La Tesorería General de la República (TGR) sumó este jueves un nuevo triunfo judicial en su ofensiva de cobro a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE). La Corte de Apelaciones de Valparaíso ha rechazado por unanimidad cuatro recursos de protección interpuestos para frenar los embargos que lleva adelante la institución, instruida por el Gobierno de José Antonio Kast. “El tribunal de alzada ratificó la plena legalidad de las cobranzas coactivas ejecutadas”, ha destacado la TGR en un comunicado. “Este triunfo judicial se suma a recientes fallos de la Corte de Apelaciones de Arica y a los más de 450 recursos de protección que la Corte Suprema ha declarado inadmisibles en esta materia a la fecha”, añadió. En uno de los fallos desestimados, el demandante argumentó que el CAE tiene naturaleza civil, no tributaria, por lo que la Tesorería no estaría habilitada para usar los procedimientos ejecutivos del Código Tributario. La Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, sin embargo, rechazó ese razonamiento. El tribunal determinó que “una vez que el deudor incumple y se hace efectiva la garantía estatal, la TGR está mandatada a perseguir la recuperación de los dineros públicos mediante el proceso de cobro regulado en el Código Tributario”, según detalló la institución responsable de recaudar, distribuir y custodiar los recursos del Tesoro Público en un comunicado titulado “Nuevo revés para deudores”.Según la Tesorería, la corte determinó que “no existe arbitrariedad en el actuar del organismo fiscal”. “La justicia ha ratificado sostenidamente que el recurso de protección no es la vía idónea para debatir la naturaleza jurídica de esta acreencia ni para cuestionar el procedimiento y tribunal competente para su cobro”, añadió. La ofensiva judicial llega en medio de una polémica creciente por los métodos de cobro que está llevando a cabo la Tesorería por orden del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Según denuncias de afectados, la TGR ha vaciado cuentas corrientes sin distinción de montos ni circunstancias. Quiroz ha defendido la medida señalando que el foco está en quienes perciben sueldos superiores a 3,5 millones de pesos (unos 3.900 dólares), y ha replicado que es incorrecto que se estén reteniendo fondos a personas que ganan menos de un millón. Para la oposición, la Administración de Kast se está aprovechando de un vacío en el artículo 57 del Código del Trabajo en el que se señala que las remuneraciones son inembargables hasta 57 UF (unos 2,3 millones de pesos), sin embargo, la TGR ha argumentado que los fondos ya depositados en cuentas bancarias pierden esa protección. Un grupo de diputados del Partido Comunista, el Frente Amplio, el Partido Socialista, el Partido de la Gente y la Democracia Cristiana ingresó al Congreso un proyecto de ley —bautizado como “ley sueldos protegidos”— que busca modificar el Código del Trabajo para que la inembargabilidad de las remuneraciones se mantenga aunque los fondos estén depositados en una cuenta bancaria, y que esa protección sea “oponible a cualquier acreedor”.La TGR estima que la deuda CAE alcanza los cuatro billones de pesos —unos 4.400 millones de dólares— y que unas 500.000 personas no han saldado su compromiso con el fisco. La cifra se multiplicó por ocho respecto de 2018, en parte, acusa el oficialismo, porque durante el Gobierno de Gabriel Boric los beneficiados que dejaron de pagar escalaron 25 puntos porcentuales. En los tres meses que lleva Kast en el poder, se han realizado 1.500 embargos y más de 30.000 morosos han repactado su deuda para ponerse al día.