Los embargos a las cuentas bancarias de deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) realizadas por la Tesorería General de la República (TGR) por mandato del Gobierno de José Antonio Kast y sin pasar por tribunales encendieron la alarma en la oposición. Un grupo de diputados — del Partido Comunista, el Frente Amplio, el Partido Socialista, el Partido de la Gente y la Democracia Cristiana— presentó este lunes en el Congreso un proyecto de ley para proteger las remuneraciones de los morosos, bautizado como “ley sueldos protegidos”. La iniciativa busca modificar el Código del Trabajo para extender la inembargabilidad de los sueldos, incluso una vez que son depositados en cuentas bancarias, frenando lo que sus impulsores califican como una supuesta “interpretación mañosa” de la Tesorería para cobrar a quienes se vieron beneficiados con el préstamo estatal para estudiar en la educación superior y no han cumplido con su compromiso financiero. Según denuncias de afectados, la Tesorería ha vaciado cuentas corrientes sin distinción de montos ni circunstancias. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió esta tarde la medida señalando que están concentrados en cobrarle a quienes reciben sueldos mayores a 3,5 millones de pesos mensuales y que “no es correcto” que Tesorería esté retirando los fondos de las cuentas bancarias de morosos que ganan menos de un millón de pesos. Reiteró que unas 500.000 personas no han saldado su deuda con el fisco, lo que supone 4.400 millones de dólares. Hasta ahora se han realizado 1.500 embargos y, sobre los casos de personas que alegan no tener un sueldo superior a 3,5 millones de pesos, pero que se han visto afectados, Quiroz recomendó que acudan a Tesorería para reprogramar su deuda. El proyecto de ley apunta a un vacío en el artículo 57 del Código del Trabajo, que consagra la inembargabilidad de las remuneraciones hasta 57 Unidades de Fomento —unos 2,3 millones de pesos—, pero que la Tesorería habría sorteado argumentando que los fondos depositados en cuentas bancarias pierden su naturaleza remuneratoria y, por lo tanto, pueden ser embargados. La iniciativa agrega un inciso que establece que esa protección “subsistirá íntegramente”, aunque los fondos estén en una cuenta, y que será “oponible a cualquier acreedor”. Los impulsores señalan, además, que las vías administrativas rápidas de la TGR dificultan que los deudores puedan alegar prescripción o errores en la deuda, comprometiendo el debido proceso.El diputado socialista Juan Santana, uno de los impulsores del proyecto de ley, comparó las cifras de la deuda por el CAE con las de evasión tributaria. “Según información del Servicio de Impuestos Internos (SII), entre 2018 y 2020 en Chile el incumplimiento por el no pago de impuestos de las empresas bordea el 50%”, dijo, y añadió que, según un estudio encargado al exdirector del SII Michel Jorratt, “entre 2013 y 2018 el monto que el Estado chileno dejó de percibir por concepto de evasión alcanza los 21.500 millones de dólares”. “Así funciona nuestro país, y particularmente este Gobierno, como la ley del embudo. Ancho para los empresarios, restringido para los trabajadores”, cerró el parlamentario. La senadora Beatriz Sánchez, del Frente Amplio, planteó que no entiende “si echaron a todos en un mismo saco, si es un mecanismo de amedrentamiento para algo, que me parece feroz, muy brutal”. En entrevista con Radio Agricultura, la legisladora dijo dudar de que sea “completamente legal lo que está pasando, que la Tesorería ingrese a tus cuentas corrientes y las vacíe”, y aseguró que tanto ella como otros parlamentarios han recibido casos de personas cesantes cuyos fondos fueron retirados. La polémica llega en medio de la negociación en el Senado sobre la megarreforma impulsada por el Ejecutivo con enfoque tributario. “Este Gobierno está permanentemente pasándole el costo alto a las personas. Sin embargo, estamos tramitando un proyecto de ley que al 1% más rico de Chile le dice: a usted le voy a bajar los impuestos”, apuntó Sánchez que, al igual que el grueso de la oposición, se opone al proyecto de ley misceláneo. La Unión Demócrata Independiente (UDI) levantó una alerta sobre el proyecto, asegurando que, tal como está redactado, “podría transformarse en el mejor regalo que reciban los ‘papitos corazón’ de nuestro país”, en alusión a los padres que eluden el pago de pensiones de alimentos. Los diputados Sergio Bobadilla y Ricardo Neumann argumentaron que al extender la inembargabilidad sin excepciones claras, la iniciativa “abre una peligrosa puerta para que los deudores de pensiones de alimentos vuelvan a eludir sus obligaciones legales, todo con el gentil auspicio de los diputados de izquierda”. Los parlamentarios recordaron que la ley impulsada por el Gobierno del izquierdista de Gabriel Boric permitió retener más de 2,5 billones de pesos (unos 2.800 millones de dólares) en pensiones de alimentos, y advirtieron que el nuevo proyecto podría debilitar ese avance: “Es inaceptable que, con la excusa de proteger a un grupo de personas, se termine favoreciendo a los padres irresponsables”.