M+.- Mientras la NASA planea establecer presencia humana en la Luna, Feliciana Sánchez, una migrante mexicana que fabrica piezas en una empresa proveedora de la agencia espacial estadunidense, no podría estar más a ras de tierra: en México le quieren quitar la casa que construyó con décadas de trabajo en este suburbio ubicado a 63 kilómetros de Atlanta.“Esa propiedad es limpia. La compré con dinero limpio”, dice a MILENIO durante una entrevista vespertina, después de una jornada laboral que comenzó a las 3:40 de la madrugada.Desde hace meses, Feliciana carga con la posibilidad de perder el hogar ubicado en Zimapán, Hidalgo —su tierra natal de donde emigró hace 34 años—, debido a un procedimiento de extinción de dominio promovido por la Procuraduría estatal que, de perder, pasaría a manos del Estado.“Allá pensaba retirarme, vivir la vejez”, lamenta.Su rostro está cansado. Este problema ocurre en medio de una herramienta que ha ganado terreno en el país: entre 2019 y 2024, la Fiscalía General de la República obtuvo 143 sentencias favorables de extinción de dominio y recuperó alrededor de 573 millones de pesos en bienes.En Hidalgo, las autoridades reportaron 272 inmuebles asegurados entre 2016 y abril de 2024. Sin embargo, las cifras oficiales no permiten saber cuántos de esos bienes pertenecen a migrantes que invirtieron sus ahorros en México ni cuántos enfrentan dificultades para defenderlos desde el extranjero.De acuerdo con una encuesta del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA), alrededor del 32 por ciento de los migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos afirmó ser propietario de una vivienda en su país.Esto implica a alrededor de 3.8 millones de personas, tomando como referencia la población nacida en México que reside en territorio estadunidense.Feliciana llegó a Estados Unidos en 1992, se hizo ciudadana en el año 2000 y durante más de treinta años envió dinero a México para comprar un terreno y levantar una casa de tres niveles. Hoy, mientras sigue cumpliendo jornadas de más de diez horas, también debe enfrentar un litigio a más de 2 mil kilómetros de distancia.Tanto ella como su hijo Gustavo Trejo —quien llegó a la entrevista después de una larga jornada repartida entre trabajos de construcción y el cuidado de acuarios— aseguran que la propiedad fue adquirida a familiares y construida poco a poco con remesas enviadas desde Estados Unidos. La familia sostiene que los espacios superiores fueron rentados a jóvenes universitarios y que desconocían cualquier actividad ilícita dentro del inmueble.