�a colaborar con la Justicia Igor Solana. Daniel Portero explica que existe una carta que escribi� tras su detenci�n, desde la c�rcel, e incautada m�s tarde a ETA, en la que identifica a Jon Olarra Guridi, Ainhoa M�gica Go�i y Javier Garc�a Gaztelu, Txapote, como responsables del comando Andaluc�a que ejecut� los asesinatos. "Al leer y traducir la carta nos damos cuenta de que �l sabe qui�nes eran los que ordenaron matar a mi padre, a Mart�n Carpena y a Mu�oz Cari�anos", dice Daniel Portero. Por la muerte de su padre fueron condenados los autores materiales, Iragi y Solana, y tambi�n Guridi, pero no Ainhoa M�gica ni Txapote."Si quiere beneficios penitenciarios, tienen que ratificar esa carta. Si se cumplen todos los requisitos, si colabora con la Justicia, no nos opondremos a la libertad condicional. Ahora bien, ir�amos contra Ainhoa M�gica y contra Txapote, aunque s� que entrar�an en la Audiencia Nacional por una puerta y saldr�an por otra, porque como ya habr�an cumplido el m�ximo de a�os...", dice Portero. Txapote se encuentra en segundo grado, igual que M�gica, aunque en el caso de esta �ltima es pr�cticamente un tercer grado, explica el presidente de Dignidad y Justicia.Jos� Mar�a Mart�n Carpena, concejal del PP en el Ayuntamiento de M�laga.EFE"Desde que en 2016 presentamos en el Parlamento Europeo la lista de los 379 asesinatos de ETA sin resolver [el 44% del total de v�ctimas mortales: 857] se han resuelto tres. �Funciona el sistema? No funciona, y nos quedamos sin etarras que puedan colaborar. En 2018 hab�a 257 presos de ETA en las c�rceles, hoy son 110", a�ade, apuntalando con datos la importancia de la colaboraci�n.Piden adem�s las v�ctimas de Solana que no se le conceda el beneficio penitenciario hasta que no haya satisfecho la responsabilidad civil. Acuden al art�culo 72.5 de la Ley General Penitenciaria, que recoge que para progresar al tercer grado el penado debe haber "satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito".Igor Solana disfruta ya de ese tercer grado -no va a dormir a prisi�n; tiene pulsera telem�tica-, aunque no ha cumplido con la indemnizaci�n a las v�ctimas, lamentan en Dignidad y Justicia. "Est� trabajando como ayudante de cocina, se supone que hace labor social en C�ritas y abona s�lo el 10% de lo que gana como responsabilidad civil", dice Portero. Por ello, junto al resto de las v�ctimas pide en el escrito de alegaciones a su libertad condicional que, "antes de resolver, se requiera al Centro Penitenciario y, en su caso, a los �rganos de ejecutoria correspondientes, certificaci�n completa de la responsabilidad civil impuesta, pagos realizados, saldo pendiente, n�mina, ingresos y patrimonio del penado, y que no se tenga por cumplido el requisito legal con la sola menci�n gen�rica al pago del 10% de la n�mina"."El Estado se hace responsable solidario y adelanta la responsabilidad civil a las v�ctimas, por lo que el Estado tiene la obligaci�n de perseguir que se abone la responsabilidad civil", dice Portero, quien explica que, en el caso de su padre, de la indemnizaci�n de 900.000 euros Solana habr�a abonado unos 20.000.Quieren adem�s desde Dignidad y Justicia impulsar un cambio legislativo para que la exigencia de la colaboraci�n y el abono de las responsabilidades civiles sean realmente efectivas. "Hay que modificar la Ley Penitenciaria, el C�digo Penal y tambi�n el Estatuto de la V�ctima, porque actualmente las v�ctimas s�lo pueden recurrir la libertad condicional. En el caso del tercer grado, s�lo pueden hacerlo si el fiscal tambi�n recurre", explica Portero.As�, tras la reciente concesi�n del tercer grado a Juan Antonio Olarra Guridi, uno de los tres condenados por el asesinato de Luis Portero, su familia s�lo podr� oponerse si la Fiscal�a lo hace. "El sentimiento ante la Fiscal�a es de indefensi�n, impotencia y desconfianza".