El periodista Bonifacio de la Cuadra (1940-2023), fundador de EL PAÍS y gran experto jurídico, solía compartir con los redactores más jóvenes su extenso conocimiento sobre la información de tribunales con cierta retranca: “El auto se conduce, la diligencia va por el Oeste y la providencia solo es divina”. Escenificaba así lo fácil que resulta caer en el lenguaje de los juristas, muchas veces incomprensible y ambiguo, y que no se debe utilizar al escribir una noticia. Él fue uno de los pioneros que dieron forma a la cultura profesional de EL PAÍS, reflejada en su Libro de Estilo, y por eso este consejo figura en el manual como la obligación de hacer accesible a los lectores la información técnica o especializada: “Los periodistas han de escribir con el estilo de los periodistas, no con el de los políticos, los economistas o los abogados”. Algunos de los textos publicados en las últimas semanas, que han estado repletas de noticias relacionadas con investigaciones policiales y procesos judiciales en marcha, hacen un flaco homenaje a las enseñanzas de Boni, como lo conocían sus amigos. Por ejemplo, según una de las informaciones, “el juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha librado una comisión rogatoria” a Venezuela, en lugar de pedir por escrito ayuda a las autoridades judiciales de ese país para recabar información. Otra noticia, sobre la autorización del juez a que se rastreen las cuentas bancarias de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid, refleja que se “ha acordado esta diligencia seis meses después de que lo reclamara la Guardia Civil”. Mejor, un trámite. El problema es que esta terminología jurídica se ha extendido tanto que ahora hay a quienes les chirría cuando no se usa. Algunos lectores se han quejado de que se tilde al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero de imputado. “El término ‘investigado’ sustituyó al de ‘imputado’ en España tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en 2015”, señala Julio Villanueva, quien atribuye al periódico la intención de darle un sesgo de culpabilidad. “¿Hay alguna explicación para este desatino?”, reclama. “Solicito formalmente a EL PAÍS que no incluya términos jurídicos inexistentes y que pueden ser malinterpretados”, se queja María Pilar Pérez. Como recuerdan estos lectores, el término jurídico de “imputado” desapareció de los escritos legales tras una reforma de la ley y ahora se utiliza el de “investigado” para aquellas personas a las que un juez cita a declarar con su abogado porque considera que hay indicios de un delito. Pero una cosa es el derecho y otra el periodismo. En la tarea de explicar qué ocurre en una situación, los redactores no están atados a un lenguaje determinado, sino al que permita a todo tipo de lectores entender de qué se está hablando. Por eso se prefiere la palabra “imputado”, más extendida, y recogida en el diccionario académico con el significado de persona “contra la que se dirige un proceso penal”, término que todo el mundo comprende sin más explicación. Entiendo bien que la elección de las palabras no es baladí, pero mientras los periodistas las escogen para simplificar, recibo cartas de quienes encuentran oscuras intenciones en lo que trata de ser un servicio al lector. Esta es una cuestión añeja, porque el estigma que acarrea presentarse ante un juez, aunque uno sea inocente y acabe absuelto de los cargos, salta de palabra en palabra, pese a las reformas legales. Ocurrió con “procesado”, ha pasado a “imputado” y llegará sin duda a “investigado”, si finalmente este término se extiende en la sociedad. Me preocupa más otra cuestión relacionada con todo ello: cómo podemos compaginar el derecho a la información sin que nos lleve a juicios paralelos a personas relevantes que están siendo investigadas, lo que se conoce como la pena de telediario. No se trata de un problema solo de los medios sino de toda la sociedad, como ha expuesto esta semana el exlíder del PSOE extremeño Miguel Ángel Gallardo durante el juicio por supuestas irregularidades en la contratación del hermano del presidente, David Sánchez: “Independientemente de lo que salga en esta sala, nos han condenado socialmente”. Lectores como Antonio Ruiz, José Luis Marcos o Rafael Ferradáns, entre otros, reprochan al periódico el tratamiento de estos casos. “Estoy viendo con sorpresa, primero, y decepción y enfado, después, cómo mi periódico de referencia en España se ha apuntado a la cacería policial y judicial contra el expresidente José Luis R. Zapatero, dando por ciertas en cada titular lo que no son más que meras suposiciones o afirmaciones de un informe policial”, dice el último. Por el tono de los mensajes, me doy cuenta de que lo que recriminan no son los textos, sino las noticias en sí. Olvidan que el periódico solo es el mensajero que tiene la obligación de articular el derecho a la información de los ciudadanos. En este caso, publicar que el expresidente ha sido llamado a declarar esta semana y exponer todos los argumentos policiales y judiciales que se han presentado para ello. Igual que se ha hecho anteriormente con los casos de corrupción vinculados al PP. Es posible que al periódico le haya faltado introducir más cautelas en las informaciones, pero me temo que estos lectores lo que exigen es un veredicto de inocencia que no corresponde a los periodistas. En menos de un mes, las noticias de tribunales han saltado sin interrupción del caso Plus Ultra al de la agenda de Leire Díaz, y vuelta. Se trata de sumarios caóticos, en palabras de Irene Dorta, una de las reporteras judiciales del periódico, que explica que suman 700 carpetas, en las que hay todavía más archivos, con miles de tramas que se entrecruzan y que lleva tiempo despejar y aclarar. “Para tener una visión global, hacen falta días”, explica la reportera. Pero el tiempo siempre escasea, porque no solo se acumulan las noticias, sino que se producen en un contexto de feroz competencia entre medios. Me preocupa que, en el aluvión de textos que desbrozan sumarios, decisiones judiciales e informes de los investigadores, el lector quede abrumado. También me inquieta que el periódico contribuya a alimentar el desgaste público de las personas implicadas, aunque sea de forma involuntaria, porque me consta el esfuerzo de mesura que se hace en estos casos— por pura saturación. Por eso, echo de menos más piezas explicativas que ordenen los hechos y ayuden a entenderlos. Un buen ejemplo es el texto publicado este miércoles sobre el caso de David Sánchez en la Audiencia de Badajoz, que resumía los puntos clave y servía de guía al lector, como demuestran los datos de audiencia que ha tenido. En definitiva, se trata de apostar por menos cantidad y más calidad periodística. Para contactar con la defensora puede escribir un correo electrónico a defensora@elpais.es o enviar por WhatsApp un audio de hasta un minuto de duración al número +34 649 362 138 (este teléfono no atiende llamadas).