El embargo de bienes y el retiro de fondos de las cuentas bancarias de los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), ejecutados por la Tesorería General de la República (TGR) sin orden judicial e instruidos por el Gobierno de José Antonio Kast, tienen el respaldo del 55% de los chilenos, según una encuesta de White & Black. De ese grupo, un 31% considera que la medida debería aplicarse solo a personas con ingresos superiores a los tres millones de pesos mensuales (3.323 dólares), mientras que un 24% opina que debería realizarse sin condiciones.Los resultados de la encuesta se conocen cuando la controversia por los cobros a los deudores del CAE ha escalado al terreno político. El debate se ha intensificado después de que el expresidente Gabriel Boric, que dejó el Palacio de La Moneda en marzo, cuestionó abiertamente la medida impulsada por la Administración de Kast. “Pese a que teníamos consenso técnico, durante nuestro Gobierno la derecha se negó a legislar para tener un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior y aliviar significativamente la deuda del CAE a miles de personas que han pagado por años montos mucho mayores que el valor de sus carreras”, señaló el exmandatario en X, el martes. La condonación de esa deuda fue una de las principales promesas de su campaña presidencial, aunque no logró concretarla. El incumplimiento de este compromiso ha provocado ahora algunos cuestionamientos, incluso su exministra del Interior, Carolina Tohá, reconoció que en el Gobierno de izquierdas “hubo error en la manera en que se manejó esa promesa”.Boric criticó la forma en que se están ejecutando los cobros. “Hoy a esos deudores les vacían sus cuentas corrientes intempestivamente, generando graves situaciones de crisis en las economías familiares”, afirmó en un comunicado. Sus declaraciones se producen en medio de un intenso debate público sobre una medida que ha dividido opiniones en la sociedad chilena. Pero el presidente Kast, el más conservador desde el retorno a la democracia en 1990, no ha dado du brazo a torcer respecto a las acciones contra los morosos. “¿Se dieron oportunidades? Sí, se dieron oportunidades a las personas con altos ingresos, se les dio para que se pusieran al día, a los que tienen ingresos medios también. A los otros se les dijo que vengan a hacer un convenio”, dijo el jefe de Estado, el lunes. La deuda de CAE se ha convertido en uno de los principales frentes financieros del Ejecutivo. Según la Tesorería, el monto adeudado alcanza los cuatro billones de pesos —unos 4.400 millones de dólares— y afecta a cerca de 500.000 personas que mantienen compromisos pendientes con el fisco. La cifra se ha multiplicado por ocho desde 2018. En el oficialismo sostienen que parte de ese deterioro se explica por el aumento de la morosidad durante la Administración de Boric, cuando la proporción de beneficiarios que dejó de pagar creció un 25 puntos porcentuales. El Gobierno de Kast ha resaltado que, en sus tres meses en La Moneda, se han concretado 1.500 embargos y más de 30.000 deudores han renegociado sus pagos para ponerse al día. Pero lo que ha generado mayores resquemores desde la oposición ha la manera en que se realizan los cobros al préstamo estudiantil: sin una autorización judicial para llevar adelante el retiro de los fondos de las cuentas bancarias. Un grupo de diputados de partidos de la izquierda, de la Democracia Cristiana y del Partido de la Gente, presentó esta semana en el Congreso un proyecto para proteger las remuneraciones de los morosos, bautizado como “ley sueldos protegidos”. Pero la justicia chilena ha dado la razón en toda esta trama a la Tesorería. El jueves, la Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó por unanimidad cuatro recursos de protección interpuestos para frenar los embargos.