Argentina necesita atraer inversiones y nuestro historial de incumplimientos requiere de un régimen especial. Pero “el paquete de incentivos más generoso de nuestra historia” va mucho más allá. Si un árbol cae en el bosque y nadie lo escucha, ¿cayó de verdad? Y si una inversión no genera empleo ni proveedores locales, no deja impuestos ni vuelca dólares en la economía, ¿es realmente una inversión? Esa es la pregunta incómoda que deja el Super-RIGI, el régimen que el Gobierno envió al Congreso para atraer “nuevas actividades económicas” y, sobre todo, centros de datos que entrenan modelos de inteligencia artificial.
Que Argentina necesita un régimen de incentivos es un dato indiscutible. Con una macro frágil y un prontuario que incluye incumplimiento de contratos, default, cepos, estadísticas dibujadas y depósitos confiscados, ofrecer reglas claras y estables es la única forma de que un inversor nos crea. Pero que Argentina necesite desesperadamente inversiones, no debe llevarnos a atraer inversiones en forma desesperada. La discusión supone, por eso, entender con qué instrumentos, porque dar garantías no es lo mismo que regalar concesiones. Y el país tiene activos desde los cuales pararse en esa negociación: energía renovable, frío para refrigerar servidores, minerales estratégicos, cables submarinos.
