Al menos como estrategia, la posición de Manuel Adorni de asumirse como evasor confeso con dinero si declarar generado entre 2014 y 2018, puede tener su lógica. Obviamente se trata de un delito. Importante. Casi imperdonable para un funcionario público. Ni hablar de las consecuencias de la relación del jefe de Gabinete y la sociedad. Por ejemplo, los autónomos que deben cumplir en estos días con los anticipos de Ganancias y los monotributistas que tienen que pagar la cuota antes de la recategorización. O de las pymes que están decidiendo que impuesto pagar antes de cerrar para siempre. O cualquiera que haga malabares para poder cumplir con el tan kafkiana como caro esquema impositivo argentino de ayer hoy y siempre. Pero, si se efectúa un ejercicio de abstracción, conveniencia y disminución de pérdidas (en definitiva, es lo que hay que hacer en los tiempos malos), la estrategia de Adorni tiene sus puntos fuertes y convenientes. Para él. Claro. Si la justicia le cree al dato del pen drive misterioso, el jefe de Gabinete zafará de dos problemas mucho mayores que ser un evasor confeso. El primero, otra vez, juez mediante, puede haber ahuyentado la posibilidad de convertirse en un condenado por enriquecimiento ilícito; lo que enviaría a Adorni al mismo anaquel que María Julia Alsogaray, Ricardo Jaime y José López; solo por ser políticamente amplios. Por el otro, y yendo a lo impositivamente técnico, la confesión de haber convertido en un astro de los manejos del bitcoin entre el 2014 y el 2018; libera a Adorni de la necesidad de pagar Ganancias y sus multas por esa brillante maniobra cripto. Sucede que la sanción cae solo por los últimos cinco ejercicios antes de la confesión (2020, 2021, 2022, 2023 y 2024), con lo que el evasor confeso evita tener que pagar el 35% más multas de su pequeña fortuna. Le quedarían, de sus 500.000 dólares, unos 250.000 para gastar, y su panorama contable de declaración jurada no cerraría. Judicialmente, la decisión de Adorni de enviar todas las sospechas a su pen drive construido a base de criptos entre el 2014 y el 2018, le permite explicarle a la justicia argentina que sus ganancias se concentraron en su época de periodista, consultor y, a veces, asesor en sus tiempos de remador privado. En consecuencia, otra vez, si la Justicia le cree, evita las acusaciones de haber elaborado su pequeña fortuna a partir de su llegada a lo más alto del poder. Algo que, de confirmarse, llevaría a la pena de enriquecimiento ilícito, y a un castigo de prisión de dos a seis años, multas del 50% al 100% del valor del enriquecimiento y la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. Este delito aparece cuando un funcionario no puede justificar un incremento patrimonial apreciable propio o de terceros vinculados a él durante el ejercicio de sus funciones o hasta dos años después de haber cesado en el cargo. Si el juez encargado considera valido que el dinero provino de sus inversiones cripto, no le llovería esta acusación. Aunque por algún motivo misterioso Adorni haya elegido empezar a gastar su pequeña fortuna siendo funcionario y no como casi anónimo personaje del mundo privado. Además de la condena penal, la Justicia puede ordenar el decomiso de bienes obtenidos ilícitamente, el recupero de activos por parte del Estado y acciones tributarias de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por impuestos evadidos, intereses y multas. En consecuencia podría entregar a la justicia la casa en el country, sus dos departamentos y sus vehículos. Como evasor, Adorni no pierde nada de todo esto. No es poco.